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Las demandas judiciales no siempre persiguen obtener justicia. En ocasiones, el objetivo es precisamente el contrario, buscando utilizar los tribunales como herramienta de intimidación para silenciar a quienes denuncian irregularidades, investigan casos de corrupción o defienden los derechos de sus comunidades. Es lo que se conoce como demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), una práctica sobre la que Naciones Unidas ha puesto el foco en más de una ocasión al advertir de sus consecuencias para la libertad de expresión y los derechos humanos.
El 16 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe durante el 63º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en Ginebra, en el que analizaba el impacto de estos procedimientos judiciales. El documento, elaborado a petición del Consejo mediante la resolución 56/7 y a partir de un taller de expertos celebrado en mayo de 2025, reclama reformas legislativas y judiciales para impedir que los procesos legales se conviertan en instrumentos de represión.
Demandas para intimidar y silenciar
Las SLAPP son acciones judiciales que buscan intimidar, desgastar económicamente y disuadir a personas que participan en debates de interés público. Habitualmente recurren a acusaciones de difamación, calumnias o vulneraciones de la intimidad, aunque también pueden adoptar otras formas. Su particularidad no reside únicamente en el contenido de las reclamaciones, sino en la utilización del propio procedimiento judicial como mecanismo de presión.
Los principales objetivos de estas demandas son periodistas que investigan casos de corrupción, activistas medioambientales que denuncian actividades contaminantes, líderes indígenas que defienden los derechos territoriales de sus comunidades, denunciantes y académicos que desarrollan investigaciones críticas. Frente a ellos suelen situarse actores con una posición económica, política o social mucho más poderosa, como grandes empresas, personas adineradas o responsables públicos.
La finalidad, advierte Naciones Unidas, es generar un desequilibrio que permita al demandante aprovechar sus recursos para prolongar los litigios, multiplicar los gastos de defensa y poner en riesgo la estabilidad financiera y reputacional de los acusados. De esta manera, incluso cuando las reclamaciones no prosperan, el daño puede haberse producido pues los afectados dejan de investigar, moderan sus declaraciones o renuncian a denunciar determinadas prácticas por miedo a afrontar nuevos procedimientos.
El caso de Clare Rewcastle Brown: investigar la corrupción con un coste personal
Uno de los testimonios recogidos durante el taller de expertos fue el de la periodista Clare Rewcastle Brown, que relató las consecuencias de las acciones judiciales e intimidaciones que sufrió por sus investigaciones sobre el escándalo financiero de 1Malaysia Development Berhad (1MDB), un fondo soberano malasio del que se desviaron más de 4.500 millones de dólares mediante operaciones de corrupción y blanqueo de capitales.
Sus investigaciones contribuyeron a destapar uno de los mayores escándalos financieros del país y a poner bajo escrutinio al entonces primer ministro, Najib Razak, que posteriormente fue condenado por delitos relacionados con el caso. Sin embargo, el trabajo periodístico también tuvo consecuencias para quienes contribuyeron a revelar los hechos. Dos publicaciones malasias especializadas en economía fueron suspendidas durante tres meses y dos periodistas australianos fueron detenidos y deportados.
Rewcastle Brown explicó que recibió cartas en las que se amenazaba con emprender acciones legales por supuestas difamaciones, calumnias e invasiones de la intimidad. En 2017, una demanda relacionada con sus informaciones sobre un partido político malasio desembocó en un prolongado litigio que terminó consumiendo sus ahorros para la jubilación y puso en riesgo económico a su familia.
La antigua relatora especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión, Irene Khan, advirtió durante el encuentro de que estas demandas representan una forma de represión menos visible que los ataques físicos, pero igualmente eficaz para amordazar a las voces críticas. En muchos casos, ni siquiera es necesario que los demandantes ganen los procedimientos, ya que el desgaste económico y personal puede conseguir por sí solo el objetivo de silenciar a los afectados.
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Un fenómeno que se extiende por distintos continentes
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, identificó tres características habituales de estas prácticas, siendo el desequilibrio de poder económico, social y político entre las partes; el uso abusivo de los procedimientos mediante reclamaciones desproporcionadas; y que las acciones judiciales estén dirigidas contra actividades relacionadas con la participación pública.
Los datos expuestos durante el taller reflejan la dimensión del problema. Satterthwaite señaló que desde 2015 se habían iniciado 474 demandas por parte de actores privados y que el 68% incluía cargos penales. Por su parte, Lady Nancy Zuluaga Jaramillo, investigadora del Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos, presentó un registro de más de 531 demandas estratégicas entre enero de 2015 y diciembre de 2024, repartidas en 59 países.
Su investigación identificó América Latina como la región con mayor número de casos, seguida de Asia y el Pacífico. Buena parte de los procedimientos estaban relacionados con conflictos territoriales y medioambientales, especialmente con actividades mineras, agroindustriales y de tala. Los líderes comunitarios, indígenas y las defensoras de derechos humanos figuraban entre los colectivos más afectados.
La situación también preocupa en América Latina y el Caribe. Roberta Clarke, antigua relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expuso distintos ejemplos de instrumentalización del sistema judicial. En Guatemala, se han utilizado acusaciones de usurpación para perseguir a defensores de los derechos territoriales indígenas, mientras que un periodista de investigación permaneció más de 800 días en prisión preventiva. En Venezuela, la legislación antiterrorista y de seguridad nacional se ha empleado, al menos en siete ocasiones desde las elecciones presidenciales de 2024, contra activistas de derechos humanos y medioambientales.
Reformas para impedir que los tribunales se conviertan en armas de intimidación
Ante este escenario, Naciones Unidas reclama cambios que permitan identificar y frenar las SLAPP antes de que provoquen daños irreversibles. Entre las medidas propuestas figura formar a jueces y abogados para reconocer este tipo de procedimientos, establecer mecanismos disciplinarios contra los profesionales que participen en su utilización abusiva y aprobar leyes específicas de protección de la participación pública.
El organismo también plantea facultar a los tribunales para desestimar anticipadamente las demandas manifiestamente abusivas, establecer fondos públicos que ayuden a sufragar la defensa de las víctimas y contemplar indemnizaciones para quienes hayan sufrido estos procedimientos. Otra de sus recomendaciones es despenalizar la difamación en los supuestos apropiados, evitando que las acusaciones penales se conviertan en herramientas para perseguir la crítica.
Algunas jurisdicciones, entre ellas la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá, Colombia y Estados Unidos, ya han desarrollado mecanismos legales para combatir estas prácticas. El objetivo de Naciones Unidas es extender estas protecciones y garantizar que periodistas, activistas y ciudadanos puedan denunciar irregularidades sin enfrentarse a represalias judiciales diseñadas para arruinarles o silenciarles.
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