Sí, pero no. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, garantiza que acude a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con voluntad inequívoca de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la dimisión anunciada por Carlos Lesmes, que se hará efectiva este mismo lunes. Sánchez citó al jefe de la oposición con el objetivo de cerrar en Moncloa un pacto urgente para renovar, tras cuatro años caducado, el órgano de los jueces y evitar así el caos institucional. Sin embargo, Feijóo, a priori, no parece por la labor. El dirigente gallego mantiene sus condiciones, las mismas que bloquean la renovación y que han provocado tirones de oreja de Europa.

Desde que aterrizó en la cúpula de Génova, Feijóo ha supeditado la renovación del CGPJ a la reforma del sistema de elección de vocales, bloqueando por completo cualquier atisbo de conversación. Así, el jefe de la oposición se ha ganado el tirón de orejas propinado por Europa, que insiste en que la renovación es la prioridad y no debe haber condicionantes. De hecho, hace dos semanas, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, visitó España para conocer la situación de primera mano, se reunió con ambas partes, Moncloa y PP, y dictó sentencia: primero, se ha de renovar con el sistema actual el CGPJ y, una vez dado ese paso, acometer las reformas pertinentes.

Feijóo hizo caso omiso y la dimisión de Lesmes tampoco ha turbado sus planteamientos. En una entrevista en El programa de Ana Rosa concedida una hora antes de su reunión en Moncloa, ha insistido en que “la propuesta que le envié en el mes de julio” para “profundizar en la independencia de los jueces”. De esta manera, una vez más, se enroca en sus postulados maximalistas, pese a lo cual, alardea de acudir “con el ánimo de retomar las conversaciones”.

Feijóo se enroca en sus postulados maximalistas, pese a lo cual, alardea de acudir “con el ánimo de retomar las conversaciones”

Sánchez tenía previsto acudir a un acto con motivo del 10º aniversario de la Plataforma del Tercer Sector. Estaba agendado para las 12:00 horas. La cita con Feijóo es a las 10:30, por lo que se espera que sea más larga de lo que se adivinaba en un primer momento. Preguntado por ello, Feijóo ha mostrado sus cartas, deslizando que lo ideal sería “establecer cuál es el procedimiento para avanzar” en la independencia judicial, porque “tenemos una advertencia de Europa que nos recuerda que es necesario” para que “de los 20 vocales, 12 sean elegidos por jueces”.

Las condiciones inalterables

Feijóo ha aclarado que sus condiciones no han cambiado, por lo que espera cerrar hoy mismo el procedimiento de reforma estableciendo unos criterios objetivos y arrancar un compromiso del Gobierno para fijar seis meses como plazo máximo para esbozar una propuesta de ley en sintonía con Europa.

Tras el primer amago de dimisión de Lesmes, los populares buscaron refugio en Europa tras ver debilitada su postura. Pero no recibieron el respaldo que tanto anhelaban. El vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, envió una carta a Reynder y a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, en la que especificaban sus condiciones.

Génova reiteró que no renunciarán a “promover una reforma legislativa” para “que los jueces elijan a los jueces”; imponiendo, así, una serie de requisitos al PSOE. El primero de ellos es que las negociaciones se lleven a cabo en las Cortes Generales. En esas conversaciones, no se podrán proponer jueces que no cuenten con el respaldo de sus compañeros para ser candidatos. Una vez elegidos, serán ellos mismos los que escogerán quienes decidan a su presidente, sin mandatos u órdenes externas. También serán los propios magistrados los que hagan lo propio con el Tribunal Constitucional.

“Simultáneamente al proceso de renovación del CGPJ, se presentará una proposición de ley, de forma conjunta, por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la Justicia española”, recoge la misiva. Traducido al sincerolés, el PP insiste en condicionar la renovación a la modificación del sistema de elección, haciendo caso omiso a Bruselas y al reclamo de presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Europa no arbitrará, ni fiscalizará, ni tutelará la reforma del sistema de elección de jueces para el CGPJ

La carta de Pons recogía varios de los preceptos que debería incluir, a su criterio, la proposición de ley. En primer lugar, exigen que se devuelvan las competencias al CGPJ para que pueda seguir tomando decisiones aún estando en funciones. Piden regular las “puertas giratorias”, impidiendo que los magistrados elegidos para cargos políticos pudieran reingresar al servicio activo hasta pasados dos años. No podrán ser nombrados vocales del CGPJ aquellos vinculados con la política en los últimos cinco años inmediatamente anteriores, los altos cargos deberán ser nombrados por mayoría de tres quintos y los candidatos a Tribunal Supremo habrán de acreditar 25 años de servicio en activo en la carrera judicial.

Además, se pedía una profunda reforma de la Fiscalía General del Estado y un informe elaborado por el nuevo CGPJ en un plazo de seis meses a contar desde su toma de posesión con propuestas para reformar el sistema de elección de los vocales, de manera que los propios jueces participen de la designación.