Las calles de Valladolid se han convertido este sábado en la senda de la denuncia de feministas de todo el país contra el ataque de Vox al derecho al aborto, en una manifestación durante la que han advertido de la ‘ofensiva ultraconservadora’ y el ‘antifeminismo’ de la extrema derecha, cuya punta de lanza consideran el gobierno PP-Vox de Castilla y León.

Mujeres de numerosas comunidades autónomas, en apoyo a las castellanas y leonesas, corearon lemas contra la ultraderecha y la Iglesia Católica, reclamando garantías para el respeto a la interrupción del embarazo, despenalizada hace más de 35 años, y que, en esta Comunidad Autónoma, no puede ejercerse en hospitales públicos en el 97% de los casos.

En el manifiesto leído tras la manifestación, recordaron que en el último informe anual sobre la interrupción voluntaria del embarazo publicado por el Ministerio de Sanidad, referido al año 2021, se señala que en Castilla y León, se notificaron 2.597 abortos, de los cuales, 2.537 se realizaron en centros privados o privados concertados, mientras que el 40% de las mujeres que deciden abortar optan por sufragarlo ellas mismas, ante las dificultades de acceso.

En el territorio castellano y leonés, el más extenso de Europa, sólo hay tres centros privados acreditados, uno de ellos concertado, para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, y Burgos es la única provincia en la que se puede abortar en el sistema sanitario público, mientras que Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora no disponen de ningún centro, por lo que las mujeres se tienen que desplazar a otras provincias o a otra comunidad autónoma.

La ‘moral’ del protocolo antiaborto

Las coordinadoras feministas denunciaron, asimismo, el protocolo antiaborto que anunció el vicepresidente de la Junta, de Vox, Juan García-Gallardo, intentando imponer el retroceso de los derechos de las mujeres “legislando según su sistema de creencias y bajo su moral, y no en un sistema de derechos reconocidos”.

En su opinión, PP y Vox “están empeñados en criminalizar a las mujeres, en devolvernos al ámbito de lo privado, sacarnos de los espacios públicos, acallar nuestras voces, hacernos retroceder a tiempos que creíamos olvidados, legislando de acuerdo con los estereotipos y exigencias patriarcales y con los intereses económicos del capitalismo ultraliberal conservador”.

El antifeminismo de la extrema derecha, señalan, y su lucha sin cuartel contra el aborto, forman parte de la agenda de estos partidos. “El retroceso que estamos viendo en muchos países de Europa en la protección de nuestros derechos sexuales y reproductivos, y, en concreto, en la defensa del derecho al aborto, no se hubiera dado sin el rápido ascenso de la derecha ultra”, afirman.

Derecho a decidir

Las manifestantes recordaron que el ejercicio del derecho a la interrupción de un embarazo no deseado por parte de la mujer no obliga a ninguna mujer que no desee hacerlo, y que las restricciones al aborto no impiden que los abortos se produzcan, puesto que “restringir, obstaculizar o coaccionar el acceso, sólo lleva a las mujeres a optar por abortos inseguros”.

“Los países tienen la obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos, incluidos los relativos a la salud y la autonomía sexual y reproductiva”, señalan, y “cuando los servicios sanitarios para la práctica de un aborto seguro están restringidos sin justificación, o no se encuentran plenamente disponibles, esto puede poner en riesgo una variedad de otros derechos humanos protegidos internacionalmente, que incluyen el derecho a no sufrir discriminación y a la igualdad; a la vida, la salud y la información; a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la privacidad y la autonomía e integridad física; a decidir sobre cuántos hijos o hijas tener y cuándo; a la libertad; a disfrutar de los beneficios del avance científico, y a la libertad de conciencia y religión”.

“La sexualidad y la reproducción de las mujeres”, manifiestan, “siempre han sido objeto de control por el patriarcado, a través de legislaciones que promueven que otros tomen decisiones sobre sus cuerpos, lo que hipoteca sus opciones de vida”.

Advertencias desde Cantabria

Entre las participantes de otras comunidades autónomas en la manifestación en Valladolid, acompañando a las feministas de Castilla y León, se encontraba Charo Quintana, ginecóloga, en representación de la Comisión 8 de marzo de Cantabria, “en apoyo”, dijo, “al derecho efectivo a la maternidad libremente elegida”.

“Las leyes nos protegen ampliamente, pero del papel a la realidad media un abismo, sobre todo en algunas comunidades como Castilla y León”, señaló, “en las que tenemos ideas peregrinas de la ultraderecha, que pretende introducir tortura en el procedimiento, como si la decisión de interrumpir un embarazo no fuera suficientemente dura y dolorosa, a la que se llega después de haberlo pensado mucho”.

Quintana advierte al resto del país que “esta no ha sido una ocurrencia de Vox en Castilla y León, sino que la política del latido es una política internacional que está siendo impulsada por la extrema derecha, en el intento de cambiar las agendas democráticas de los países, y así se está viendo en Estados Unidos, Polonia o Hungría”.

“En España, y de cara a las futuras elecciones, todas las personas, y especialmente las mujeres, tienen que pensar muy mucho en quién depositan su confianza, porque lo que está pasando en Castilla y León puede sucedernos, no sólo en este ámbito, sino en otros muchos, en todo el Estado”, concluyó.