63.000 muertos, 159.000 heridos, un cuarto de millón de personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de desplazados, la mitad de ellos niños. No son solo números, sino la radiografía de un desastre humanitario sin precedentes que ha puesto a la comunidad internacional frente a sus contradicciones. Estas son las cifras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes como prueba del “genocidio en Gaza” y que han impulsado a España a aprobar una batería de medidas sin precedentes contra Israel. Desde La Moncloa, el jefe del Ejecutivo vinculó cada dato con una realidad tangible: barrios enteros arrasados, hospitales bombardeados y familias condenadas a la huida en condiciones extremas. “Bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes no es defensa”, advirtió con firmeza.
Las palabras del presidente coincidieron con las advertencias lanzadas desde Naciones Unidas. El coordinador de Asuntos Humanitarios y de Ayuda de Emergencia, Tom Fletcher, alertó de que los desplazamientos forzosos ordenados recientemente por Israel en la ciudad de Gaza podrían provocar que la hambruna declarada en la zona norte se extienda hacia el centro y el sur de la Franja. “Dos semanas después de la declaración de hambruna en Gaza llegan órdenes de desplazamiento contra palestinos de la ciudad en medio de una ofensiva militar enorme”, señaló en un comunicado. Según Fletcher, existe “una pequeña ventana hasta finales de septiembre” para frenar la propagación del hambre hacia Deir al Balá y Jan Yunis, aunque esa ventana “se está cerrando rápidamente”.
El responsable de la ONU fue más allá y denunció que “la muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos son consecuencia de elecciones que van contra el derecho internacional e ignoran a la comunidad internacional”. Sin embargo, sostuvo que “este horror se puede parar” y pidió medidas inmediatas: permitir la entrada de ayuda humanitaria, proteger a los civiles, cumplir las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, liberar a los rehenes y excarcelar a los palestinos detenidos de forma arbitraria. “Alto el fuego”, concluyó Fletcher, en un mensaje que resonó como un eco de urgencia en el mismo día en que España endurecía su posición contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
Las cifras expuestas por Sánchez no son abstractas. Los 63.000 fallecidos representan vidas truncadas en su mayoría en entornos civiles: aulas, hogares y hospitales convertidos en blanco de los ataques. Los 159.000 heridos describen el colapso de un sistema sanitario devastado, donde médicos y enfermeros operan sin electricidad, sin anestesia y con recursos mínimos. Los 250.000 palestinos en riesgo de desnutrición aguda reflejan un bloqueo alimentario que afecta a los sectores más vulnerables, especialmente a los menores. Y los casi dos millones de desplazados dibujan la imagen de un pueblo entero en fuga, la mitad de ellos niños que han crecido sin conocer otra cosa que la guerra.
Ante esta realidad, el Gobierno español ha puesto en marcha un paquete de nueve medidas que marcan un antes y un después en su política exterior. Entre ellas figuran el embargo oficial de armas a Israel, la prohibición del tránsito por puertos y espacio aéreo españoles de material bélico con destino a su territorio, la denegación de entrada a individuos directamente implicados en la ofensiva, y el embargo de productos procedentes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. También se limitarán los servicios consulares a quienes residan en dichos asentamientos y se reforzará la ayuda humanitaria canalizada a través de la Autoridad Nacional Palestina y la UNRWA.
España, además, pedirá la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y se implicará activamente en los procesos abiertos en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. A ello se suma el respaldo a iniciativas como la Flotilla de Barcelona, destinada a romper el bloqueo y llevar ayuda directamente a la población gazatí. “Queremos estar en el lado correcto de la historia”, aseguró Sánchez, subrayando que el objetivo es ejercer presión diplomática y marcar una posición clara en el marco europeo.
Las reacciones no se han hecho esperar. Desde Israel, el Ejecutivo de Netanyahu ha respondido con acusaciones de antisemitismo contra España y con represalias como la prohibición de entrada a dos ministras del Gobierno. A nivel interno, formaciones como Izquierda Unida y Sumar han celebrado la decisión pero reclaman dar un paso más: la ruptura de relaciones diplomáticas y la declaración de personas non gratas a responsables israelíes. La oposición, por su parte, ha cuestionado el alcance real de las medidas, en un debate que trasciende lo político y se adentra en lo moral.
En todo caso, las cifras hablan por sí solas y el relato de Naciones Unidas refuerza la urgencia de actuar. Cada número es un recordatorio de la magnitud del sufrimiento en Gaza y de la responsabilidad internacional de frenar lo que muchos ya califican como un genocidio. España ha optado por convertir la indignación en política, y sus decisiones marcan un hito en la respuesta europea a una crisis que sigue creciendo día tras día.