Todos los ojos miran hacia Perú este miércoles. Su presidente, Pedro Castillo, ha disuelto el Congreso de la República y ha declarado un Gobierno de excepción, convocando así elecciones generales para aprobar una nueva Constitución. Un movimiento que no ha estado exento de consecuencias.
De este modo, Castillo se ha anticipado a la tercera moción de vacancia -por "incapacidad moral"- a la que se iba a enfrentar en su legislatura, de un año y medio aproximadamente. Debido a la respuesta contraria de los parlamentarios y los miembros de su Gobierno -ya que muchos de ellos no han tardado en presentar su dimisión-, Castillo ha sido destituido como presidente de Perú con 101 votos a favor y seis en contra. De este modo, la vicepresidenta, Dina Boluarte, asumirá el cargo.
Según informan medios locales, el presidente ya se ha entregado a las fuerzas policiales, concretamente en la Prefectura de Lima, sede de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad.
El anuncio de Castillo: disolución del Congreso y un intento de Gobierno de excepción
"En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional (…) Convocaremos en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses", ha anunciado en su comparecencia ante la nación.
El mandatario peruano ha declarado también que todos aquellos ciudadanos que posean "armamento" ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en un plazo máximo de 72 horas y que "quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley". En cuanto al papel de la Policía, "con auxilio de las Fuerzas Armadas", se encargarán de controlar "el combate de delincuencia, corrupción y narcotráfico". Además, ha agregado durante su discurso que se reorganizará el sistema de justicia, es decir, los siguientes organismos: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC), según ha informado el diario El Comercio. Castillo también ha precisado que habrá un toque de queda nocturno en el país desde las 22.00 horas (hora local) hasta las 4.00 de la mañana, según ha informado el diario La República.
Finalmente, esta serie de medidas no han sido acatadas ni por las Fuerzas Armadas ni por la Policía, ya que van en contra del orden constitucional. Este hecho, a pesar de que se ha dado en unas circunstancias inesperadas, no es el único que se ha dado en el país, ya que un episodio similar aconteció en 1992 con el mando de Alberto Fujimori.
Dimisión de ministros
Con este telón de fondo, muchos miembros del Gobierno de Castillo han optado por abandonar el barco. Antes de la dimisión de Córdoba Alemán, dimitió el ministro de Defensa, Daniel Barragán; una vía en la que se han resguardado otros ministros como el de Trabajo, Alejandro Salas; de Educación, Rosendo Serna; y de Asuntos Exteriores, César Landa, siendo este último el que ha acusado al presidente del Ejecutivo peruano de haber "violado" la Constitución cerrando el Congreso. La última en sumarse a la lista ha sido la primera ministra, Betssy Chávez. La misma decisión han tomado otros miembros de su gabinete, como el ministro de Justicia, Felix Chero Medina, quien "respetuoso de la institucionalidad" ha dejado su cargo "irrevocablemente"; o la ministra Silvana Robles, que ha hecho lo propio renunciando a la cartera de Cultura.
Los reproches hacia Castillo se han ido sucediendo a lo largo de esta tarde del miércoles en redes sociales, destacando así el mensaje de la vicepresidenta, Dina Boluarte, quien se ha desmarcado por completo de la acción del presidente: "Rechazo la decisión de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley", ha condenado.
Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley.
— Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) December 7, 2022
En esa línea se ha manifestado el embajador peruano en Naciones Unidas, Manuel Rodríguez Cuadros, quien ha renunciado al cargo "por el golpe de Estado producido en Perú"; al igual que el representante permanente en la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth. "No estoy en condiciones de servir a un gobierno dictatorial", ha dicho. De hecho, la OEA ha suspendido la sesión prevista para este miércoles.
