Estados Unidos continúa bombardeando ilegalmente embarcaciones en el mar Caribe. Sin detención, incautación, prueba alguna o juicio, la Casa Blanca no detiene su estrategia de hundir lanchas a las que atribuye delitos de narcotráfico, sentenciando a sus tripulantes a la muerte. Este domingo, el ejército estadounidense ha perpetrado otro ataque de esta naturaleza, asesinando a los que ha denominado como "tres narcoterroristas hombres".
"La Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas", ha anunciado el Comando Sur (Southcom) del Ejército estadounidense en una publicación en redes sociales en la que ha atribuido a la operación la muerte de "tres narcoterroristas hombres". El órgano militar ha asegurado en base a "información de inteligencia" que la embarcación "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico".
La cuestionable palabra de las fuerzas estadounidenses es el único fundamento detrás del asesinato a sangre fría de tres personas, cuya decisión corresponde al general Francis Donovan. La Casa Blanca ajusticia en mar abierto, sin respetar ningún proceso garantista, a personas que considera sospechosas; práctica que incurre en diversas ilegalidades, pero que Estados Unidos está desplegando sin ninguna oposición de terceros, como la amplia mayoría de sus tropelías.
el Ejército de Estados Unidos cierra con tres muertes más en el mar Caribe la semana pasada, que se inició con tres ataques consecutivos en tres días que se cobraron la vida de nueve personas en el océano Pacífico oriental. A estos hay que sumar otros dos ataques el fin de semana anterior, que se resolvieron con otros cinco asesinados en la misma zona. En total, son ya 180 muertes ordenadas por el presidente de los Estados Unidos.
Esta campaña militar norteamericana se ha cobrado vidas a ambas orillas de las Américas desde que la Administración de Donald Trump comenzara con estos bombardeos contra supuestas narcolanchas a finales de verano de 2025, lo que inicialmente se presentó como una de las vertientes de la presión estadounidense contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, al que también acusaban de "narcoterrorista" desde Washington. Con todo, los bombardeos no se detuvieron una vez secuestrado Maduro (enero 2026), a quien reconocieron no poder achacar delitos de narcotráfico.
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