Los bulos de Aldama en su papel como confidente premiado por el Supremo

Víctor de Aldama ha conseguido una singularidad difícil de encontrar en la historia reciente de la corrupción española: ser condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de prisión por delitos de organización criminal y cohecho en la trama de las mascarillas y, al mismo tiempo, evitar la cárcel gracias a la colaboración prestada a la Justicia. La Sala Segunda ha considerado que su confesión fue "muy cualificada", ha suspendido la ejecución de la pena y le ha impuesto como condiciones no delinquir, realizar trabajos en beneficio de la comunidad y presentar informes semestrales sobre sus actividades. Pero la decisión abre una paradoja difícil de obviar: el empresario convertido en confidente premiado acumula un largo historial de acusaciones, versiones cambiantes y afirmaciones posteriormente desmentidas o no acreditadas que han alimentado durante meses la ofensiva política y mediática contra el Gobierno de Pedro Sánchez. 

La sentencia reconoce expresamente el valor de la colaboración de Aldama, hasta el punto de sostener que ha favorecido procedimientos todavía abiertos y que su contribución merece un tratamiento penológico favorable. Sin embargo, el propio Supremo recuerda que las declaraciones de un colaborador deben estar corroboradas por otros elementos de prueba, una advertencia que cobra especial relevancia cuando se analiza la trayectoria pública del empresario, que se ha recorrido múltiples platós de televisión -especialmente, los de Mediaset- sin ni una sola prueba desde que decidió convertirse en acusador habitual del Ejecutivo.

El problema es que buena parte del relato político construido alrededor de sus denuncias se sostiene sobre afirmaciones que se han ido debilitando con el paso del tiempo, contradicciones evidentes o simples acusaciones lanzadas sin respaldo documental.

En primer lugar, cabe recordar que la aportación realizada por el comisionista apenas conllevó ninguna novedad. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) había documentado meses antes buena parte de los hechos por los que ahora se le premia. Un informe de más de 200 páginas remitido al instructor un mes y medio antes de la confesión voluntaria del empresario ya describía a Aldama como el jefe financiero y societario de la organización criminal, detallaba el sistema de pagos periódicos a Koldo García, acreditaba la existencia de contraprestaciones al entorno de José Luis Ábalos, el alquiler del apartamento disfrutado por Jessica Rodríguez, las vacaciones sufragadas por la trama, las irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas e incluso la estructura interna de la red corrupta. 

Es decir, cuando Aldama decidió colaborar con la Justicia en noviembre de 2024, apenas un mes después de ingresar en prisión preventiva por el presunto fraude multimillonario de hidrocarburos, los investigadores ya habían reconstruido el esqueleto de la trama gracias a intervenciones telefónicas, el análisis de dispositivos electrónicos y abundante documentación incautada durante los registros practicados en febrero y marzo de aquel año. La propia Guardia Civil sostenía ya entonces que existía una relación directa entre las gestiones realizadas por Aldama dentro del Ministerio de Transportes y la entrega recurrente de dinero en efectivo a Koldo García, una dinámica que, según los agentes, respondía a pagos fijos mensuales complementados con entregas extraordinarias.

La documentación que Aldama aportó posteriormente al Supremo tampoco supuso, en muchos casos, un salto cualitativo en la investigación. Entre los papeles entregados figuraba un listado de presupuestos de Transportes que no acreditaba por sí mismo ningún amaño de obra pública y una nota manuscrita atribuida a Koldo García sobre seis adjudicaciones presuntamente manipuladas cuya validez fue cuestionada por el propio Ministerio al corresponder varias de ellas a periodos ajenos al mandato de Ábalos. De hecho, la principal novedad que incorporó el empresario fue, esencialmente, su propia autoinculpación y el reconocimiento expreso de haber participado en el pago de comisiones, más que el descubrimiento de hechos desconocidos para los investigadores. 

Por otro lado, Víctor de Aldama ha sostenido ante el juez la existencia de un supuesto sistema de mordidas en la adjudicación de obras públicas en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Para respaldar esa acusación entregó un manuscrito atribuido a Koldo García con referencias a varias obras y empresas que, según su versión, habrían sido beneficiadas de forma irregular. Sin embargo, como publicaba El País, la comprobación posterior de esos contratos reveló inconsistencias relevantes: una de las obras ni siquiera había sido licitada en el momento señalado, otra se adjudicó cuando Ábalos ya no ocupaba el cargo, y varias fueron concedidas siguiendo criterios ordinarios como la oferta económica más baja o la mejor valoración técnica, sin indicios de trato de favor.

El empresario también aportó un listado de inversiones públicas con anotaciones sobre supuestas irregularidades, pero ese documento incluía proyectos que no llegaron a licitarse durante el mandato del exministro o que estaban en fases administrativas distintas, lo que debilitó su valor probatorio. El juez instructor ha señalado además que estas acusaciones no están mínimamente acreditadas en los términos planteados por Aldama.

A ello se suma otra denuncia sobre el uso de un apartamento en Madrid para encuentros con responsables políticos, entre ellos el ministro Ángel Víctor Torres. Sin embargo, la cronología oficial demuestra que Torres no se encontraba en la capital en el intervalo señalado y que su agenda institucional ese día se desarrolló íntegramente en Canarias.

Además, Aldama afirmó haber visto documentación sobre cuentas millonarias en el extranjero vinculadas a miembros del Gobierno y otras figuras institucionales. Esa denuncia fue analizada por la Fiscalía Anticorrupción, que la archivó al considerar que los documentos aportados no tenían validez bancaria ni trazabilidad verificable, concluyendo su nula credibilidad.

Recientemente, a principios de junio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, desmentía de forma expresa la acusación del empresario que situaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “el uno” de la supuesta organización criminal vinculada al caso de las mascarillas. En su intervención ante el Tribunal Supremo, el fiscal dejaba claro que la estructura investigada está formada por el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el propio Aldama, sin incluir a ningún miembro del Ejecutivo en la cúspide de la trama.

Luzón sostuvo que los tres acusados integraban una “verdadera organización criminal” orientada al cobro de comisiones ilegales, pero rechaza cualquier implicación de Sánchez en la misma. En su exposición, recalca además que el empresario actuaba como “corruptor” dentro del esquema y que las decisiones relevantes se explican por la relación directa entre quien pagaba las comisiones y los cargos públicos implicados, bajo la lógica de que “quien paga manda”.

El fiscal también matizó el papel de cada uno de los entonces acusados: sitúa a Ábalos en la cúspide operativa de las decisiones, a Koldo García como ejecutor constante y a Aldama como intermediario financiero clave.