A principios de este año, cuando el Gobierno de España impulsaba la medida de regularización de inmigrantes ilegales en el país que dispusieran de un arraigo demostrable, la Comisión Europea indicaba que el Ejecutivo español no estaba incurriendo en ninguna ilegalidad. Ahora, algunos líderes europeos recriminaban esta acción al entender que podría tener consecuencias negativas para su Estados, tal y como han expresado los primeros ministros de Bélgica, Dinamarca, Hungría o Alemania.
No obstante, según apuntaba la Comisión Europea en el mes de enero, la medida migratoria era competencia del Estado español y no había ilegalidades. El comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, era preguntado por esta iniciativa que buscaba poner en marcha el Ejecutivo español, sobre la cual explicó que “es una competencia de los Estados miembros hacer lo posible en la lucha contra inmigración ilegal. Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”.
En aquel momento, tanto el PP como Vox mostraron un claro rechazo a la regularización de inmigrantes ilegales en España, asegurando que acudirían a las instituciones europeas para poner freno a la misma. No obstante, en este contexto, el propio Brunner respondía apuntando que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba actuando acorde a las competencias de las que dispone y que no había posibilidad de actuar en la forma en la que lo solicitaban. “Estamos al tanto de la nueva ley y lo que se ha decidido en España. Está claro que es responsabilidad de cada Estado miembro", señalaba el comisario europeo, quien puntualizaba que "hay que hacer distinción entre inmigración legal e ilegal y hay que encontrar soluciones y vías legales para este tema. Tenemos que trabajar conjuntamente, pero la Comisión Europea no tiene competencia en estas cuestiones, solo podemos recomendar itinerarios legales y llegar a acuerdos con los países miembros para que los asuman”.
En aquellos días desde la Comisión Europea sí se pronunciaron en relación a estos asuntos y ahora vuelven a esa postura, aunque aguardando a la respuesta de los tribunales. Esto es algo que se ha evidenciado este martes, ya que se ha evitado hacer comentarios sobre la decisión que ha tomado Tribunal Supremo y por la cual preguntará tanto al Gobierno de España como a varias comunidades autónomas lideradas por el PP y a distintas asociaciones si se ha de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la cual se esclarezca si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona o no con las directivas europeas.
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