La tasa del 20% que Donald Trump pretendía cobrar a los barcos que atravesasen el estrecho de Ormuz solo permaneció en pie durante 24 horas. La amenaza económica ha sido sustituida por unos acuerdos de inversión con las monarquías del Golfo que todavía carecen de cifras y condiciones públicas. Sin embargo, el giro de la Casa Blanca no ha alterado la situación de quienes trabajan dentro de los buques que cruzan la zona.

La Organización Marítima Internacional (OMI) calcula que más de 20.000 marineros están afectados por la crisis en el golfo Pérsico. La cifra incluye a trabajadores que permanecen en barcos incapaces de abandonar la región, tripulaciones que esperan autorización para navegar y personal embarcado en buques que continúan operando pese al deterioro de las condiciones de seguridad. También están expuestos los trabajadores de los puertos y de las instalaciones marítimas de la zona. 

La escalada ya ha dejado víctimas entre las tripulaciones comerciales. Los petroleros Mombasa B y Al Bahiyah fueron atacados mientras utilizaban la ruta sur del estrecho. Un marinero indio murió y varios trabajadores resultaron heridos. Otro tripulante continuaba desaparecido después de un ataque separado contra el M/V GFS Galaxy, según la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte.

Los dos primeros barcos transportaban conjuntamente a 46 personas, 30 de ellas de nacionalidad india. En el Al Bahiyah, uno de los doce trabajadores indios murió y otro resultó herido. En el Mombasa B, nueve de los 18 tripulantes indios sufrieron heridas, dos de ellas de gravedad. El Gobierno de India convocó a un representante de la Embajada iraní para protestar por los ataques contra barcos civiles y reclamar la recuperación de una navegación segura. 

Una evacuación paralizada por otro ataque

La OMI puso en marcha en junio un mecanismo para facilitar la salida de buques atrapados en el golfo. El sistema no consistía en una evacuación terrestre de las tripulaciones, sino en organizar el tránsito escalonado de los barcos a través de corredores acordados con los Estados ribereños. Entre el 23 y el 26 de junio consiguieron salir 136 embarcaciones con unos 2.900 marineros a bordo

La operación quedó suspendida después de que un barco que acababa de atravesar Ormuz fuese atacado en el golfo de Omán. Aunque la embarcación no formaba parte del convoy coordinado por la OMI, el incidente obligó al organismo a revisar las garantías de seguridad ofrecidas para el resto de las salidas. Desde entonces, los buques incluidos en el mecanismo han recibido la instrucción de permanecer en su posición y no dirigirse por iniciativa propia hacia el estrecho.

El riesgo no se limita a un posible ataque con misiles o drones. La documentación operativa de la OMI señala la presencia comunicada de minas, las restricciones para navegar y la concentración de embarcaciones como los principales peligros. El sistema habitual de separación del tráfico marítimo no debe utilizarse bajo estas condiciones. Cada barco necesita recibir una ruta concreta y coordinar el movimiento con las autoridades de Irán u Omán, según el corredor seleccionado. 

La OMI proporciona el marco general, pero no asume directamente el control de la navegación. Irán se ocupa de la ruta norte y Omán de la ruta sur. Los capitanes y los armadores deben realizar además su propia evaluación de riesgos antes de escoger un trayecto. Si las condiciones empeoran, las salidas pueden retrasarse, modificarse o volver a suspenderse.

Este reparto de responsabilidades deja a las tripulaciones pendientes de decisiones adoptadas por una larga cadena de actores: el propietario del barco, la empresa operadora, el capitán, el Estado de bandera, las autoridades costeras y los organismos que intercambian información de seguridad. La decisión final de mover un buque se adopta en tierra o desde el puente de mando, pero quienes permanecen expuestos durante el tránsito son los trabajadores embarcados.

El derecho a negarse no protege a todos

El estrecho de Ormuz y sus aguas próximas fueron declarados en marzo Zona de Operaciones Bélicas por el Foro Internacional de Negociación, el organismo en el que participan la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y varias organizaciones internacionales de empresas navieras.

La clasificación activa derechos específicos para los trabajadores cubiertos por los convenios del foro. Estos marineros deben recibir un complemento equivalente al 100% de su salario base, con un mínimo de cinco días y ampliable durante todo el tiempo que el buque permanezca en la zona. Las indemnizaciones por muerte o incapacidad provocadas por un incidente relacionado con el conflicto se duplican. 

También disponen del derecho a negarse a entrar en las aguas clasificadas como zona bélica. En ese caso, la compañía debe pagar su repatriación y una compensación equivalente a dos meses de salario base. Los trabajadores que ya se encuentran dentro del área pueden solicitar igualmente el regreso a su país, aunque la propia ITF reconoce que las condiciones operativas dificultan la aplicación inmediata de ese derecho.

Estas garantías no se aplican automáticamente a los más de 20.000 marineros afectados. Solo alcanzan a los buques y las tripulaciones cubiertos por los acuerdos laborales negociados en el marco del International Bargaining Forum. Otros trabajadores dependen de su contrato individual, del convenio aplicable, de la legislación del Estado de bandera y de la respuesta de la empresa que gestiona el barco.

La fragmentación es una característica habitual del transporte marítimo internacional. Un mismo buque puede pertenecer a una empresa registrada en un país, navegar con la bandera de otro, estar gestionado desde un tercero y transportar una tripulación formada por trabajadores de varias nacionalidades. La crisis de Ormuz muestra las consecuencias prácticas de esa estructura: trabajadores que atraviesan la misma zona de guerra pueden disponer de compensaciones, derechos de repatriación y capacidad para rechazar el viaje diferentes.

Barcos civiles dentro de una operación militar

Estados Unidos asegura que Irán ha atacado siete embarcaciones comerciales durante la última semana, con cerca de una docena de trabajadores muertos, heridos o desaparecidos. Washington ha respondido con una nueva campaña de ataques contra posiciones militares y defensas costeras iraníes. El Gobierno de Teherán, por su parte, mantiene la amenaza de bloquear Ormuz y extender las interrupciones a otras rutas utilizadas por los socios de Estados Unidos. 

Los barcos comerciales quedan así dentro de una zona en la que coinciden el bloqueo estadounidense, las operaciones iraníes, la vigilancia de distintas fuerzas navales y la amenaza de nuevos ataques. Algunos transportan petróleo o gas procedente de países aliados de Washington; otros navegan bajo pabellones que no guardan una relación directa con las partes enfrentadas. La nacionalidad de los marineros tampoco suele coincidir con la bandera del buque o con el origen de la mercancía.

La retirada de la tasa del 20% evita añadir un nuevo coste al tránsito marítimo, pero no reduce por sí misma los riesgos de seguridad. Trump mantiene el bloqueo de los cargamentos iraníes, mientras las fuerzas estadounidenses atacan posiciones utilizadas, según Washington, para amenazar la navegación. Irán responde vinculando la circulación de mercancías a la capacidad de exportar su propia producción.

En ese escenario, la prioridad operativa de las compañías es determinar qué barcos pueden moverse, qué rutas siguen abiertas y qué garantías ofrecen los Estados ribereños. Para las tripulaciones, las preguntas son distintas: cuándo podrán abandonar la zona, si su contrato les permite rechazar el tránsito y qué cobertura recibirán en caso de ataque.

La OMI mantiene paralizado el mecanismo coordinado de salida mientras revisa las condiciones de seguridad. Hasta su suspensión, el plan había permitido evacuar a unos 2.900 marineros. Más de 20.000 trabajadores del mar continúan afectados por una crisis en la que cada nuevo ataque puede cerrar de nuevo los corredores, inmovilizar más barcos o retrasar la repatriación de las tripulaciones.

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