La Fiscalía Anticorrupción detectó ingresos de más de 35 millones de euros en las arcas de Equipo Económico, el despacho de Cristobal Montoro que está en el centro de la investigación contra el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy. A pesar de esta información, y de que la Agencia Tributaria se lo haya solicitado al juez de Tarragona que instruye la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha solicitado las cuentas bancarias de Montoro, principal imputado de la trama.
En octubre de 2023, la UCO -que participa en el procedimiento como mando policial junto a la Judicial de los Mossos d'Esquadra- envió al juez los requerimientos del caso, en los que no se incluía la reclamación de las cuentas de Montoro. El motivo es una incógnita que la UCO se niega a despejar. ElPlural.com no ha recibido respuesta de las fuentes del cuerpo con las que se ha puesto en contacto.
En las cuentas bancarias que sí se han intervenido, unas 300 de personas vinculadas a la trama, la Fiscalía ha detectado que Montoro era el destinatario de al menos siete transferencias, por un valor total de 137.358,16 euros. Estas cifras se conocen por las cuentas de origen de estos movimientos, y no por las del exministro que la UCO se niega a solicitar, por lo que la cantidad podría ser mucho mayor.
En total, Equipo Económico ingresó al menos 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013, años en los que Montoro ocupaba la cartera de Hacienda. En concreto, el despacho del exministro ingresó casi un millón de euros procedentes de empresas del sector gasístico, que están en el epicentro de la investigación que apunta a presuntas leyes a medida para beneficiarlas, como la rebaja del 85% del impuesto especial eléctrico. Las compañías, además, trocearon los pagos en cantidades menores a 36.000 euros, una práctica habitual cuando se quiere evitar dejar rastro.
El contraste de la UCO y Anticorrupción: mismos datos, dos resultados
Todas estas cifras se conocen por la investigación de la Fiscalía, que pidió además la colaboración de Alemania, Estados Unidos y Luxemburgo, países en los que hay cuentas bancarias vinculadas a los socios del exministro en la presunta trama. Si solo dependiera de la UCO, la investigación estaría lejos de ser tan concluyente. El organismo de la Guardia Civil descartó en febrero de 2025, con los mismos datos que Anticorrupción, que existieran pagos dirigidos a Montoro. Lo hicieron después de analizar las mismas cuentas bancarias, entre las que no estaban las del exministro, desde octubre de 2023, es decir, casi un año y medio.
Por su lado, Anticorrupción ha detallado todas las cifras y movimientos bancarios, que revelan cuánto ingresó Equipo Económico y cuántos de los pagos que sí se conocen iban dirigidos a Montoro y su mujer, en un informe de 227 folios. La Fiscalía aprecia delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Por qué dos investigaciones paralelas sobre el mismo asunto, y que cuentan con los mismos datos, han llegado a conclusiones totalmente opuestas es otra incógnita que la UCO no despeja.
La Agencia Tributaria ya puso el foco en que la negativa de la UCO a intervenir las cuentas bancarias en las que Montoro "consta como titular o autorizado", impide que se haya podido "cerciorar el importe total transferido, directa o indirectamente, por el despacho investigado" al exministro, según el informe enviado al juez y fechado a 23 de enero. En él también se menciona que, pese a "las limitaciones expuestas y a expensas de que dicha información, en su caso, pueda ser ampliada", Hacienda ha localizado más de 137.000 euros en siete transferencias en las que Montoro "consta como destinatario en el concepto bancario".
Las dos velocidades de la UCO
Estas reticencias de la UCO a facilitar que se investigue más a fondo el flujo del dinero entre Montoro, Equipo Económico y las empresas gasísticas, concuerdan con la lentitud con la que suelen actuar cuando la investigación gira en torno a unos, y contrastan con la celeridad con la que lanzan informes cuando la trama perjudica a otros. Un buen ejemplo es que, más de 200 días después de que Anticorrupción se lo pidiera, siguen sin presentar un nuevo informe sobre las actividades del novio de Isabel Díaz Ayuso.
La Fiscalía lo pide desde el pasado 27 de junio, pero ni rastro. En el documento, al que tuvo acceso ElPlural.com, se hablaba del incremento patrimonial que registró la compañía Maxwell Cremona -epicentro de la trama- entre 2020 y 2021; mismo periodo en el que Alberto González Amador está acusado de haber cometido un presunto fraude fiscal a Hacienda de 350.000 euros.
La UCO actúa sin prisa en lo que afecta a la pareja de la baronesa del PP en Madrid o a su exministro de Hacienda. Sin embargo, en investigaciones paralelas y de buen calado mediático como fueron –y siguen siendo algunas de ellas- las del entonces fiscal general del Estado o sobre la implicación de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en la trama Koldo; o la que prosigue en curso contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, los tiempos de actuación han sido mucho más acelerados.