Casi 140 días, 20 semanas, han pasado ya desde que la justicia, más concretamente la Fiscalía Anticorrupción, solicitara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaborase un informe sobre Alberto González Amador, en relación a las causas de la segunda investigación que se le atañe, por corrupción de negocios y administración desleal. Un informe del que, más de cuatro meses después, todavía no se conoce ningún detalle ni se sabe cuándo podrá estar disponible. Llama, además, especialmente la atención la diferencia de apremio con otras causas, como la investigación al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor en el citado Ministerio, Koldo García, en el marco del 'caso Koldo', o el de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En tales casos, apenas unos días valieron para que la UCO de Antonio Balas empezase a trabajar.

133 días, para ser exactos, sin deslizar un solo dato sobre el informe que requirió en su día el Ministerio Público. "Que se encomiende a la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva", solicitó la Fiscalía el pasado 27 de junio, en pleno verano. A la Guardia Civil se le solicitaba que se concentrase en recabar información de la segunda pieza de investigación a la pareja sentimental de la dirigente madrileña, es decir, la que compete a la corrupción en negocios y administración desleal. Tal y como tuvo acceso ElPlural.com, en el informe se recuerda el incremento patrimonial que registró la empresa del investigado, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021, años en los que se le acusa de haber cometido fraude fiscal por valor de más de 350.000 euros a la Agencia Tributaria, y en relación así con la compraventa de material sanitario durante la pandemia de coronavirus. A fecha de hoy, la UCO aún no ha respondido a esta solicitud formal. Un escenario judicial en el que se personaron como acusación las secciones madrileñas del PSOE y Más Madrid.

Celeridad para unas causas, parsimonia para otras

La diferencia de apremio entre causas queda escenificada si se atiende a causas como la de la mujer de Pedro Sánchez o la del 'caso Koldo' en comparación con este caso. Pese a llevar más de ciento cuarenta días sin dar un solo dato acerca del informe de Alberto González Amador, el retraso con el que llega el documento solicitado choca frontalmente con la celeridad con la que el mismo organismo dio al juez Juan Carlos Peinado un documento similar que, en su caso, contenía un centenar de correos electrónicos distribuidos en 34 páginas de extensión en el marco de la investigación judicial contra Begoña Gómez.

El controvertido juez que investiga a la esposa del líder del Ejecutivo dio dos días a la UCO para entregar el informe que analizara los mensajes de Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa y quien hiciera las veces de intercesora ante los más de quince patrocinadores de la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El objetivo del juez pasaba por encontrar algo punible tras la defensa de ambas, en la que mantenían que Álvarez en ningún caso se había extralimitado de sus funciones y que el intercambio de correos con la UCM obedecía a un "favor" puntual. La diferencia de tiempos de operación en uno y otro supuesto, no obstante, es notoria: de un lado, meses; del otro, apenas fueron necesarios unos días. Desde que la mujer de Sánchez declarara el pasado mes de septiembre para que Peinado decidiera si se sienta ante juzgado popular en caso de ser juzgada, el magistrado dio dos días a la Guardia Civil para que entregara un archivo detallado de los correos entre Álvarez y el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, aportados por este a la causa a petición del juez.

La misma persona había afirmado en las dos declaraciones que había prestado anteriormente como testigo, primero en septiembre de 2024 y enero de 2025, que había mantenido contactos con Álvarez, presentada como una "persona de confianza", lo cual no incrimina a la persona que es mano derecha de Gómez. La UCO se ciñó a los plazos de Peinado y a los dos días, el informe existía. 133 han pasado desde la petición para hacer lo propio con Alberto González Amador en su causa separada, sin respuesta a 9 de noviembre.

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