El Gobierno asume dentro de la normalidad la decisión del Tribunal Supremo de paralizar por el momento la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos hasta que la corte resuelva sobre el fondo del asunto.

"No es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte", considera La Moncloa en una primera reacción a la noticia.

No obstante, el Ejecutivo está "convencido" de que el Tribunal Supremo desestimará los recursos presentados contra la exhumación cuando resuelva sobre el fondo de la cuestión, como ha venido haciando hasta la fecha con todos los recursos planteados por la familia Franco.

Entre tanto, y como consecuencia de la suspensión cautelar decidida este martes por el Supremo, "el Gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto".

La razón en la que descansa la decisión del Supremo es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan.

La noticia no ha cogido por sorpresa al Gobierno, cuyos miembros ya desde la semana pasada enmarcaban dentro de la normalidad la posibilidad de que el Supremo aceptase la suspensión cautelar solicitada por la familia del dictador.