Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, aseguró que fue un "error de contabilización". La presidenta de la Comunidad de Madrid, que era una inspección fiscal "salvaje" contra un ciudadano normal. Sin embargo, ahora se ha conocido que el empresario intentó en septiembre de 2022 rectificar a través de una regularización extraordinaria el presunto fraude al declarar dos meses antes unos gastos inexistentes de su empresa -Maxwell Cremona SL- de cerca de un millón de euros para reducir al máximo el Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2021.
El novio de Ayuso intentó regularizar
Según publica este lunes el diario 'El País', la actual pareja de la presidenta madrileña quiso presentar una regularización para rectificar su situación fiscal ante la falsa declaración de casi un millón de euros de gastos que no eran tales. Sin embargo, su asesora fiscal le comunicó que ese movimiento que pretendía hacer para evitar el castigo de la Agencia Tributaria no era posible dado que Hacienda ya llevaba meses investigándole por la declaración fiscal del año anterior en la que también había incluido otro gasto inexistente de 620.000 euros.
Esta asesora le explicó no solo que no podía hacerlo, sino que tampoco era recomendable dado que podría ser "malinterpretado", tal y como le explicó el representante de González Amador a la Agencia Tributaria. Y es que, como recuerda el citado medio, la Ley prohíbe expresamente llevar a cabo una regularización cuando la Agencia Tributaria o la Fiscalía ya han comunicado al contribuyente que cuenta con una investigación abierta.
Según dijo el abogado del empresario en las alegaciones a Hacienda, su cliente "no era consciente de la gravedad de su situación" y que, de haberlo sabido, habría devuelto el dinero defraudado -montante que alcanzan los 1,7 millones de euros entre 2020 y 2021-. González Amador insiste en que la presentación de estos gastos inexistentes es tan solo un "error de contabilización". Sin embargo, él mismo reconoció haber cometido dos delitos.
En concreto, el novio de Ayuso presentó un escrito proponiendo un acuerdo ante la Fiscalía -que ya contaba con las pruebas y se encontraba preparando una querella por fraude fiscal- reconociendo la culpa y el pago de una multa para reducir la cárcel a 8 meses de pena, por lo que evitaría su ingreso en prisión. Pero no fue el único movimiento que llevó a cabo para evitar las consecuencias judiciales de su intento de evasión del Impuesto de Sociedades.
En julio de 2023, González Amador declaró unos ingresos falsos por valor de todo el montante que se había deducido en los anteriores ejercicios -casi 1,7 millones-, con lo que tuvo que pagar a Hacienda 629.408 euros. Pero esto no fue excusa para el Ministerio Público, que ordenó devolver al empresario 552.000 euros. Esto le valió a Ayuso para asegurar que era muestra de que Hacienda debía dinero a su pareja tras una inspección fiscal "salvaje" y "sacada de quicio".
Finalmente, la pareja de la presidenta admitió el fraude y el juez que instruyó la querella de la Fiscalía decidió encausarle. Desde entonces intenta alcanzar un acuerdo de conformidad para rebajar la cárcel de los dos años mínimos que se le podría imputar por delito fiscal a tan solo ocho meses, por lo que podría no entrar en la prisión. También quiere pagar una multa de casi 500.000 euros para dar por cerrado el caso.
Una investigación de dos años
La investigación se abrió el 4 de mayo de 2022 y se ha extendido hasta el 23 de enero de este año 2024. En concreto, Hacienda comunicó a González Amador aquel día de mayo que le había abierto una inspección por las declaraciones del Impuesto de Sociedades de su empresa de los ejercicios 2019 y 2020, y fue más de un mes después cuando se citaron el empresario y los inspectores.
En el ejercicio de 2020, González Amador incluyó un gasto inexistente de 620.000 euros por los servicios de la empresa mexicana MKE, mientras en 2021 añadió otro gasto inexistente de 922.585 euros a favor de Gayani, una empresa de Costa de Marfil. Esta última declaración la presentó en julio de 2022, ya que se presentan siempre unos meses después de cerrar el año, por lo que ya sabía que estaba siendo investigado.
"A la vuelta a la actividad cotidiana en el mes de septiembre 2022 y una vez verificado que el concurso no va a ser finalmente adjudicado a nuestra empresa, mediando la anulación de la deducción de dicha factura y la presentación de una nueva declaración complementaria, pero consultado el tema con la asesora de la sociedad, ésta nos indica que ya no se puede ni se debe hacer, toda vez que la sociedad Maxwell está ya inmersa en una inspección fiscal que ha sido finalmente ampliada a ese ejercicio", explicó la defensa a Hacienda.
Según revela El País, González Amador alegó que si hubiera sabido que la inspección fiscal consideraba falsas y delictivas las facturas recibidas habría tenido tiempo "más que de sobra" para "regularizar voluntariamente el Impuesto de Sociedades desde mayo de 2022" -aunque presentó la declaración dos meses después- "hasta octubre de 2022" -cuando se le abrió la segunda inspección- "para regularizar voluntariamente el Impuesto de Sociedades de 2021".
"No es un fraude sino un error de contabilización", insiste el abogado de González Amador, que asegura que es "ajeno a cualquier intención dolosa". No opinan lo mismo en la Agencia Tributaria, cuyo servicio jurídico aseguró en un informe que "la conducta descubierta no es fruto de un mero error, sino de una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal".
