La expresidenta del Parlament Carme Forcadell afirmó ante el juez que el 27 de octubre, cuando se aprobó la declaración unilateral de independencia (DUI),"no se proclamó nada" y se limitó a leer lo que le dijo el entonces portavoz adjunto de Junts per Sí y hoy presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent.

Según las grabaciones de su declaración ante el juez el pasado 9 de noviembre, y que ha avanzado La Vanguardia en su versión digital, Forcadell atribuyó a Roger Torrent la petición de leer la declaración votada en el Parlament, "una petición como muchas otras veces ha habido en este sentido".

"No proclamé nada. Sólo dije si la propuesta estaba aprobada o suspendida", sostuvo Forcadell en su comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

La expresidenta del Parlament se refirió a la declaración leída en la Cámara catalana como "una propuesta de resolución como otras tantas. Una declaración exclusivamente política, simbólica y que no se publicó en el boletín. No tiene efectos jurídicos ni prácticos", sentenció.

El Parlament de Cataluña aprobó en votación secreta el pasado 27 de octubre con los votos de JxSí (ERC y PDecAT) y la CUP una resolución en la que, en su preámbulo, se declaró "un Estado independiente en forma de república", culminando su proyecto para la anterior legislatura con la proclamación unilateral de una "república" catalana.

¿También habría aprobado la esclavitud?
Según declaró la expresidenta del Parlament, ella no leía ni tenía que leer las propuestas de resolución que tramitaba para llevarlas al pleno porque su afán era que se pudieran debatir todas las propuestas. “Si se le propone una proposición para que el Parlament legalice la esclavitud también lo someten?”, le espetó la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

”Esto no porque contraviene los derechos humanos”, respondió Forcadell. Sin embargo, la fiscal insistió: “Pero si no lee las resoluciones que lleva al Pleno, como sabe si contravienen derechos fundamentales?”. “No lo sé, señoría”, respondió Forcadell.

La dirigente independentista ha mantenido en su defensa que tramitaba todos los escritos y resoluciones que se le presentaba “siempre que estuviera bien de forma”, desvinculándose  del contenido de las mismas. Su justificación es que no entiende "el mandato del Tribunal Constitucional como que limite la capacidad del Parlament a debatir sobre todo aquello que interesa a los ciudadanos”.

”Muy bien, salvo que vulnere derechos fundamentales, a su juicio. ¿Y si vulnera derechos fundamentales de propios parlamentarios?”, insistió la exfiscal general del Estado.