El Gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha pactado este martes con Airbnb la identificación y retirada de los anuncios de pisos turísticos que no cuenten con código de registro legal en esta plataforma, según ha precisado en un comunicado. Un avance que se da bajo el marco de meses de conflicto entre las partes por la publicitación de miles de anuncios de estas viviendas de uso vacacional que no cumplían las normativas legales y estatales vigentes.
En un encuentro celebrado este martes en sede ministerial, la compañía de anuncios de compraventa y alquiler de inmuebles se ha comprometido desde agosto a remitir de forma mensual información sobre los anuncios que se publicitan en su plataforma.
Tal y como han resuelto, Airbnb retirará aquellos anuncios que presenten irregularidades en el registro nacional. En estos casos, la plataforma notificará previamente a los anfitriones, ofreciéndoles un plazo para subsanar los defectos antes de proceder a la retirada definitiva, salvo si se deriva de una revocación de número de registro estatal, en cuyo caso se producirá en 48 horas desde la notificación del Ministerio.
El registro único de arrendamientos de alquileres turísticos y de temporada, fruto del Real Decreto 1312/2024 por el que se crea la ventanilla única digital, implantó su obligado cumplimiento desde el pasado 1 de julio, tras seis meses desde su entrada en vigor a principios de año.
Esta normativa es consecuencia del Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, que es directamente aplicable en los Estados Miembros, estableciendo un sistema de regulación de los arrendamientos de viviendas amuebladas de corta duración.
Consumo cifró en más de 65.000 los "anuncios ilegales"
Fue el pasado mes de mayo cuando el Ministerio de Pablo Bustinduy, a través de la Dirección General de Consumo, puso en seria advertencia a Airbnb cifrando en más de 65.000 anuncios “ilegales” los que la plataforma ofertaba abiertamente. En estos términos, en nombre del Gobierno, instó a eliminar estos anuncios “ilícitos” que contravienen la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos y dañan gravemente el tejido habitacional y económico de las ciudades.
Debido a que la compañía interpuso con un recurso de reposición a la justicia este mandato, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) terminó dictando que tenían que eliminar hasta 5.800 de estos anuncios ilegales de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi de “manera inmediata” tras la intervención del Gobierno.
Otra de las infracciones señaladas por Consumo fue la no indicación de la naturaleza jurídica de los arrendadores, que se traduce en que no se especifica si el que realiza el negocio es un empresa o profesional establecido o un particular. Esta cuestión es “fundamental”, según el Ministerio, para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no. Asimismo, otro de los incumplimientos es la incorporación de números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. “Esta práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras”, reiteró Consumo.
"Las empresas en España deben cumplir con la legislación vigente y eso es especialmente importante en materia de vivienda, donde hay un puñado de fondos de inversión y de grandes plataformas que se están lucrando a costa de cercenar el derecho constitucional a la vivienda de millones de familias", expresó entonces el ministro.