El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 contempla un aumento respecto a las dotaciones destinadas a la política de Educación y Sanidad.
Según el proyecto de PGE presentado este miércoles en el Congreso, el gasto destinado a políticas educativas será de 5.023 millones de euros, lo que supone un 2,6% más con respecto a las cuentas de este 2021, cuando la inversión se situó en los 4.893 millones. De estos más de 5.000 millones, que representan el 1,1% del presupuesto total previsto por el Gobierno para 2022, 1.604 millones procederán de la Unión Europea, una cantidad ligeramente inferior a la de este año, que fue de 1.803 millones.
Así, excluidas las dotaciones asociadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (fondos UE), la política de Educación se sitúa en 2022 en 3.419 millones de euros, un 10,6% más que en 2021.
Los créditos de la política de Educación se gestionan principalmente a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con las comunidades autónomas, al tratarse de una competencia transferida, y también por el Ministerio de Universidades en el ámbito de las enseñanzas universitarias.
Sanidad
En cuanto a la inversión en Sanidad, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 contempla una aportación de 6.606 millones de euros, lo que supone un 9,88 por ciento menos a lo que se destinó el pasado año (7.330 millones de euros). No obstante, la reducción es debido a que la partida destinada a la adquisión vacunas de este año es menor, ya que la dotación del fondo europeo React EU, que se distribuye a las Comunidades Autónomas, pasa de 2.436 millones en 2021 a 733 millones en 2022. Sin contar las vacunas, la inversión aumentaría un 11%.
Asimismo, el Gobierno dota con 6.606 millones de euros la aportación a la política de Sanidad, un 9,88% menos que en 2021 Además, de los 176 millones de euros para el desarrollo del Marco estratégico de Atención Primaria y comunitaria; los 44 millones de euros para el impulso de la ampliación de los servicios de salud bucodental en la cartera de servicios del SNS; los 30 millones de euros para el Plan de Acción de Salud Mental y COVID-19; y los 28 millones de euros para un Plan de implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud.
