Una resolución a la que ha tenido acceso este medio propone sancionar a La Falange por vulnerar la Ley de Memoria Democrática en las marchas fascistas que protagonizó el pasado 20 de noviembre. Este día, marcado por los constantes actos de apoyo a la época más ominosa de nuestro país -en el que se honra tanto la muerte del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, como la del dictador Francisco Franco-, no ha escapado este año de la ley y el partido que protagonizó estas convocatorias puede ser expedientado en cumplimiento del articulado aprobado por el Congreso de los Diputados e impulsado por el gobierno de coalición progresista. 

Tal y como ha podido comprobar ElPlural.com en una resolución, se propone expedientar a La Falange como “responsable de una infracción muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1, epígrafe e), de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática” y se le pretende imponee una “sanción pecuniaria” consista en el pago de una multa de 10.001 euros.

Concretamente, esta resolución, a la que ha tenido acceso este medio, deja patente que en la marcha organizada por La Falange -que contó con el aval de la Delegación del Gobierno de Madrid siempre y cuando se respetase la ley de Memoria Democrática- sus participantes lucieron “iconografía y estética fascista”.

Esta propuesta de resolución sancionadora para La Falange desmonta, paso por paso, sus argumentos de defensa. Para ello, se llegan a citar informes de los cuerpos policiales en los que son los agentes de la autoridad quienes, a través de su testimonio, vídeos y fotografías, dejan patente que con estas pruebas se evidencia que “se reproducen comportamientos, alocuciones y diversas actuaciones que pretendían recuperar y ensalzar la memoria de José Antonio Primo de Rivera, fundador de La Falange, al mismo tiempo que se ponían en práctica diversos ritos, iconografía y simbología relacionados con la sublevación militar del 18 de julio de 1936, de la Guerra de España o de la Dictadura Franquista”.

“Igualmente se observan en esas grabaciones el uso de una puesta en escena paramilitar, que se observa en el paso, la formación, la indumentaria y vestimenta uniformada, el porte de banderas y banderines, así como las instrucciones que lleva a cabo el coordinador de la llegada de la Corona”, prosigue el expediente.

Estas pruebas, otorgadas por diversos cuerpos policiales, se amplían además con denuncias realizadas por asociaciones memorialistas y víctimas de la dictadura que, perplejas, exigen el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

¿Qué dice la ley?

En este sentido, la Ley 20/22, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, recoge en su artículo 62.1.epígrafe e, las siguientes conductas como constitutivas de infracción muy grave: “Las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”.

Por su parte, el artículo 61 del mismo texto legal señala que “serán responsables como autores las personas físicas o jurídicas que dolosa o negligentemente realicen las acciones u omisiones constitutivas de infracción conforme a lo previsto en el artículo 62”.

Por su parte, el artículo 61 del mismo texto legal señala que “serán responsables como autores las personas físicas o jurídicas que dolosa o negligentemente realicen las acciones u omisiones constitutivas de infracción conforme a lo previsto en el artículo 62”.

¿Y el PP? Despenalizaría estas marchas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido en reiteradas ocasiones que derogará varias leyes del Gobierno de Pedro Sánchez en el caso de resultar electo y dar el salto a La Moncloa, ahora teniendo como meta fijada las elecciones del 23 de julio. En este sentido, cabe poner sobre la mesa esta Ley de Memoria Democrática y las consecuencias que tendría en caso de eliminar su aplicación.

Bajo la frase que ya se ha convertido su lema de campaña electoral, “derogar el sanchismo”, el líder nacional de los ‘populares’ ha garantizado que anulará “todas aquellas leyes que están inspiradas en las minorías y atentan contra las mayorías”, incluyendo así otras normativas de la coalición como el ‘solo sí es sí’ o la Ley Trans, entre otras más.

Sin embargo, cabe retrotraerse a finales del 2022 cuando Feijóo fijó esta promesa argumentando que la Ley de Memoria Democrática “atenta contra el espíritu de la Transición”, a la par que condenó que dicha norma salió adelante con el apoyo de Bildu, formación que “no puede ser el notario que reescriba la Historia de España”.

Cabe poner sobre la mesa el argumentario del Partido Popular durante las últimas décadas con respecto a esta cuestión. Tanto José María Aznar, como Mariano Rajoy y Pablo Casado durante sus respectivos mandatos en la formación, y los dos primeros líderes desde Moncloa, se posicionaron en contra de la Ley de Memoria Histórica del 2007 nacida del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante su mandato, Rajoy se comprometió a derogarla. Una promesa que no cumplió, aunque sí que dejó sin fondos la ley y, con ello, a las partidas económicas destinadas a las exhumaciones de fosas comunes y otras medidas enfocadas a las consecuencias de la guerra civil o de la dictadura franquista.

Con la moción de censura del 2018, con la que Pedro Sánchez resultó el elegido para encabezar el liderazgo de La Moncloa, su ejecutivo sí que puso en marcha una de sus propuestas estrella impulsando la ahora reformulada como Ley de Memoria Democrática. A día de hoy, y con el objetivo claro las elecciones del 23 de julio, dependiendo de quién podrá tomar el mando de la presidencia del Gobierno, si con la revalidación de Sánchez o con el ascenso de Núñez Feijóo, la norma podría continuar intacta o desaparecer por completo si la promesa del líder ‘popular’ llega a hacerse realidad.