El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular, ya es conocido por su tendencia a maltratar y vulnerar el sector público, ya sea a través de reducciones presupuestarias, de delegaciones hacia el sector privado o, directamente, mintiendo a los trabajadores, rozando la ilegalidad y vulnerando sus derechos. Una fuente cercana a ElPlural.com, perteneciente al ámbito sanitario, se ha puesto en contacto con este medio para relatar la situación en la que se encuentran miles de profesionales de la salud pública. De este testimonio emanan promesas no cumplidas, el incumplimiento de varias leyes y una situación de precariedad y dificultades sin precedentes.

Los diferentes contratos del sector público

Para poder entender la situación que están viviendo los sanitarios en la Comunidad de Madrid, es preciso conocer los tipos de contratos que se hacen, por norma general, en el sector público. En primer lugar, existen las contrataciones por bajas, consistentes en suplencias de trabajo tradicionales. En segundo lugar, existen los contratos por comisión de servicios, que se centran en aquellos puestos de trabajo que quedan vacantes por la salida de profesionales rasos a puestos de diferente naturaleza (como por ejemplo administrativos o de supervisión), y que es necesario cubrir.

En tercer lugar, encontramos los contratos eventuales, destinados a llenar plazas vacantes no cubiertas, como, por ejemplo, un profesional que se ha jubilado y está a la espera de que alguien ocupe su plaza o un puesto de nueva creación por incremento de personal. El rasgo más importante de este contrato se basa en que el profesional puede ser despedido a placer de la Administración una vez concluya su vigencia.

En el caso del sector sanitario de la Comunidad de Madrid, la estrategia de contratación llevada a cabo ha consistido en encadenar contratos eventuales cada seis meses. De acuerdo con el quinto epígrafe del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y con el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 del diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, “las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas” (con contrato indefinido).

Sin embargo, en el sector público no existen los contratos indefinidos propiamente dichos como ocurre en el sector privado, sino que se accede a una plaza fija a través de una oposición o se firma otro tipo de contrato de características idénticas al indefinido: el interino. Aquellos profesionales que se encuentren bajo este tipo de contrato dispondrán de un puesto de trabajo sujeto a cambios y desplazamientos, pero sin fecha de caducidad y teniendo casi garantizado el mantenimiento del puesto. De este modo, el contrato de interinidad es el que mejores condiciones y garantías ofrece a los sanitarios.

Pese a ello, el número de contratos interinos apenas ha crecido desde el año 2019, sino que el contrato más común ha sido el eventual. ¿El motivo? La facilidad que otorga el mismo, debido a sus características, para flexibilizar la mano de obra y efectuar, al libre albedrío del Gobierno de la Comunidad de Madrid, las reducciones de plantilla que se consideren pertinentes. Así, el eventual es el tipo de contrato que más manga ancha otorga a la Comunidad para modificar la estructura y las dimensiones del sector y, por otra parte, el que mayor incertidumbre, precariedad y dificultades genera en los trabajadores.

Las dificultades de los sanitarios y las mentiras del Gobierno de la Comunidad

Con la llegada de la pandemia, la demanda de mano de obra en el sector sanitario creció abruptamente, y con ello, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prometió que se procedería a la creación de nuevas plazas, con el fin de satisfacer dicha demanda. Se indicó que los nuevos puestos consistirían en contratos interinos, aumentando las plantillas de personal fijo y eliminando así un buen número de contratos eventuales.

Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. De acuerdo con el testimonio de nuestro contacto en la sanidad pública y con fuentes oficiales, el 31 de marzo de 2022 se aprueba la creación de esas nuevas plazas de interinos, pero cuando las personas a las que se les ha concedido ese puesto van a firmar ese contrato, se encuentran con que no es un contrato interino, sino que es “un contrato eventual disfrazado”: “Se les dice a esos profesionales que está por resolverse una oposición y unos traslados y que hasta que no se solventen, no se les puede firmar como interinos. Así, se firma un supuesto contrato de pre-interinidad, que se supone que duraría hasta el 31 de mayo de 2022. Sin embargo, dicho contrato no informa, en ninguna parte, de que vaya a convertirse en interino una vez concluya, de modo que estamos, básicamente, ante un contrato eventual camuflado”, informa nuestro contacto. “Luego, una vez llega el 31 de mayo, el contrato que nos hacen firmar es de cuatro meses, hasta el 31 de septiembre, por lo cual perdemos el derecho a las vacaciones de verano que nos correspondían por nuestro anterior contrato, encadenamos otro contrato eventual y somos engañados”, continúa.

A su vez, nuestro contacto incide en la comprometida situación en la que puede quedarse un sanitario que decida rechazar dicho contrato: “Además, estos contratos pre-interinos están sujetos a cualquier cambio, pudiendo ser enviados a cualquier servicio, incluyendo aquellos en los que el profesional no tenga experiencia y pueda cometer una negligencia, poniendo en peligro tanto a los pacientes como la continuidad de nuestra carrera profesional”.

“Además, si nos negamos a aceptarlo, somos sancionados durante un año sin trabajar en el sector público. No tenemos ningún tipo de libertad para elegir si aceptar el contrato o no en función de nuestras disponibilidades personales, y en muchas ocasiones nos vemos obligados a buscarnos la vida en la privada, donde es probable que no encontremos trabajo. Nos quedamos totalmente vulnerables, nadie nos ayuda y nos han mentido”, concluye.

Choques con la ley

A las mentiras y a la manipulación del sector público mediante el fomento de un tipo de contrato que vulnera al trabajador, hay que sumar que si se continúa con la aplicación de dicha estrategia, se estará vulnerando la ley. Tal y como hemos citado anteriormente, tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Real Decreto-ley 32/2021 del 28 de diciembre dictan que los contratos temporales no pueden prolongarse durante un periodo de más de dos años.

Sin embargo, con la firma de los contratos eventuales camuflados como pre-interinos, miles de sanitarios han superado el periodo bianual, violando así las ordenanzas mencionadas. En teoría, la administración está obligada por ley a convertir a aquellos sanitarios que excedan el periodo máximo en interinos, algo que fue prometido desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que no ha ocurrido. Por el contrario, lo que sí se ha hecho ha sido llevar a cabo mecanismos tramposos para perpetuar la eventualidad, mentir a los profesionales y ponerles en una situación comprometida, donde su libertad de decisión ha quedado anulada.

De este modo, la sanidad pública ha vuelto a ser víctima de la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, dejando a miles de profesionales a merced de los recortes presupuestarios y de personal, haciendo promesas que no han llegado a cumplirse, violando la ley y los derechos de los trabajadores y generando en los mismos situaciones de incertidumbre, vulnerabilidad y desesperación.