Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha anunciado la "renovación conjunta" del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Consistitucional tras la reunión que ha mantenido junto a Pedro Sánchez en el palacio de La Moncloa. Así lo ha comunicado este lunes cerca de las 2 de la tarde al término del encuentro que ha mantenido con el presidente del Gobierno para desbloquear la situación, complicada en las últimas horas tras la dimisión anunciada por Carlos Lesmes. Con todo, el popular no ceja en su empeño de llevar a cabo una reforma legal para el nombramiento de los vocales.

"Hemos avanzado para abordar la renovación conjunta de CGPJ y TC con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia", ha comenzado escribiendo en su perfil oficial de Twitter tras más de tres horas de reunión con el presidente del Gobierno. Sin embargo, ha asegurado que "este paso se podía haber dado mucho antes" y ha insistido en que confía que "también será posible una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP".

Feijóo mantiene sus condiciones

En la tarde de este domingo, Lesmes -presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial- advirtió de su dimisión a través de un duro comunicado en el que informaba de su renuncia al cargo para este lunes. Un anuncio que ha venido motivado por el vencimiento del plazo dado a los vocales y "sin que Gobierno y oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces o para la devolución de sus competencias".

Ante este ultimátum, que ha sido finalmente formalizado este lunes, Sánchez convocó al jefe de la oposición para cerrar un pacto urgente con el objetivo de renovar, después de cuatro años caducado, el órgano de los jueces. Un encuentro ante el que Feijóo se ha mostrado muy dispuesto para acudir aunque reacio a abrir sus condiciones, que son las mismas que mantienen bloqueada la renovación y que ha obligado a Europa a llamar la atención al PP.

De hecho, tan solo una hora antes del encuentro con Sánchez en Moncloa, Feijóo aseguraba en una entrevista en El programa de Ana Rosa que acudía "con el ánimo de retomar las conversaciones" pero con las propuestas del pasado mes de julio por delante. Todo con el objetivo de "profundizar en la independencia de los jueces". Además, entonces ha afirmado que en esta cita buscaba "establecer cuál es el procedimiento para avanzar" en esta independencia judicial, porque "tenemos una advertencia de Europa que nos recuerda que es necesario" para que "de los 20 vocales, 12 sean elegidos por jueces".

Las exigencias del PP

Se desconocen por el momento los pormenores de este acuerdo pero Feijóo ha aclarado a primera hora de este lunes que sus condiciones no han cambiado. Es decir, que acudía con la misma intención de cerrar el procedimiento de reforma bajo unos criterios concretos y con el objetivo de que el Gobierno fijara seis meses como plazo máximo para esbozar una propuesta de ley en sintonía con Europa.

A pesar de la carta enviada a las instituciones europeas para presionar al PSOE -y en la que no obtuvo el respaldo que buscaba-, los populares aseguraron que no renunciarían a "promover una reforma legislativa" para “que los jueces elijan a los jueces”; imponiendo de esta forma una serie de requisitos a los socialistas.

El primero de ellos es que las negociaciones se lleven a cabo en las Cortes Generales. En esas conversaciones, no se podrán proponer jueces que no cuenten con el respaldo de sus compañeros para ser candidatos. Una vez elegidos, serán ellos mismos los que escogerán quienes decidan a su presidente, sin mandatos u órdenes externas. También serán los propios magistrados los que hagan lo propio con el Tribunal Constitucional.

"Simultáneamente al proceso de renovación del CGPJ, se presentará una proposición de ley, de forma conjunta, por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la Justicia española", recoge la misiva. Es decir, el PP insiste en condicionar la renovación a la modificación del sistema de elección, haciendo caso omiso a Bruselas y al reclamo de presidente del CGPJ y el Supremo.

Además, exigen que se devuelvan las competencias al Poder Judicial para que pueda seguir tomando decisiones aún estando en funciones. Piden regular las “puertas giratorias”, impidiendo que los magistrados elegidos para cargos políticos pudieran reingresar al servicio activo hasta pasados dos años. No podrán ser nombrados vocales aquellos vinculados con la política en los cinco años inmediatamente anteriores, los altos cargos deberán ser nombrados por mayoría de tres quintos y los candidatos al Supremo habrán de acreditar 25 años de servicio en activo en la carrera judicial.

Asimismo, se pedía una profunda reforma de la Fiscalía General del Estado y un informe elaborado por el nuevo CGPJ en un plazo de seis meses a contar desde su toma de posesión con propuestas para reformar el sistema de elección de los vocales, de manera que los propios jueces participen de la designación.