La OCDE responde a las acusaciones contra el informe PISA asegurando que la revisión hecha en España tiene "limitaciones"

Allá por el año 2000, la OCDE, el organismo internacional nacido para contextualizar y trabajar en la cooperación y el desarrollo económico, presentó el primer informe PISA, el estudio que comenzaría a tomarse como una de las principales referencias en relación a los métodos educativos impulsados en cada país y sus resultados, así como evidenciando las capacidades del alumnado. Se trata de un estudio que presenta una serie de cuestionarios y ejercicios a un total de 760.000 estudiantes repartidos por todo el planeta. Concretamente, PISA pone el foco sobre aptitudes de los jóvenes de 15 años que son evaluados en las competencias de matemáticas, lectura y ciencias.

A lo largo de estos años, el informe PISA ha servido de guía para conocer si las distintas líneas de trabajo impulsadas en las escuelas de los 91 países que se someten a las pruebas de este estudio están siguiendo un buen camino o, por el contrario, haciendo a los alumnos avanzar o retroceder respecto a sus predecesores. Entre el año 2000 y el 2012, la media de la OCDE se mantuvo relativamente estable, sin embargo, España, por su parte, se ha mantenido a lo largo de este siglo situada por debajo de ese nivel medio, registrando la mayor diferencia en el 2006 y solo logrando equipararse al resto de países en el 2015. No obstante, 20 años después de aquella gran caída que situó a España casi 18 puntos por debajo de la OCDE, en este 2026 España ha registrado su peor dato histórico, un descenso que, si bien, también se ha dado en el resto de países.

Más allá de las cuestiones que surgen ahora sobre si los métodos educativos son los adecuados o si los alumnos poseen condicionantes que puedan estar limitando el despliegue y desarrollo de sus capacidades, uno de los aspectos en los que más incidió el informe PISA en España fue en los resultados obtenidos por los alumnos de mayor nivel socioeconómico al registrar estos una notable caída. Esta noticia propició una polémica por lo llamativo del hecho que se trasladaba, surgiendo críticas al estudio de la OCDE y poniendo en duda que el método y las preguntas de este año permitan reflejar si esto es real o no. 

La OCDE, en respuesta a las críticas que han llegado desde España, no niega que el cambio metodológico pueda tener consecuencias a la hora de interpretar los datos, pero rechaza que esto invalide sus conclusiones. En este sentido, tal y como ha trasladado el organismo internacional a El Mundo, señalan que “diferentes enfoques para definir la ventaja y la desventaja socioeconómicas pueden producir resultados distintos” y reclama “cautela” a la hora de comparar las distintas ediciones. Sin embargo, defiende que la modificación del Índice Social, Económico y Cultural (ISEC) responde a una decisión deliberada para adaptar la medición a la realidad actual de las familias.

El índice se construye a partir de tres grandes variables: el nivel educativo de los padres, su ocupación y los bienes disponibles en el hogar. En la edición de 2025 se eliminaron 11 indicadores relacionados con estos últimos, entre ellos las ocho preguntas referidas a los libros que los alumnos tenían en casa. En su lugar se introdujeron elementos considerados más vinculados actualmente con la situación económica, como disponer de una habitación de invitados, una piscina o estar suscrito a determinadas plataformas digitales.

La explicación de la OCDE es que las sociedades han cambiado y que cada vez son menos habituales determinados bienes que tradicionalmente servían para medir el contexto cultural de los estudiantes. Por ello, el organismo considera que incorporar indicadores más relacionados con la renta permite aproximarse mejor a las circunstancias socioeconómicas actuales. Su conclusión es tajante: la medición responde a una “elección metodológica y no un error metodológico” y, por tanto, sostiene que las conclusiones de PISA “siguen siendo válidas y coherentes con la metodología utilizada”.

La organización internacional también ha respondido al análisis elaborado por Innovamat Research Lab. Aunque considera que el trabajo constituye una aportación legítima al debate, advierte de que “presenta limitaciones” y que puede generar dificultades cuando se utiliza para analizar tendencias entre diferentes ediciones de PISA. El argumento de fondo es que mantener únicamente aquellos indicadores que aparecen en varios ciclos puede favorecer la comparabilidad, pero no necesariamente permite utilizar las variables que mejor reflejan en cada momento las diferencias socioeconómicas entre los alumnos.

Precisamente ahí se encuentra una de las principales discrepancias. El análisis de Innovamat cuestionaba que el cambio del ISEC permitiera comparar directamente los resultados de 2022 y 2025 y ponía en duda una de las conclusiones más llamativas de esta edición, no siendo otra que hallar que los estudiantes de familias con mayores recursos hubieran sufrido una caída de rendimiento especialmente pronunciada. Un análisis posterior de EsadeEcPol, al rehacer sus cálculos utilizando una metodología comparable a la de anteriores ediciones, redujo esa diferencia. Frente a los 14 puntos de caída entre los alumnos de mayor nivel socioeconómico que recoge la medición de la OCDE, la revisión situó el descenso en seis puntos y apuntó a una evolución más similar entre los distintos grupos de renta. Sin embargo, tal y como han remarcado desde la OCDE a El Mundo, aunque acogen "con satisfacción la iniciativa" de estos investigadores de "examinar cuestiones importantes que siguen abiertas" tras la publicación de "los preocupantes descensos observados en el rendimiento de los estudiantes", remarcan que el procedimiento seguido no es inadecuado y que los resultados son cercanos a la realidad y evidencian que "los descensos en el rendimiento son sustanciales entre los estudiantes de familias más acomodadas".

La controversia sobre el ISEC se suma a otras polémicas que han acompañado a esta edición de PISA. El caso más llamativo fue el de Cataluña, cuya participación fue cuestionada después de que se detectara la exclusión de alumnos que podían perjudicar los resultados. Posteriormente, Baleares y Murcia también quedaron señaladas por haber dejado fuera a más estudiantes de los permitidos por las normas de la prueba.

A todo ello se han añadido las críticas de quienes cuestionan el papel que la tecnología está desempeñando en las aulas. La OCDE ha relacionado el abuso de las pantallas y de la inteligencia artificial como parte del deterioro registrado en el rendimiento, aunque la caída se ha producido en numerosos países y ha sido especialmente pronunciada en España.

En este escenario, el organismo defiende que las controversias metodológicas no permiten desacreditar el conjunto de PISA. Su posición es que las diferentes decisiones técnicas deben ser tenidas en cuenta al interpretar los datos, pero que los resultados generales mantienen su validez dentro de la metodología aplicada en esta edición.