El fin del Premio Nacional de Tauromaquia y el informe de Naciones Unidas sobre las Leyes de Concordia de PP y Vox en gobiernos autonómicos. Dos frentes que han puesto contra la espada y la pared al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida quien, por un lado, ha evocado al poeta Federico García Lorca para cargar contra la decisión del Ministerio de Cultura; mientras, por otro, por la reacción de su partido al conocer la postura de la ONU.

Ha sido en voz del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por el que el edil madrileño ha recibido la siguiente réplica en redes sociales: “Estimado alcalde de Madrid. No sabe cuánto me alegro de que recuerde a Federico García Lorca el mismo día en que la ONU ha dicho que las leyes contra Memoria Democrática de PP y Vox vulneran Derechos Humanos”, ha repasado el ministro. “Seguro que, en coherencia, pedirá su retirada”, ha reiterado al concluir.

Y es que el jefe del Ejecutivo de Cibeles ha utilizado una frase del aclamado poeta –‘Los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo’- para criticar la decisión del Gobierno central de acabar con las ayudas al sector taurino. A esta apreciación, ha añadido en la mañana de este viernes: “La tauromaquia es parte de la cultura de España. Madrid, orgullosa capital del toreo, lo defenderá siempre frente al sectarismo”, ha garantizado el alcalde.

Cabe reiterar, que desde el Gobierno de Cibeles, en voz de la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, se ha reiterado, con motivo del rechazo a la iniciativa del Ministerio, que “Lorca, Picasso, Chávez Nogales o Enrique Tierno Galván hoy estarían muy disgustados”.

Madrid o Castilla – La Mancha, autonomías contrarias a la decisión de Cultura

El Gobierno de Pedro Sánchez, por medio del Ministerio de Cultura capitaneado por Ernest Urtasun, ha dado a conocer este viernes la puesta en práctica de los trámites para dar fin definitivo al Premio Nacional de Tauromaquia, el cual ya no se entregará este 2024. Con esta medida, se da fin a la dotación económica de 30.000 euros que se concedía al sector y que superaba con creces a otras valoradas en 10.000 euros que se concedía a premiados en otras áreas culturales, como literatura.

De los argumentos más sólidos en los que se ha sustentado la cartera de Cultura para adoptar este sustancial cambio es que buena parte de los españoles “no comparte el maltrato animal” por contar “cada vez con más sensibilidad por los derechos de los animales”. A su vez, también se ha hecho énfasis en el descenso del interés general por las actividades relacionadas con la tauromaquia: según los datos del periodo comprendido entre los años 2021 y 2022, solamente acudió a espectáculos taurinos un 1,9% de la población.

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Tan pronto como se ha dado a conocer esta noticia de carácter nacional, han sido varias las comunidades autónomas que se han sumado a la postura contraria. El primero en adelantarse en ello ha sido el socialista castellanomanchego Emiliano García-Page que, en contra del dictamen del Gobierno central, ha avanzado su intención de trabajar junto al sector del toreo para establecer unos Premios de Tauromaquia en Castilla - La Mancha.

A esta postura se han sumado la Comunidad de Madrid, donde se mantendrán las colaboraciones con la Fundación Toro de Lidia: “Es una pésima noticia. Es darle la espalda a lo que son nuestras tradiciones”,  ha lamentado el consejero Carlos Novillo. Mismas posturas se han adoptado desde la Junta de Extremadura y el Gobierno de la Comunidad Valenciana, desde los que se aferran a la longeva tradicional cultural que emana de las corridas de toros en gran parte del país.

El informe de la ONU 

En paralelo, otra de las noticias que han marcado la actualidad de este viernes ha sido el informe de parte de tres relatores de Naciones Unidas el que ha puesto en aviso al Gobierno central para tomar "las medidas necesarias" en aras de preservar la memoria histórica del país frente a las leyes de concordia que se están tramitando en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana por parte de sus respectivos gobiernos del Partido Popular y Vox, manifestando así que estas normativas pueden “invisibilizar las graves violaciones de los Derechos Humanos” cometidas durante la Dictadura Franquista.

"Ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia", expone el texto de la ONU. 

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