“Nosotros hemos comprado bien, a buen precio y sin nada fallido”. Estas palabras fueron proferidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y han sido repetidas una y otra vez durante la pandemia del coronavirus. Ayuso ha hecho de la crítica al Gobierno de Pedro Sánchez y la confrontación su sello personal, concretamente, en lo relativo a la compra de material sanitario. Llegó incluso a acusar a Defensa de haber comprado y distribuido en hospitales de la capital mascarillas falsas cuando fueron adquiridas por ella misma. La presidenta regional iempre ha defendido su diligencia y eficacia en la compra de materiales durante la crisis y, como mucho, ha admitido las dificultades propias de un “mercado persa”. Ni un solo fallo, según decían. Hasta este miércoles, que ha trascendido un documento oficial firmado por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al que ha tenido acceso ElPlural.com en el que admite que se cometieron varios errores en la adquisición en el mercado chino.
En una respuesta parlamentaria a la diputada del PSOE-M Pilar Sánchez, Escudero desglosa los pedidos de material sanitario y reconoce al menos cuatro errores de bulto: desde cambiar materiales a última hora por falta de stock a respiradores que no funcionaban correctamente, pasando por subidas de precio y cancelaciones por falta de seguridad.
El primer problema surgió ya en el primer pedido. El 22 de marzo el Gobierno de Ayuso libera 23,3 millones de euros para la adquisición de material sanitario. Dos días después, el 25 de marzo, se modifica la compra a la empresa BPO International Group porque ésta no dispone las 500.000 mascarillas tipo FFP3 que el Ejecutivo regional había encargado, por lo que se sustituyeron por 44.000 unidades adicionales de buzos, 380.000 unidades adicionales de mascarillas FFP2 y 1,5 millones de mascarillas desechables. El importe final de la factura fue el mismo.
El 24 de marzo Ayuso dispuso otros 23,8 millones para comprar respiradores y otro tipo de equipamiento. Sin embargo, los respirados “no fueron suministrados”, según figura en el documento, porque “no cumplían los requisitos técnicos exigidos”. El dinero fue “reintegrado por el mismo importe”.
La viceconsejera de Asistencia Sanitaria del SERMAS pidió el 31 de marzo la adquisición de material sanitario cuyo montante superaría lo 27 millones. En el inventario requerido figuraban mascarillas FFP2, FFP3, trajes de protección indiviual… En definitiva, materiales tanto para profesionales como para pacientes. “Las adquisiciones iban a realizarse a las empresas Care Quality Service Health y Artiberia Real Estate; pero no se formularon “ante la imposibilidad de abordar estas adquisiciones con la seguridad exigida en estas transacciones”.
El 20 de abril el Gobierno de la Comunidad de Madrid inició los trámites para una compra cuyo precio se infló en hasta dos ocasiones. La viceconsejera de Asistencia Sanitaria firmó una declaración de emergencia para la compra de material sanitario por un importe de 14 millones de euros (mascarillas de tipo FFP3 y FFP2 y EPI). Sin embargo, dado el cambio alcista de la moneda, se iban a realizar primero por un vamos superior a los 15 millones a la empresa Sigma Dental. El precio final fue de18,55 millones de euros ya que se elevó el número de mascarillas a siete millones
