La Unión Europea afronta una de sus mayores pruebas recientes en materia energética. Los líderes de los Veintisiete se reúnen en Chipre con un objetivo urgente, ya que buscan contener el impacto del bloqueo en el estrecho de Ormuz, ante la paralización quee está viviendo el suministro energético global cuya interrupción amenaza con desencadenar una crisis de gran alcance.
Las previsiones son inquietantes. Fuentes europeas consultadas por Infobae reconocen que, incluso en el escenario más optimista, las consecuencias serán severas. En el peor de los casos, se teme una combinación de los efectos vividos durante las crisis energéticas de 1973 y 2022. El detonante inmediato ha sido la interrupción del flujo de queroseno, del que la UE depende en un 43% de esta región. Si bien, en España ese porcentaje es mucho más reducido debido a la capacidad de producción propia de la que dispone.
El sector aéreo ya acusa el golpe. La aerolínea alemana Lufthansa ha anunciado la cancelación de 20.000 vuelos entre mayo y octubre para ahorrar combustible, una decisión que anticipa un verano complicado para el turismo europeo. Países como España observan la situación con cautela. Aunque la ministra Sara Aagesen ha asegurado que el suministro nacional está garantizado gracias al aumento de la producción en refinerías, la dependencia del tráfico aéreo internacional genera inquietud.
El ministro de Turismo, Jordi Hereu, lo expresó con claridad al indicar que el problema no es solo llenar aviones en destinos como Málaga o Barcelona, sino que esos vuelos puedan despegar desde otros países europeos. La interdependencia del sistema turístico europeo convierte la crisis energética en una amenaza directa para la temporada estival.
Pero el impacto va más allá del transporte. Una tercera parte de los fertilizantes nitrogenados procede del Golfo Pérsico, lo que abre la puerta a una crisis alimentaria. La Organización Mundial de Agricultores advierte de una posible caída del 15% en la producción global de alimentos si no se restablece el comercio con estabilidad.
En paralelo, el precio del petróleo vuelve a escalar. El barril de Brent ha superado los 100 dólares tras nuevos incidentes en la zona, incluidos ataques de fuerzas iraníes a buques mercantes. Este repunte complica aún más la respuesta europea, que llega marcada por la falta de consenso.
Antes de la cumbre, los Estados miembros han adoptado medidas dispares. España ha optado por rebajas fiscales y un impulso a las renovables, mientras que países como Italia, Hungría o Eslovaquia plantean retomar el suministro de gas ruso. Este mosaico de estrategias refleja las tensiones internas que ahora deberán resolverse en Chipre.
Desde Bruselas, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, y la vicepresidenta Teresa Ribera han presentado un paquete inicial de medidas que incluye ayudas estatales y mecanismos de seguimiento del suministro. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar por su falta de ambición a corto plazo. El equipo de Ursula von der Leyen ha descartado, por ahora, iniciativas como impuestos extraordinarios a las energéticas o compras conjuntas de queroseno.
Otro de los debates clave es cómo garantizar la seguridad en Ormuz. La opción de desplegar fuerzas militares europeas ha sido descartada, pero gana fuerza la propuesta impulsada por Emmanuel Macron y Keir Starmer de crear una coalición internacional para escoltar buques.
Mientras tanto, la UE estudia ampliar sus misiones navales existentes y explorar soluciones diplomáticas similares al acuerdo del grano ucraniano.
La cumbre también abordará el presupuesto plurianual europeo, amenazado por retrasos debido al contexto geopolítico. Y lo hará en un escenario político nuevo, ya que es la primera reunión sin Viktor Orbán tras su derrota electoral. Su salida desbloquea decisiones clave, como la ayuda financiera a Ucrania, cuyo presidente, Volodímir Zelenski, participará en el encuentro.
