Nada ha variado en la actitud del Ejecutivo israelí desde el 7 de octubre: mantiene su compromiso de neutralizar al grupo islamista Hamás, cueste lo que cueste. En el camino a lograr ese objetivo, las fuerzas israelíes han acabado con la vida de más de 30.000 personas en la Franja de Gaza, de las cuales el 70% son mujeres y niños. Dada esta dura situación, el presidente de España, Pedro Sánchez, ha solicitado en reiteradas ocasiones el cese de las hostilidades y a la búsqueda de una solución que propicie la coexistencia de dos estados, Palestina e Israel.

Para paliar este escenario, en una iniciativa sin precedentes, el presidente del Gobierno, ha instado a la UE a revisar "urgentemente" los acuerdos económicos y políticos que mantiene con Israel, señalando posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario durante la guerra en Gaza. En una carta, co-firmada por Sánchez y el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, se ha solicitado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que examine la cláusula referente al respeto de los derechos humanos en el Acuerdo de Asociación UE-Israel. En caso de constatar incumplimientos, se insta a proponer las “medidas adecuadas”, es decir, sanciones. La misiva advierte sobre el riesgo inminente de una catástrofe humanitaria aún mayor debido a la amenaza de operaciones militares israelíes en Rafah, donde se encuentran más de un millón de refugiados palestinos.

Desde hace meses, Sánchez ha trabajado para crear un frente de resistencia en la UE, buscando un alto el fuego permanente entre Israel y Hamás, la liberación de rehenes y, posteriormente, abogando por la creación de un Estado palestino. Desde el principio, cuenta con el respaldo del alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quien ha llegado a instar a Estados Unidos y a la comunidad internacional en general a dejar de enviar armamento a Israel si desean evitar más bajas civiles.

Serán los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 los que tendrán que buscar un consenso sobre las posibles soluciones a este conflicto en la próxima cumbre del Consejo Europeo programada para el 21 y 22 de marzo.

La polémica de la UNRWA

Uno de los temas que más revuelo ha causado en el seno de la UE ha sido la acusación por parte de Israel contra una decena de agentes de la Unión Europea a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) por supuestamente haber participado en los ataques armados del 7 de octubre.

En este sentido, Borrell, ha propuesto mantener la financiación europea, prevista para principios de marzo, y que consiste en 82 millones “críticos” para el funcionamiento de la agencia y ha instado al Gobierno de Benjamín Netanyahu a aportar pruebas que demuestren sus “acusaciones”.

Tras las acusaciones israelís una quincena de países, entre ellos Alemania, Reino Unido, Italia o Países Bajos anunciaron que congelaban nuevas partidas al organismo. En cambio, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que el Gobierno de España aportará 3,5 millones de euros a la agencia “para que pueda mantener sus actividades a corto plazo”.

Un futuro en vilo

La preocupación por las terribles consecuencias de un ataque en Rafah ha llevado incluso a los países más afines a Israel a elevar el tono contra su aliado. La persistencia de la violencia podría llevar a una mayor intervención de actores regionales y globales, exacerbando las tensiones y haciendo más difícil una solución pacífica. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la presión internacional y la creciente conciencia sobre los costos humanitarios y estratégicos del conflicto conduzcan a una reanudación del diálogo.

En este contexto, la Unión Europea si se mantiene unida, y en particular España, si continúa liderando esta cuestión, podrían desempeñar un papel clave como mediadores, aprovechando su posición y relaciones diplomáticas para fomentar una resolución que asegure la paz y la seguridad tanto para Israel como para Palestina.