Unidas Podemos ha decidido de cara al debate de la moción de censura de Vox contra el presidente Pedro Sánchez que solo intervendrán mujeres para fijar la posición contraria a la iniciativa de Santiago Abascal, han informado fuentes del grupo parlamentario.
De momento, las citadas fuentes no revelan las representantes de Unidas Podemos (cuentan con 18 diputadas) que rebatirán el jueves durante la sesión los argumentos de Vox para impulsar la moción, que con toda probabilidad será rechazada al no contar con apoyos necesarios.
Lo que está claro es que el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, no intervendrá en la moción de censura y se abre la puerta a que suba a la tribuna la portavoz adjunta Sofía Fernández Castañón.
También se abre la posibilidad a que las ministras de Unidas Podemos, Irene Montero o Yolanda Díaz, puedan intervenir durante el debate, que junto a parlamentarias de En Comú Podem podrían repartirse el turno en la tribuna entre las tres partes del grupo confederal.
Además, habitualmente Unidas Podemos el partido reparte los turnos en función de distintas organizaciones: Podemos, IU, En Comú Podem y Galicia en Común. Ello deja espacio para parlamentarias como Roser Maestro (IU), María del Mar García Puig o Ana Vidal (En Comú Podemos) o la propia Yolanda Díaz (Galicia en Común) tomen la palabra. En el lado de Podemos hay nombres también destacados como las secretarias de Estado Ione Belarra o Noelia Vera (exportavoz del partido), que también son diputadas.
A su vez, la decisión del grupo parlamentario sugiere que el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, o el ministro de Consumo, Alberto Garzón, podrían no participar en el debate, aunque el reglamento les faculta para poder intervenir si lo consideran oportuno, al igual que en el caso de Montero o Díaz.
Con este gesto, la formación parece decantarse por ilustrar desde la tribuna la visibilización del feminismo y su defensa de la igualdad entre géneros, uno de los ejes centrales de Unidas Podemos.
Recientemente el Consejo de Ministros aprobó dos decretos ley que buscan reducir la brecha salarial de género en las empresas españolas, se les obliga a adaptar su registro salarial y, además, a hacer una auditoría retributiva.