Un juez federal de Estados Unidos ha valorado este miércoles que existe causa probable para declarar en desacato al Gobierno de Donald Trump, después de que violase su orden del mes pasado de detener las deportaciones masivas de migrantes venezolanos bajo una ley de guerra.
Así lo ha comunicado el juez de distrito de Estados Unidos en Washington, James Boasberg, asegurando que la Administración Trump demostró "desprecio intencional" por su orden del 15 de marzo, que establecía la prohibición de continuar con las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador bajo la denominada Ley de Enemigos Extranjeros.
En el momento en el que Boasberg emitió esta orden, dos aviones de venezolanos se dirigían de Estados Unidos a El Salvador y no volvieron. "El Tribunal no llega a tal conclusión [la de desacato] a la ligera o precipitadamente. De hecho, ha dado a los Demandados amplia oportunidad de rectificar o explicar sus acciones", ha dilucidado el magistrado en el texto. "Ninguna de las respuestas ha sido satisfactoria", ha señalado.
Una ley del siglo XVIII
El conflicto se originó cuando Trump invoca la citada Ley de Enemigos Extranjeros, que data del año 1798. Esta legislación permite la expulsión de individuos durante tiempos de guerra. Para justificar las expulsiones, la administración se amparó en que los migrantes pertenecían a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de la invocación de la ley, Boasberg bloqueó su uso, en el momento en que dos aviones cargados con los migrantes ya estaban en ruta hacia El Salvador, y ordenó un regreso que no se cumplió, desatando una batalla legal que ha escalado hasta los niveles actuales, con Trump llegando a sugerir un juicio político contra el magistrado.
A su vez, esta práctica desde la administración Trump ha provocado fuerte rechazo tanto dentro de Estados Unidos como a nivel internacional. La ONG 'Human Rights Watch' acusó a EEUU y El Salvador de incurrir en prácticas de "desaparición forzada" en su informe reciente. A pesar de las críticas, la Administración de Trump defiende las expulsiones, alegando que los migrantes tienen vínculos con pandillas como el Tren de Aragua y MS-13, grupos recientemente clasificados como terroristas por Washington. No obstante, diferentes investigaciones de medios independientes han revelado que muchos de los migrantes enviados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
"La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla", añadió Boasberg en su fallo. "Permitir al Gobierno anular los fallos de las cortes convertiría en una burla solemne a la propia Constitución", afeó.
Adicionalmente, en el marco de este acuerdo, Estados Unidos firmó un acuerdo con Nayib Bukele, presidente salvadoreño, para enviar migrantes detenidos en Estados Unidos a la prisión CECOT, conocida por vulnerar los derechos humanos según numerosas denuncias. A cambio, Washington pagará seis millones de dólares anuales para sustentar económicamente el sistema carcelario de El Salvador.
