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Los periodistas palestinos que informan desde Gaza trabajan entre bombardeos, desplazamientos forzosos y una infraestructura de comunicaciones devastada. Durante buena parte del genocidio de Israel, los medios extranjeros no han podido entrar libremente en la Franja y el relato de lo ocurrido ha dependido de quienes permanecían dentro. Amnistía Internacional denuncia que esta situación no es únicamente una consecuencia de la guerra, sino parte de un escenario de ataques, intimidaciones y restricciones que dificulta que las violaciones de derechos humanos puedan conocerse y documentarse.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) contabilizaba, en su actualización del 24 de septiembre de 2026, 189 periodistas y trabajadores palestinos de medios asesinados en Gaza por las fuerzas israelíes desde el 7 de octubre de 2023. La organización también documentaba dos profesionales palestinos muertos en centros de detención israelíes. Estos se incluyen en los 247 profesionales fallecidos en el conjunto de Gaza y otros conflictos regionales.
La magnitud del riesgo ya había quedado reflejada en mayo de 2025, cuando Alejandro Gálvez, experto en conflictos y derechos humanos de Amnistía Internacional España, describió en un artículo la ofensiva contra la prensa en Gaza. Apoyándose en Reporteros Sin Fronteras y el CPJ, señaló que el territorio palestino se había convertido en uno de los escenarios más mortíferos para los informadores desde que existen registros. Dos de los peligros más graves eran los ataques físicos y la imposibilidad de realizar una cobertura independiente desde el exterior.
Informar sin refugio y sin acceso libre de la prensa extranjera
La entrada de periodistas internacionales ha estado restringida por Israel, que solo ha permitido determinadas visitas acompañadas por sus fuerzas armadas y bajo supervisión militar. Esa limitación ha incrementado la responsabilidad de los reporteros locales, encargados de transmitir imágenes, testimonios e información a medios de otros países. Para hacerlo, además, deben enfrentarse a cortes de comunicaciones, falta de electricidad, escasez de alimentos y desplazamientos que afectan a sus familias del mismo modo que al resto de la población gazatí.
Amnistía describe la destrucción de instalaciones periodísticas y de comunicaciones, así como el desplazamiento de profesionales obligados a trabajar y descansar en tiendas de campaña. La organización denuncia también desapariciones forzadas, amenazas y campañas de difamación, incluidas acusaciones israelíes de vínculos con grupos armados.
El ataque a una tienda de periodistas en Jan Yunis
Uno de los episodios recogidos por Amnistía ocurrió el 7 de abril de 2025, cuando un dron israelí atacó una tienda utilizada por periodistas en las inmediaciones del hospital Nasser, en Jan Yunis. Según el relato de la organización, murieron un periodista y un ayudante de cámara, otros nueve profesionales resultaron heridos y una tercera persona falleció por la metralla. La explosión provocó un incendio y dañó varias tiendas próximas utilizadas por equipos de medios locales e internacionales.
El ataque ilustra las condiciones en que se desarrollaba el trabajo informativo: los profesionales habían instalado sus espacios de cobertura y descanso cerca de un hospital, junto a decenas de tiendas similares. En el artículo de Amnistía también aparece el caso de Hamza Dahdouh, periodista de Al Jazeera muerto en un bombardeo israelí sobre Rafah. Su padre, Wael Dahdouh, jefe de la oficina de la cadena en Gaza, fue fotografiado durante el funeral.
Cierres de medios, censura y señalamientos
Las restricciones no se limitan a Gaza. En mayo de 2024, fuerzas israelíes irrumpieron en las oficinas utilizadas por Al Jazeera en Jerusalén Oriental y, en septiembre de ese año, registraron su sede en Ramala -ambas en Cisjordania- en el marco de una orden de cierre temporal. Amnistía relaciona estas actuaciones con la legislación israelí que permite adoptar medidas contra medios extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional durante la guerra. Reporteros Sin Fronteras denuncia igualmente dificultades para los periodistas que cubren de forma crítica las decisiones del Gobierno israelí.
La persecución de la prensa adquiere otra dimensión a la luz de la investigación sobre Gaza publicada por Amnistía Internacional en diciembre de 2024. Tras analizar testimonios, imágenes, daños a infraestructuras y declaraciones de dirigentes israelíes, la organización concluyó que Israel estaba cometiendo genocidio contra la población palestina de la Franja.
La Convención contra el Genocidio exige actos prohibidos cometidos con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido como tal. Amnistía identifica tres tipos de conducta: matanzas, lesiones graves y sometimiento intencional a condiciones de vida capaces de provocar la destrucción física del grupo. Su análisis incluye la devastación de viviendas y hospitales, el desplazamiento forzoso, las restricciones al agua y la ayuda humanitaria, y declaraciones oficiales que, a juicio de la organización, revelan intención genocida.
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Israel sostiene que su ofensiva persigue objetivos militares contra Hamás, cuyos ataques del 7 de octubre de 2023 incluyeron asesinatos de civiles y secuestros. Amnistía también ha documentado crímenes de guerra atribuidos a Hamás y otros grupos armados, pero recuerda que esos delitos no eximen a Israel de cumplir el derecho internacional humanitario. La organización considera que perseguir un objetivo militar no descarta, por sí mismo, una intención genocida. La Corte Internacional de Justicia tramita la demanda presentada por Sudáfrica en 2023 y todavía no ha dictado una sentencia definitiva sobre el fondo.
La información como prueba frente a la impunidad
Las fotografías, vídeos y testimonios obtenidos por periodistas palestinos permiten conocer ataques, desplazamientos y condiciones de vida que de otro modo serían mucho más difíciles de verificar. También pueden contribuir a reconstruir hechos para futuras investigaciones. El CPJ advierte de que el bloqueo de acceso y la destrucción de pruebas complican determinar cuántos informadores fueron atacados deliberadamente; el número definitivo podría no llegar a conocerse. Esa dificultad refuerza la importancia de proteger a quienes siguen documentando lo que ocurre.
La denuncia de Amnistía termina con una exigencia de responsabilidades, tanto por los crímenes contra la población civil como por los ataques contra los profesionales de la información. Los Estados deben investigar las muertes y garantizar el acceso a una cobertura independiente. En Gaza, impedir que un periodista haga su trabajo no solo afecta a su seguridad o a su libertad de expresión: limita la posibilidad de que las víctimas sean escuchadas y de que los hechos puedan ser examinados fuera del territorio.
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