El alcalde de Majadahonda (Madrid), Narciso de Foxá, del Partido Popular, ha sido imputado en dos causas de juzgados de la localidad, tras la petición de la Fiscalía, por permitir que el hospital Puerta de Hierro del municipio funcionase sin licencia desde 2008.

Fuentes del TSJM han confirmado que el Juzgado número 4 de Majadahonda ha iniciado una causa por delitos urbanísticos por no haber sancionado al centro sanitario por abrir sin licencia, y el Juzgado número 3 le acusa de delitos medioambientales ya que el hospital no tenía licencia de vertidos residuales.

Ambas denuncias fueron efectuadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y le piden la aplicación del artículo 320 del Código Penal por un delito contra la Ordenación del Territorio y por otro contra el Medio Ambiente lo que conllevaría unas penas de hasta cuatro años de cárcel.

Hace un año llegaron sendas denuncias presentadas por el Ministerio Fiscal y los juzgados de la localidad se repartieron los casos ante lo grueso que era la investigación. Así, se reclamó documentación a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Medio Ambiente, informes que llegaron al juzgado antes de fin de año.

En ambos casos el regidor de la localidad está en la figura de imputado y el caso llevado a cabo por el juzgado número 4 aún se encuentra en fase de diligencias previas.

La Fiscalía considera que el regidor tenía la responsabilidad de haber multado a la empresa concesionaria del centro por las irregularidades ya que el Puerta de Hierro no tuvo licencias desde 2008 hasta 2015.

Sobre este asunto, la Fiscalía considera que durante varias legislaturas “no adoptaron ninguna medida de protección o restauración de la legalidad urbanística infringida ni ninguna medida sancionadora, tal como exigían los artículos 193 y 201 de la Ley del Suelo”. En esta causa el juez también considera como investigados a cinco concejales de Majadahonda.

Los delitos medio ambientales de los que se le acusan son que el centro estuvo funcionando sin los permisos de vertido al sistema integral de saneamientos y nunca realizó muestras de aguas residuales.

Una “irregularidad administrativa”

El Ayuntamiento de Majadahonda, tras conocerse la noticia, se ha defendido asegurando que la imputación por delito urbanístico es una “irregularidad meramente administrativa” y que el Hospital Puerta de Hierro cuenta con todas las licencias desde 2015.

En lo relativo a la parte medio ambiental, defienden que las acusaciones hacen referencia a los vertidos y existe un amplio informe de la Guardia Civil (Seprona) que manifiesta que no ha habido ninguna irregularidad penal de tipo medio ambiental. “El hospital no vierte al sistema de saneamiento nada tóxico, simplemente lo procedente del uso de las habitaciones, como lo que vierte un hotel”, aseguran.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, también se ha sumado al argumento de que la imputación del alcalde de Majadahonda se debe a un asunto “de carácter administrativo que tiene que ver con el medio ambiente”, y ha expresado su respeto al procedimiento judicial y a la resolución que se derive de él.

"Un tema de salud pública"

Desde el PSOE de Majadahonda han declarado a El Plural que el delito que les parece “especialmente grave” es el medioambiental porque recoge que se “pudieran estar vertiendo residuos a la red pública de alcantarillado, un tema de salud pública”.

Consideran que “cuando el fiscal del caso presenta un informe de esta naturaleza y el juez lo admite a trámite, pues a nosotros nos hace sospechar, aunque hay que ser cautos, que efectivamente, que eso se pudiera haber producido”.

Por tanto, han anunciado que solicitarán “toda la documentación y los expedientes” para valorar si toman “las iniciativas institucionales a las que tengamos derecho”, entre las que no descarta “pedir una comparecencia especial del alcalde o una comisión o mociones” o “incluso pedir la dimisión del alcalde si efectivamente esos indicios se confirman”.

Sobre el delito urbanístico, reconocen que “no es tan grave” pero que supuso “una colisión con una necesidad social imperiosa de abrir un hospital” y podría tratarse meramente, como defienden desde el Ayuntamiento, de una irregularidad administrativa.