Al Gobierno de coalición se le está atragantando su agenda legislativa. Primero la pandemia de coronavirus y luego la guerra en Ucrania han retrasado varias de las leyes estrella del Ejecutivo. En las últimas semanas PSOE y Unidas Podemos pretendían dar un impulso a dos articulados que atesoran la etiqueta de prioritarios y esperaban aprobar este periodo de sesiones: Ley de Vivienda y Ley Mordaza. Ambas están haciendo de tapón puesto que los esfuerzos de estos días se han dedicado al Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la invasión rusa. Según publicó ElPlural.com, los morados esperaban dar un potente impulso a la Ley de Memoria Histórica que haga las veces de efecto dominó y lime las discrepancias en las otras iniciativas. Ante la falta de avances, se ha centrado el tiro en Mordaza y se ha producido un “intercambio de papeles”, se convocarán nuevas reuniones tras Semana Santa y se busca el modo de dejar al margen las devoluciones en caliente.

La resaca de la reforma laboral aún perdura y socialistas y morados temen repetir un episodio semejante. El bloque de la investidura se fragmentó y la nueva ley fue aprobada gracias a un error del diputado del Partido Popular Alberto Casero. El Gobierno no dará salida a más buques insignia legislativos si no tiene perfectamente atados los apoyos. Así, el primer paso es garantizar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Actualmente, se encuentra encallada en su fase de ponencia. Había agendada una reunión para el pasado 2 de marzo, pero fue suspendida por falta de avances significativos. “Todos los grupos decidimos que era mejor porque no estaba habiendo avances importantes y optamos por cerrar acuerdos al margen y, luego, convocar la ponencia”, explican fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Hasta la fecha, se han aprobado enmiendas parciales a 29 artículos gracias a diversas reuniones bilaterales y a tres bandas entre los socios de la coalición y sus aliados en el hemiciclo.

El Gobierno y sus socios han acordado extraer de la reforma de la Ley Mordaza aquellos puntos que puedan incluirse en otras iniciativas y que están obstaculizando el consenso

Los morados pretendían convocar la ponencia inmediatamente después de Semana Santa, pero según fuentes, “no hay novedades”. Sí que “se ha acelerado el intercambio de papeles sobre sobre Mordaza” y se agendarán “nuevas reuniones a la vuelta”. “El resto está aparcado”, admiten.

Vía rápida para las devoluciones en caliente

Huelga decir que PSOE y Unidas Podemos requieren de apoyo externo a la coalición para aprobar sus leyes y sus principales socios, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, son exigentes, tal y como demostraron durante las conversaciones y en la votación final de la reforma laboral. Hay varios puntos de fricción que imposibilitan el acuerdo. “Nosotros, si se mantiene tal cual y no se cambia, no daremos nuestro apoyo”, aseguran fuentes parlamentarias de los socios del Gobierno.

Para engrasar la relación y estimular el acuerdo, los partidos están abordando las cuestiones en las que muestran mayor cercanía y/o que están dispuestos a ceder. Sin embargo, hay varios preceptos que atoran las conversaciones. ¿Qué hacen ante esta situación? Según fuentes, han acordado extraer de la reforma de la Ley Mordaza aquellos puntos que puedan incluirse en otras iniciativas y que están obstaculizando el consenso.

Han pactado dejar al margen lo relativo a las devoluciones en caliente porque no consiguen acercar posturas. En esta ocasión, UP y ERC están alineados y es el PSOE el que se desmarca. La solución que han encontrado es aparcar cualquier referencia. Con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana las fuerzas progresistas pretendían eliminar la Disposición adicional décima que recoge un régimen especial para Ceuta y Melilla por el cual “los extranjeros” detectados en la línea fronteriza que tratan de “superar los elementos de contención fronterizo” pueden “ser rechazados” a fin de “impedir su entrada ilegal en España". Según fuentes conocedoras de las negociaciones, se ha alcanzado un acuerdo verbal para que este asunto se aborde en la Ley de Extranjería o a través de un reglamento especial que atajaría también la “regulación” de los menores extranjeros no acompañados. Por el momento, no han encontrado la fórmula para hacerlo puesto que al emprender reformas sobre leyes orgánicas, para suprimir aunque sean disposiciones generales de las mismas, no vale con citarlas y eliminarlas, sino que es necesario un desarrollo técnico. En ese punto están ahora, buscando el modo.

Lo mismo ha ocurrido con la Proposición de Ley registrada por el Grupo Socialista que reconoce la categoría de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. La PL fue votada aparte en pleno del Congreso el pasado 24 de marzo.

El lo relativo al régimen sancionador a aplicar a los organizadores de manifestaciones comunicadas, otro de los asuntos que generaban discrepancias, sí que ha habido quórum. El bloque de la investidura ya tiene un borrador previo de cómo quedaría. ElPlural.com ha tenido acceso al documento, que estipula que únicamente podrá ser sancionado un convocante si se demuestra que, en efecto, ha sido responsable y ha participado de los actos que se le achacan. Hasta ahora, no era necesario y por el mero hecho de figurar como convocante sería el responsable de todo lo que pudiera ocurrir.

Memoria Histórica: el cuento de nunca acabar.

La Ley de Memoria Histórica superó su primer examen en el Congreso de los Diputados el pasado octubre de 2021. Hace más de cinco meses y, por el momento, el acuerdo no se atisba en el horizonte. Este articulado achica los márgenes del Gobierno: no hay vía alternativa. Solo los aliados habituales prestarán sus bancadas. ERC es el principal obstáculo, puesto que al igual que EH Bildu y PNV, consideran que se queda corta.

La condición sine qua non de la formación independentista es que se derogue la Ley de Amnistía del año 1977 de forma que se declare ilegal el régimen salido del golpe de Estado de Francisco Franco. Esto daría pie a la posible reparación del patrimonio de las víctimas para que, cualquier persona física o entidad jurídica, pudiera reclamar inmuebles o bienes incautados por la dictadura. Este es el principal punto de fricción: los socialistas no están por la labor de derogar la Ley de Amnistía de 1977 y Esquerra insiste en que una Ley de Memoria Histórica digna ha de reconocer cualquier perjuicio económico de las víctimas y su derecho a ser reparado; bien devolviendo lo requisado o mediante una recompensación económica.

El patrimonio de Esquerra

Fuentes parlamentarias moradas aseguran que Esquerra está empeñada en recuperar el patrimonio incautado durante la guerra civil y el franquismo. El montante de inmuebles ascendería a “entre 150 y 200”, lo que supondrían “entre 80 y 90 millones”.

Desde Esquerra niegan la mayor y, en declaraciones a ElPlural.com, alegan que el patrimonio “nos da bastante igual”. Lo verdaderamente importante, según su versión, es “que cualquier ciudadano que quiera denunciar no tenga que irse a los tribunales de otro país a ver si, con suerte, un juez de Argentina les hace caso”.

“La ley es puro maquillaje”, es “simbólica” si “no hay una reparación”, insisten: “No vale con dar un diploma. No la podemos aprobar tal cual está”.

ERC razona que al frente de las negociaciones está Joan Tardá, todo un referente, un puntal para las asociaciones que demostraría que no se trata de una cuestión del patrimonio del partido, sino que es “un asunto troncal”.

Además, explican que “otros muchos puntos importantes”. Ente otros, la implementación de una Fiscalía de Sala que “solo investiga, no denuncia”. También lamentan que no se exijan responsabilidades a la Iglesia por su papel durante la dictadura. Con todo, “hay conversaciones, pero tiene que dejar de ser una ley simbólica”.