El partido ultraderechista Vox ha intensificado su ofensiva judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presentar una nueva querella que ha llevado al juez Juan Carlos Peinado a imputar al delegado del Gobierno en Madrid. La querella, admitida a trámite el 6 de mayo de 2025, sostiene que Francisco Martín Aguirre, en su calidad de exsecretario general de la Presidencia, fue responsable de la contratación de Cristina Álvarez, asistente personal de Gómez, y que dicha contratación podría constituir un delito de malversación de fondos públicos.

Esta decisión judicial ha generado una ola de reacciones tanto en la esfera política como en la judicial. Desde el Gobierno, se ha cuestionado la imparcialidad del juez Peinado y se ha defendido la legalidad de las actuaciones de Begoña Gómez y su entorno. Por su parte, Vox ha celebrado la imputación como un paso hacia la "depuración de responsabilidades" en lo que consideran un uso indebido de recursos públicos.

La querella presentada por Vox acusa a Cristina Álvarez de desempeñar funciones ajenas a su puesto en la Secretaría General de la Presidencia, al asistir en actividades privadas de Begoña Gómez. Según Vox, Álvarez utilizó su posición en la administración pública para beneficiar a la esposa del presidente en su actividad profesional privada. La formación ultraderechista sostiene que Francisco Martín Aguirre, como superior jerárquico de Álvarez, habría consentido o facilitado esta situación, lo que justificaría su imputación por malversación de fondos públicos.

Preocupación por la imparcialidad de Peinado

La formación de Santiago Abascal, en su querella presentada ante Peinado, ha señalado que Martín Aguirre "era el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez", y ha admitido a trámite la querella presentada por Vox, citando al delegado del Gobierno a declarar como investigado el 14 de mayo de 2025. Sin embargo, el magistrado aún no descarta la responsabilidad penal de Begoña Gómez y Cristina Álvarez, a pesar de no encontrar indicios de que hayan intervenido en el nombramiento o en el pago de las cuotas de la asistente.

Las sospechas de los socialistas sobre una posible intromisión de la política en el juicio que investiga a Begoña Gómez están cada vez más fundadas. Las estrechas relaciones que maneja el juez Peinado con Vox se hacen cada vez más evidentes con cada querella. Recordamos que la causa contra Gómez fue abierta a raíz de una denuncia presentada por el psudosindicato Manos Limpias, fuertemente vinculado a la formación ultraderechista. Ahora la imputación de Martín Aguirre no hace más que demostrar la simpatía del juez por los de Abascal, o al menos por las denuncias que presentan cada pocas semanas en un intento de desgastar al Ejecutivo central en su cruzada contra Sánchez.

A su vez, Vox no oculta su entusiasmo con cada imputación. A través de su cuenta en la red social X donde la formación lanza una constante campaña al más puro estilo Trump, los de Abascal se felicitan a sí mismos cada vez que se les acepta una querella. "La Justicia imputa gracias a una querella de VOX al delegado del Gobierno en Madrid por la contratación de la asesora de Begoña Gómez. #VoxUtil", escriben en su mensaje en las redes sociales. 

La imputación de Francisco Martín Aguirre ha provocado una respuesta contundente desde el Gobierno. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha expresado su preocupación por la imparcialidad del juez Peinado, sugiriendo que la actuación del magistrado podría estar influenciada por intereses ajenos a la justicia. Bolaños ha defendido la legalidad de la contratación de Cristina Álvarez y ha subrayado que es habitual que las esposas de los presidentes del Gobierno cuenten con asistentes personales para sus actividades institucionales.

Vox y su estrategia judicial contra el Gobierno

La querella contra Francisco Martín Aguirre se suma a las acciones judiciales emprendidas por Vox contra Begoña Gómez y su entorno. La formación ultraderechista presentó ya una querella contra Gómez, Álvarez y Martín Aguirre por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Vox sostiene que la contratación de Álvarez y su desempeño de funciones privadas para Gómez constituyen un uso indebido de recursos públicos.

Además, Vox ha cuestionado la creación y desarrollo de la cátedra que Begoña Gómez codirige en la Universidad Complutense de Madrid, alegando que se habría utilizado para fines personales y empresariales. Sin embargo, un juzgado de Madrid rechazó la querella presentada por Vox por tráfico de influencias, al no encontrar indicios de delito en la actuación de Gómez.

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