Juan Francisco Soto, director de la organización guatemalteca Centro de Acción Legal en Guatemala (CALDH) ha recibido el premio Silver Rose del Parlamento Europeo. La entidad que dirige ha sido la impulsora de la querella contra el exdictador Efraín Ríos Montt, quien, en una sentencia histórica, fue condenado en mayo de 2013 a 80 años de prisión acusado de genocidio y delitos de lesa humanidad por la muerte de 1.771 indígenas ixiles. La sentencia fue anulada ocho días después por el Tribunal de la Constitucionalidad según Soto, por las presiones de los militares. En la Audiencia Nacional española el caso sigue vivo y pendiente de pedir la captura de los generales.


“Más de 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos forman parte de la lista del genocidio que tuvo lugar en Guatemala, y que ha sido denunciado desde hace ya trece años”, relata Juan Francisco Soto, quien recalca el papel del Ministerio Público gracias al cual en el año 2010 fue posible llevar a juicio al general Efráin Rios Montt y a otros tres generales por su papel en el exterminio de los indígenas.


Por contribuir a la justicia social
Así lo explicó en rueda de prensa el director de CALDH en la sede de la Defensora del Pueblo representada por el adjunto primero de la institución, Francisco Fernández Marugán y junto a la presidenta del Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad, Paquita Sauquillo cuya entidad es una de las que propusieron a Soto para este galardón que se otorga como un reconocimiento por contribuir a la justicia social y la solidaridad en el mundo y está organizado por la plataforma Solidar, a la cual pertenecen 60 organizaciones sociales de 27 países europeos.


Documentos desclasificados
“Durante el proceso de genocidio un centenar de testigos relataron las masacres a los indígenas ixil, las situaciones que sufrió la población… Treinta peritos forenses y peritos de distintas ramas sociales, testificaron. Se presentaron documentos militares que se consiguió desclasificar en una gestión que duro dos años. La Corte Constitucional obligó al ejército a entregar estos documentos, pero no los entregaron todos”.


Condenado por genocidio
Los obstáculos fueron continuos desde que Ríos Montt resulta ligado al proceso. “En el año 2012 sus abogados defensores presentaron más de 100 recursos legales.” Aquí un recuerdo de Soto para los jueces Miguel Ángel Gálvez que envía a juicio a Ríos Montt y Jazmín Barrios que entra a juzgar el genocidio. “Son jueces muy valerosos”. En mayo de 2013 Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por el genocidio cometido contra el pueblo maya ixil cuando gobernó dictatorialmente entre 1982 y 1983 con la excusa de que colaboraban con las guerrillas comunistas.


Sistemáticas violaciones y atrocidades
En la sentencia se consideró probado que los militares a su mando habían asesinado a 1.771 ixiles, además de haber violado sistemáticamente a las mujeres y niñas ixiles, muchas de ellas convertidas en esclavas sexuales de sus soldados; algunas de ellas muertas por esta causa, y haber cometido todo tipo de atrocidades, como abrir el vientre a una embarazada para sacarle el feto, y de vejaciones, como obligar a un padre a ver cómo torturaban y violaban a su esposa y a sus hijos.


Presiones militares y empresariales
Pero ocho días después, el tribunal de la Constitucionalidad anulaba la sentencia. “Se anula por presiones del sector empresarial y de grupos militares que ya habían presionado antes para que no hubiera proceso”, afirma Juan Francisco Soto. Pero aún con este chorro de agua fría el director de CALDH considera que “para la sociedad guatemalteca y las víctimas, la sentencia está ahí y aunque se refiera a las comunidades mayas e ixil, se entiende que afecta a todos los pueblos indígenas”.


El juez Santiago Pedraz ordenó su captura
Juan Francisco Soto resaltó el trabajo del juez español de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quien el 7 de julio de 2005, dictó una orden de captura internacional contra Efraín Ríos Montt, los expresidentes Oscar Humberto Mejía Victores y Fernando Romeo Lucas-García así como contra dos generales y tres civiles.


Le impidieron juzgarles
En junio de 2006, el magistrado viajó a Guatemala para interrogar a Ríos Montt y a otros acusados. Sin embargo, al menos 15 apelaciones llevadas a cabo por la defensa impidieron a Pedraz interrogar a los acusados. “Esa visita de Pedraz y su acción ha sido un aliento para nosotros. Fue muy importante que se aplicase la jurisdicción universal aquí en España”, dice Soto.


“Fuerte reacción conservadora”
Hay esperanzas aún en que continúe este proceso iniciado por el magistrado de la Audiencia Nacional ya que tras la decisión del Tribunal de la Constitucionalidad de dejar sin efecto la sentencia contra Ríos Montt, el proceso tiene poco recorrido en Guatemala. Si bien se han presentado recursos, “la reacción conservadora es muy fuerte”. La principal acción pendiente es ante la Corte Intramericana de Derechos Humanos ante la que se presenta una demanda contra el Estado por denegar la justicia a las víctimas.


Garantías para los jueces
Opina Soto que se ha abierto un espacio “para que la sociedad guatemalteca vea que no hay intocables y que hay jueces y fiscales dispuestos a juzgar los delitos en nuestro país”. Ahora bien, si el proceso se repitiera, matiza Soto que habría que conocer con qué garantías contaría el sistema judicial guatemalteco. Porque quienes presionan, señala, “son los mismos militares que estuvieron en el poder durante los años 80, cuando se produjo la represión”, si bien ha quedado claro que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y la ley de amnistía que se promulgó en Guatemala no es válida para el genocidio.”


La globalización no se aplica a los Derechos Humanos
¿Cómo considera Juan Francisco Soto la paradoja de que desde España se haya podido impulsar judicialmente el proceso contra Ríos Montt mientras que víctimas del franquismo dependen de la justicia argentina para que se juzguen sus casos? “Bueno, una sociedad que olvida su pasado está condenada a repetirlo. Es preciso enfrentarse a ese pasado. Se habla de la globalización solo aplicada a los negocios, pero no se habla de la globalización en cuanto a los Derechos Humanos. Por eso es tan importante la Jurisdicción Universal”.