Son muchas las ocasiones en las que el Partido Popular se ha visto implicado en casos de corrupción en nuestro país. Casi tantas que las que ha dicho sentirse víctima de una ‘’persecución’’ o ‘’cacería política’’ por parte de los partidos de izquierdas e, incluso, de la justicia. Uno de los últimos y más recientes es el del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se ha visto involucrado en un caso de comisiones por la adquisición de mascarillas por parte del Ayuntamiento en los meses más duros de la pandemia.

Este lunes, el regidor se ha defendido de las acusaciones de corrupción y ha asegurado que es una estratagema elaborada por la oposición y, más concretamente, por Pedro Sánchez. ''No hay ninguna duda de que detrás de esta cuestión está el PSOE y Sánchez, que tiene obsesión por Madrid'', ha afirmado un Almeida que ha denunciado la ''cacería'' que dice está sufriendo.

Ha insistido en varias ocasiones durante su intervención ante los medios en la campaña de seguimiento y acoso por parte de la izquierda en este 'caso Mascarillas'. ''Para mí es un motivo de orgullo que Sánchez me haya puesto en la diana de una cacería política a la que acostumbra la izquierda'', ha asegurado.

''Vivimos en un país en el que para la izquierda lo importante no es la víctima, porque es la responsable. Esa es la cacería de la izquierda, aquí la víctima es el Ayuntamiento de Madrid y para ellos somos los culpables'', ha reiterado.

La persecución como argumento

Sin embargo, este argumento se ha repetido en incontables veces a lo largo de los años y de los procesos por corrupción que les han salpicado, y no solo de Madrid. Algunas van desde Mariano Rajoy con la ‘’trama contra el PP’’ de la 'Gürtel' y Cristina Cifuentes con el máster, hasta Esperanza Aguirre como la ‘’caza mayor’’ de la Púnica.

Rajoy y la Gürtel

Una de las más llamativas, sobre todo con el paso de los años y de las investigaciones, es la acusación de ‘’persecución’’ del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde la sede de Génova. Rodeado de todos los dirigentes, el entonces presidente de los populares aseguró en febrero de 2009 que la 'Gürtel' era un complot. "Esto no es una trama del PP como algunos pretenden, esto es una trama contra el Partido Popular", afirmó entonces antes de asegurar que estaba construida sobre "un sumario de cacería". Actualmente es el primer partido condenado por corrupción de la democracia y, en esta ocasión concreta, como participante principal y a título lucrativo.

En aquellas declaraciones se pueden algunas personalidades de la formación que han estado involucrados, como mínimo, en algún proceso judicial, como Javier Arenas, Ana Mato, Rita Barberá, Ana Botella, Alberto Ruiz Gallardón, Francisco Camps, Esperanza Aguirre o Federico Trillo. Este último, además, aseguró entonces en los pasillos del Congreso que toda la investigación que salió a la luz en aquel momento sobre la Gürtel era un montaje de la Policía y de Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior.

Cospedal denuncia escuchas ilegales por el Gobierno

En la misma línea se pronunció unos meses más tarde la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien denunció que algunos miembros de su formación estaban siendo objeto de escuchas telefónicas ilegales por parte del ministerio de Rubalcaba.

Así, en agosto de 2009 Cospedal ofreció una entrevista a la Agencia EFE tan solo unos días después de la reunión que mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo, encarcelado por Tándem, y en la que le avisó de la instrucción abierta en la Audiencia Nacional sobre la Gürtel.

Durante la entrevista, la popular aseguraba que algunos cargos estaban sufriendo escuchas telefónicas ilegales que no tenían "nada que ver con los sumarios" abiertos. Llegó a denunciar que se estaba viviendo un "Estado policial" en el que el Gobierno utilizaba contra ellos "a las instituciones, a la Fiscalía, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI". Más tarde se conoció esta reunión, que se produjo también tres días antes de que la formación presentara una denuncia sobre las supuestas filtraciones.

La ‘’persecución política’’ desde las ‘’altas instancias del Estado’’

En septiembre de 2009, el secretario general y portavoz de la formación en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, denunció ante los tribunales la "persecución política" de la que estaba siendo víctima "desde las más altas instancias del Estado".

No solo apuntó a un acoso por parte de la justicia, sino que culpó directamente de su elaboración a Rubalcaba, de quien dijo que, cuando "no le dan la razón, utiliza a la policía y a los medios en su beneficio". Unas declaraciones que también apoyó el entonces presidente valenciano, Francisco Camps, imputado por el mismo proceso judicial. "El secretario general ha estado muy acertado en todo lo que ha dicho", dijo.

También el consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, aseguró que se estaba creando un "estado policial contra el PP dirigido por Rubalcaba" y que hay "algunos policías que funcionan al dictado" de Interior y "se dedican a hacer informes que nadie les pide". El dirigente popular fue imputado junto a Camps y otros altos cargos del Gobierno valenciano por la misma causa.

“Patadas’’ de la oposición

Esta misma estrategia han seguido otros acusados de corrupción del Partido Popular. Ya en octubre de 2017, Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y número 2 de la Gürtel, sostuvo que “se ha perseguido al Partido Popular”, a quien dijo la oposición le ha dado “patadas’’.

Su abogado aseguró durante el juicio que “aquí (en la sala) se ha perseguido esencialmente al Partido Popular” y se le han dado “patadas, todas las que la oposición ha querido y ha podido”. Crespo fue condenado a 15 años y 5 meses de cárcel.

"Persecución y acoso" en la comisión de investigación de la financiación irregular

En octubre de 2017, el entonces portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, acusó a la oposición de llevar a cabo una campaña de ‘’persecución y acoso’’ contra el PP por no investigar ‘’al conjunto de las formaciones políticas’’.

Estas declaraciones se produjeron en plena comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, que en aquellos momentos acababa de explotar. Más tarde la fiscalía corroboró como hechos probados que hubo una “contabilidad paralela”, “de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”.

El Máster de Cifuentes, una campaña de acoso y derribo

Más allá de la polémica con las mascarillas, en la Comunidad de Madrid también ha habido otros hechos muy sonados de los que han responsabilizado a la izquierda. Uno de ellos ha sido el máster de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, en 2018.

‘’He sufrido una campaña de acoso y derribo político y personal sin precedentes, en la que se han traspasado todas las líneas rojas...  pero me voy con la cabeza muy alta’’, aseguró en su perfil oficial de Twitter tras dejar la Presidencia de la región por la falsificación de su acta del Trabajo Final de Máster. Una decisión de la que responsabilizó a ‘’la izquierda radical’’. ‘’No podemos permitir que destruyan el gran proyecto que iniciamos hace tres años’’, afirmó.

Aunque Cifuentes salió absuelta por falta de pruebas en la falsificación de su acta del Trabajo Fin de Máster, la justicia condenó a una asesora del Gobierno y a una profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, en el fallo se concluye que la expresidenta regional obtuvo el título de forma irregular.

La Ciudad de la Justicia, una ‘’campaña electoral’’

El exconsejero madrileño de Justicia y exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, acusó a la justicia y al entonces presidente en funciones, Pedro Sánchez, de ‘’persecución política’’ y usar el caso de la Ciudad de la Justicia para hacer ‘’campaña’’.

En mayo de 2019 presentó un escrito en la Audiencia Nacional pidiendo la nulidad de la investigación por el presunto desfalco del Campus de la Justicia al considerar que era víctima de una "persecución política" por parte del magistrado y la fiscal anticorrupción a cargo.

Tal y como afirmó, la "embestida legal" contra él era "una clara puesta en marcha de una táctica de 'guerra no convencional', el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines políticos, destrucción de imagen pública e inhabilitación del adversario político ".

En cuanto al socialista, afirmó que era "público y notorio" que Sánchez utilizó "en campaña electoral" la citación del exconsejero en la Audiencia Nacional en calidad de investigado. Anticorrupción pidió el pasado 2021 38 años de cárcel para Prada por delitos de prevaricación y malversación.

Aguirre, "caza mayor’’ de la Púnica

En febrero de 2021, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró sentirse perseguida en la investigación de la trama Púnica. "Soy caza mayor seguro", manifestó en una entrevista en Espejo Público. Estas palabras las pronunció cuando el extesorero del PP, Luis Bárcenas, acusó a Aguirre de recibir 60.000 euros de una constructora.

La exlideresa no solo negó esto, sino que asimismo afirmó ser el objetivo principal tanto de Bárcenas como de la justicia. "Soy caza mayor seguro. Soy medalla de oro", insistió.

Gamarra denuncia la “persecución” por la ‘Comisión Kitchen’

La entonces portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, denunció en marzo de 2021 la caza que suponía la ‘Comisión Kitchen', un encuentro a propuesta del PSOE para analizar ‘’la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos y anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción durante los mandatos del Gobierno”.

Ante la comparecencia de Bárcenas, el día anterior Gamarra recalcó que ya dejaron “muy claro que esa comisión sólo tiene un objetivo” y es “una persecución política al PP”. Esta comisión dictaminó que tanto Rajoy como Cospedal conocían el espionaje a Bárcenas y que la plana mayor de la organización fue quien ordenó esa investigación.

La ‘’campaña de desprestigio’’ a González

Uno de los acontecimientos más recientes del uso del argumento de hostigamiento por parte de la izquierda lo hemos visto en febrero de este mismo año. El expresidente regional Ignacio González apuntó que el 'caso Lezo' es una confabulación contra él. Así lo dijo después de que la Audiencia Nacional rechazada su petición de contar en la causa con las anotaciones de las agendas de Villarejo. González intentó de esta forma demostrar que tras su imputación hay una ‘’campaña de persecución y de desprestigio’’ contra él y un ‘’montaje policial’’.

González se enfrenta a una petición de pena de 18 años de cárcel tanto por Lezo como por otras posibles tramas en su etapa como líder madrileño.