Desde Nicosia, donde se celebra este viernes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a los actores implicados en el conflicto de Oriente Próximo a retomar el diálogo con el objetivo de alcanzar cuanto antes un acuerdo. No obstante, el mandatario ha expresado sus dudas sobre la viabilidad de avances inmediatos, al advertir de la falta de confianza existente entre las partes para cerrar un pacto en el corto plazo.
Sánchez ha advertido de que Europa está pagando el precio de una “crisis derivada de una guerra ilegal” y ha subrayado que la imposición de la fuerza como norma solo contribuye a debilitar al conjunto del orden internacional.
Al ser preguntado sobre un supuesto correo interno del Pentágono que contemplaría apartar a España de la OTAN por no respaldar una eventual guerra contra Irán, el presidente del Gobierno ha restado importancia a esa información y ha asegurado que el Ejecutivo “no toma decisiones en base a correos”. Asimismo, ha insistido en que la postura española es nítida y pasa por la “plena cooperación” con la Alianza Atlántica.
En todo caso, el propio Tratado de la Alianza Atlántica no prevé la expulsión de Estados miembros. La única referencia al respecto figura en su artículo 13, que establece que, transcurridos 20 años desde su entrada en vigor, cualquier país puede abandonar la organización por decisión propia.
Y a preguntas sobre el juicio de la operación Kitchen, Sánchez ha emplazado al Partido Popular a asumir su responsabilidad en este asunto, en lugar de tratar de desvincularse y de seguir dando cobertura al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El presidente ha reiterado sus críticas a los pactos suscritos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, y ha apelado a las advertencias de Amnistía Internacional, organización que —ha subrayado— “no se alinea con ningún Ejecutivo”, y que considera que estos acuerdos “ponen en peligro los derechos humanos en España”. A su juicio, plantean una lógica de “ciudadanos de primera y de segunda”, lo que, ha advertido, supone una forma de discriminación.
Asimismo, ha reprochado que, tras meses de negociación, esas alianzas solo hayan dado lugar a lo que ha calificado como un “proyecto de involución”, que considera perjudicial tanto para Extremadura y Aragón como para el conjunto del país. En este contexto, ha recalcado que el Gobierno intervendrá en caso de que se aprueben normas que vulneren los derechos de la ciudadanía.
