José Luis Ábalos ha dado un paso al frente en su defensa. El exministro de Transportes ha entregado al Tribunal Supremo un extenso contrainforme en el que acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haber elaborado un documento “tendencioso”, “carente de sentido común” y basado en una lógica de “causa general” contra su persona. En el texto, el exministro denuncia una investigación con visos de inquisición retroactiva, centrada en hechos y bienes que se remontan a más de tres décadas atrás.
El informe entregado por Ábalos y su defensa va desmontando meticulosamente cada uno de los supuestos “indicios” esgrimidos por la Guardia Civil para sostener que existen elementos dudosos en su patrimonio. Desde propiedades compartidas hasta aportaciones personales a una fundación sin ánimo de lucro, la estrategia de defensa busca demostrar que no hay enriquecimiento injustificado, sino una trayectoria vital y política sin zonas oscuras.
La fundación Fiadelso: el centro del malentendido
Uno de los puntos más controvertidos del informe de la UCO es la inclusión de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) como si se tratara de una sociedad mercantil vinculada a intereses opacos de Ábalos. El exministro lo desmiente categóricamente: no solo no recibió retribución alguna por su labor como presidente de la fundación, sino que hizo aportaciones económicas personales y cedió el uso de un inmueble de su propiedad compartida.
“Calificar de sociedad a una fundación va más allá de un error conceptual. Es una tergiversación grave”, denuncia el escrito presentado por la defensa. Ábalos asegura que la fundación cesó su actividad sin dejar expedientes de reintegro o irregularidades contables, y que todos los proyectos financiados se justificaron debidamente ante las administraciones competentes. La fundación, explica, participó en convocatorias públicas en régimen de concurrencia competitiva, como cualquier otra entidad del tercer sector.
Acusaciones de investigación prospectiva
El trasfondo de la denuncia del exministro tiene una lectura más amplia: la sospecha de que se le está sometiendo a una “investigación prospectiva”, algo expresamente prohibido por la ley. Según su equipo jurídico, la UCO estaría rastreando su vida entera, con un enfoque más cercano al acoso político que a una investigación rigurosa.
“No se trata de buscar pruebas de un delito, sino de ver si, escarbando lo suficiente, se encuentra algo que pueda parecerlo”, advierten fuentes cercanas a la defensa. En este sentido, la situación recuerda a otras actuaciones recientes en las que cuerpos policiales han sido señalados por excederse en su función investigadora para alimentar titulares de prensa y alimentar el desgaste público de figuras políticas, como sucede con el caso de Begoña Gómez.
En paralelo, el exasesor Koldo García, también investigado en una pieza separada, ha presentado una nueva denuncia contra la UCO por filtraciones a la prensa de datos personales y causas secretas. En concreto, se refiere a la información sobre una supuesta causa por maltrato a su exmujer, que, pese a estar bajo secreto judicial, fue publicada en varios medios.
Koldo acusa al cuerpo de haber cometido un posible delito de revelación de secretos y otro de infidelidad en la custodia de documentos, al permitir que medios de comunicación accedieran a partes de un atestado al que ni siquiera él ha podido acceder como parte implicada. Es la segunda denuncia en esa línea, tras acusar también a la UCO de filtrar detalles de su agenda personal.
El Fiscal General también denunció a la UCO por filtraciones
El pasado mes de febrero, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, denunció ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la filtración de un informe elaborado por la UCO que incluía más de 240.000 registros de su actividad telefónica durante un periodo de diez meses, muy superior al autorizado por el juez instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que había limitado el análisis al tramo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.
En su queja, García Ortiz sostuvo que la UCO no solo se excedió en los límites fijados, sino que expuso datos personales de terceros ajenos a la causa, como un escolta, un periodista, un fiscal del Supremo, y otros particulares. El informe filtrado, en formato Excel, contenía más de 7.000 celdas con números de teléfono, domicilios, y códigos identificativos de dispositivos y tarjetas SIM.
El fiscal general consideró que se produjo “un escaparate de su vida personal y profesional” que supuso un “quebrantamiento irreparable” de su intimidad. Además, advirtió que la exposición de dicha información vulneraba derechos constitucionales y dejaba abierta la puerta a un recurso ante el Tribunal Constitucional.
