Se lo ha quitado a la promoción de las artes y la cultura (234.000 euros), al capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (400.000 euros) y a los gastos de funcionamiento del programa de promoción y uso del valenciano (166.000 euros)

Se aprobó el pasado 8 de agosto en el Consell con agostidad conocida, y se ha publicado hoy en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). El Consell decidió destinar 800.000 euros a subvencionar el fomento de la Lengua valenciana en emisoras de radio y televisión privadas. Las elecciones se acercan y, como informó ELPLURAL.COM, la ley que improvisó Fabra para cerrar Canal 9 le impide ampliar la desconexión territorial prometida.

La oposición, indignada
La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra quiere saber "qué piensa hacer el Gobierno del PP con estos 800.000 euros que ha quitado de promoción cultural para destinarlos a promoción en televisiones privadas", y ha añadido: "Fabra ha cerrado la radio televisión pública, una herramienta fundamental para promocionar nuestra lengua, para luego destinar fondos públicos para promocionar el valenciano en televisiones privadas".

Elecciones cerca
Para Oltra "esto es una burla y una muestra más de que detrás del cierre de RTVV obviamente no estaba la preservación del interés público sino todo lo contrario, continuar con el desvío de dinero de lo que debería ser público y de todos hacia proyectos privados cercanos al gobierno del PP". Además consideran desde Compromís que "se acercan las elecciones y comprobamos como es continuo el goteo de dinero público retraído de diferentes partidas presupuestarias que de una forma u otra acabarán siendo utilizados para el beneficio propagandístico del gobierno del PP".

La ley de la discordia
Aprobada con los votos del PP únicamente en el Parlamento valenciano,  el artículo 2 de esa ley especifica que "se suprime la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico prestado por cualquier medio o canal de difusión, por la Generalitat, al amparo de lo establecido en el artículo 56 del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana". La Abogacía de la Generalitat entiende que esa redacción implica que el Gobierno valenciano renuncia al servicio de forma tanto directa como indirecta. Nada dice de subvenciones a medios de comunicación.