Este jueves la Comisión Europea ha incoado sendos expedientes sancionadores contra Hungría y Polonia con motivo de sus leyes homófobos que violan los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ+. El primero de ellos, concretamente, podría ser sancionado por la controvertida norma que prohíbe hablar de sexualidad en las escuelas; y el segundo por decretar "zonas sin ideología LGTB”.

El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento que detalla las razones de la preocupación de Bruselas a las autoridades nacionales y les da un plazo de dos meses para enmendar la situación. Los expedientes sancionadores prevén una segunda etapa de diálogo si no se resuelve el conflicto en esta primera fase y, en última instancia, el Ejecutivo comunitario podría elevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Represalias

Por su parte, Hungría considera que la UE está tomando represalias contra el país. La ministra de Justicia de húngara, Judit Varga, acusó este miércoles a Bruselas de aplazar la adopción del plan de recuperación en un intento por forzar a Budapest a introducir cambios en su polémica ley anti LGTBI, que discrimina y estigmatiza al colectivo. En su cuenta oficial de Twitter, la ministra instó a dejar "que los hechos hablen por sí mismos" y señaló que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había fijado una cita para visitar Hungría a lo largo de julio y firmar el plan.

Sin embargo, explicó que "la fecha ya había sido fijada cuando el Parlamento húngaro aprobó la Ley de Protección de la Infancia", por lo que "las instituciones de la UE ejercieron una fuerte presión sobre Hungría para que permitiera la presencia de activistas LGTBI en las escuelas y guarderías húngaras”. "Quieren obligarnos a permitir que la propaganda sexual se extienda entre nuestros niños. Esa es la razón por la que se pospone la adopción del plan de recuperación. No tienen ninguna reticencia de carácter económico o profesional", aseveró.

Asimismo, defendió que el Gobierno húngaro "no quiere conflicto alguno" y ha insistido en que "simplemente dicen la verdad por una buena causa: proteger los derechos de los niños y sus padres”. En este sentido, Varga recordó que "Lituania hizo lo mismo en el pasado". "No existe el debate húngaro, solo el europeo", ha añadido antes de matizar que se trata de un conflicto “paneuropeo". "La ley húngara no puede ser interpretada en la dimensión europea, esa es una competencia nacional (...) La UE no puede decir a los padres húngaros como criar a sus hijos en Hungría", subrayó.