Tras varios meses con la negociación de la Ley Trans encallada, finalmente el Gobierno se ha abierto a desbloquear su tramitación. Previsiblemente, la intención del Ejecutivo es llevarla al Consejo de Ministros el próximo 29 de junio, días antes de la manifestación del Día del Orgullo 2021, que se celebra el 3 de julio.
El acuerdo establece que las personas trans que quieran modificar su sexo en el registro deberán solicitarlo por escrito y después ratificar su decisión en un plazo máximo de tres meses. De esta forma, no necesitarán aportar elementos que lo demuestren ni que otra persona certifique su género.
Una larga negociación
Precisamente, el gran obstáculo en las negociaciones era lo que se conoce como libre autodeterminación de género: la voluntad de una persona para cambiar su nombre y su sexo en el DNI sin necesidad de informes médicos ni de años de hormonación, como ocurre actualmente. Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, esta autodeterminación era indispensable, mientras la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, rechazó que se pudiera cambiar de sexo solo con la voluntad y pedía ''seguridad jurídica''.
Finalmente, los ministerios de Igualdad, Justicia y Vicepresidencia han acordado incluir la autodeterminación en la ley, pero con el añadido que propusieron tanto los colectivos como Igualdad: un máximo de tres meses de plazo administrativo desde que se solicita el cambio hasta la obtención del documento. En la actualidad, la persona que quiera modificar su nombre y sexo en el DNI debe solicitar una cita médica, comenzar un proceso de hormonación y conseguir un certificado psiquiátrico, lo que alarga el proceso entre dos y tres años.
En este pacto, el texto recoge también un procedimiento para detectar cualquier posible fraude a la hora de hacer el cambio en el registro: Tras la comparecencia de la persona trans, el funcionario emitirá el informe y podrá paralizar el trámite si ve fraude, algo que, como en otros casos, debe demostrar para suspenderlo de manera definitiva. Este es el mismo procedimiento que tiene que pasar cualquier otro trámite. Así, no se establece un método especial para la revisión de las solicitudes, como exigía Igualdad.
El papel de los colectivos LGTB+
Durante las últimas semanas el Gobierno, representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB) y diversas asociaciones de familias con menores trans se han reunido en La Moncloa para intentar desbloquear la negociación y hacer sus propias propuestas.
Aquí, tanto los colectivos LGTB+ como Igualdad rechazaron que un testigo o tercera persona acreditara el cambio registral, como pretendía el PSOE. Por eso, el ministerio que dirige Irene Montero propuso que la persona realice una primera comparecencia ante el registro civil y vuelva a personarse tres meses después.
En cuanto a los menores de edad, el borrador de Igualdad presentado en febrero incluía también la libre autodeterminación de género, otro punto que tuvo algunos detractores. Las organizaciones pedían hacer el cambio en tres tramos: Hasta los 12 años, los menores podrán pedir el cambio del nombre con sus familias; de 12 a 16, acompañados por la familia o tutores legales, se haría el cambio de sexo y nombre en el registro; y a partir de 16 se podría hacer sin necesidad de la tutela.
