La justicia francesa ha decidido este lunes poner en libertad a Nicolas Sarkozy tras tres semanas en prisión. La medida llega pocas horas después de que la Fiscalía General solicitara su excarcelación bajo control judicial y tras una audiencia en la que el expresidente intervino por videoconferencia desde la cárcel. Durante su declaración, Sarkozy admitió con un tono inusualmente personal la dureza de su estancia entre rejas. “Es duro, muy duro. Seguramente lo es para cualquier detenido. Diría incluso que es agotador”, señaló antes de agradecer “la humanidad” de los funcionarios que han hecho que “esta pesadilla fuera soportable”.

La decisión del tribunal permite que el antiguo jefe del Estado cumpla en libertad provisional la pena de cinco años de prisión impuesta el pasado 25 de septiembre por asociación ilícita en el marco del caso de la presunta financiación libia de su campaña presidencial de 2007. El recurso de apelación presentado por su defensa no se resolverá hasta dentro de meses, por lo que el tribunal ha optado por mantenerle bajo supervisión judicial hasta que haya sentencia firme.

Sarkozy hizo historia el 21 de octubre cuando se convirtió en el primer expresidente de Francia en ingresar en un centro penitenciario para cumplir condena. Fue trasladado a la prisión parisina de La Santé, un complejo saturado que acoge a más de 750 reclusos. Su llegada no pasó desapercibida: desde el primer día recibió gritos y amenazas de otros internos, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas excepcionales para garantizar su seguridad.

Durante su estancia, el expresidente no tuvo contacto con el resto de la población reclusa. Permaneció aislado en un sector con unas veinte celdas, acompañado permanentemente por dos oficiales armados. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, justificó este dispositivo como una medida necesaria por “el estatus del detenido y las amenazas que pesan sobre él”. La protección extraordinaria generó una fuerte polémica dentro de la propia administración penitenciaria y entre los sindicatos del sector. UFAP-UNSA-Justice, uno de los principales sindicatos de funcionarios de prisiones, calificó el despliegue de “insensato” y “una humillación sin precedentes para el cuerpo penitenciario”.

Defiende su inocencia

Sarkozy, por su parte, ha insistido desde el primer momento en su inocencia. Tras conocer la condena, denunció un “golpe al Estado de derecho” y aseguró ser víctima de una persecución política. Sus palabras encontraron eco en sectores de la derecha francesa. Días antes de ingresar en prisión, visitó al presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, un gesto que generó controversia en plena tensión institucional. Ya durante su reclusión, recibió una visita igualmente polémica del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien se justificó alegando que garantizaba la seguridad de un expresidente encarcelado, un hecho inédito en la historia francesa.

El caso libio, que ha tardado años en investigarse, es uno de los procesos más complejos de la justicia francesa. El tribunal concluyó que entre 2005 y 2007 Sarkozy maniobró, cuando era ministro del Interior, para obtener financiación del régimen de Muamar Gadafi a través de colaboradores próximos. Aunque quedó probado que fondos procedentes de Libia llegaron a Francia, los jueces no pudieron acreditar que terminaran financiando su campaña electoral. Por ello, Sarkozy fue absuelto de los cargos de corrupción pasiva y desvío de fondos, pero no del delito de asociación ilícita.

No se trata del primer frente judicial que enfrenta el expresidente. En el último lustro ha pasado por cinco procesos distintos. En diciembre del año pasado fue condenado a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias en el llamado “caso de las escuchas”, donde se le acusaba de intentar obtener información secreta de otra causa a cambio de favores. Aquella pena la cumplió en arresto domiciliario con un brazalete electrónico.