Los socios presionan al PSOE para que amplíe el veto armamentístico a Israel y evitar ventas al ICE de Trump

La izquierda parlamentaria mete presión al Partido Socialista. Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu aúnan fuerzas en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno que dé un paso más en su política de restricciones para con Israel, extendiendo el embargo ya vigente al material policial y de vigilancia que pueda ser utilizado para la represión en Palestina. La ofensiva de los socios del Ejecutivo no se detiene ahí, sino que también reclaman un mayor control sobre las ventas de armas a Estados Unidos para evitar que caigan en manos del ICE – agencia federal que se sitúa en el epicentro de las políticas más duras de la Administración Trump -. En este sentido, demandan más información y transparencia a Moncloa con respecto a este punto.

La maniobra llega varios meses después de que la Cámara Baja diera luz verde – en octubre de 2025 – al embargo sobre la compraventa de material militar con Israel. La iniciativa nació del seno del Gobierno de coalición como respuesta a la ofensiva israelí sobre Gaza y Cisjordania. El presidente, Pedro Sánchez, defendió en aquel Pleno que el Ejecutivo ya aplicaba de facto dicho veto desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que Hamás atentó contra el Estado hebreo y que marcó el inicio de una devastadora réplica militar de Benjamin Netanyahu sobre Palestina. De hecho, el propio jefe del Ejecutivo se libró de las ataduras de la política europea y fue de los primeros en referirse a dichos actos como un “genocidio”, consumando un giro sin precedentes en las relaciones con Tel Aviv.

Ahora, Sumar, ERC y Bildu buscan que ese embargo no se limite al material estrictamente militar y alcance también a todo equipo, tecnología o componentes que Israel pueda utilizar para incurrir en violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos, incluyendo expresamente el material policial y de vigilancia utilizado por el ejército hebreo en territorios palestinos. Dichas propuestas se han registrado en la Cámara Baja con el objetivo de cerrar cualquier resquicio legal que permita mantener transacciones que no entren formalmente en la categoría de armamento, pero que sí puedan ser útiles en el control, represión u ocupación de la Franja de Gaza o Cisjordania.

En paralelo, los grupos de la izquierda parlamentaria buscan blindar una de las decisiones derivadas de tal iniciativa: la negativa a autorizar el tránsito de buques y aviones con material de defensa con destino a Israel. En este punto, republicanos y abertzales reclaman que la prohibición se mantenga también para la próxima legislatura, independientemente de quién ocupe el sillón principal del Consejo de Ministros. Asimismo, pretenden que el Estado refuerce los recursos y procedimientos necesarios para velar por su cumplimiento y evitar que España sirva como puerta logística para las operaciones militares de Israel, aunque no exista una venta directa de armamento al territorio español.

Evitar que lleguen al ICE de Trump

Según se desprende de las cifras oficiales, a juzgar por los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Comercio, España exportó en 2024 material de defensa a Israel por valor de 1,45 millones de euros, aunque el Gobierno justifica que dichas transacciones se limitaron a componentes destinados a terceros países como Filipinas o Estados Unidos; o, en su defecto, de material cuyo usuario final era el Ministerio de Defensa español. En el primer semestre de 2025, en cambio, no se realizaron exportaciones económicas a Israel, acumulando un total de 219 licencias de exportación e importación denegadas al estado hebreo en cuestión de defensa y tecnologías de doble uso.

El otro gran frente abierto por las tres fuerzas progresistas vira hacia Estados Unidos. En sus propuestas de resolución reclaman al Gobierno que mejore la evaluación del riesgo y la trazabilidad de las exportaciones españoles de armas para impedir que dicho material contribuya a graves violaciones de derechos humanos en territorio yankee o en operaciones militares en el exterior – como en el caso de Venezuela o Irán -. Reclaman un mayor detalle y transparencia sobre los usuarios finales de dicho material, con identificación de unidades militares y agencias receptoras, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La derecha, por el carril opuesto

La presión de los socios también alcanza al terreno de la transparencia. ERC y Bildu piden acelerar la tramitación de una nueva Ley de Secretos Oficiales, mientras que ERC, Bildu y PNV quieren reformar la normativa para eliminar el carácter secreto de las actas de la JIMDDU, el órgano interministerial que decide sobre las autorizaciones de comercio exterior de material de defensa y de doble uso. El argumento es evidente: sin acceso a esas actas, el control parlamentario y ciudadano sobre la política armamentística sigue estando condicionado por un nivel de opacidad que beneficia al Gobierno de turno.

Frente a esta batería de exigencias, la derecha empuja en la dirección contraria. Vox ha registrado propuestas para levantar las restricciones a las exportaciones de armas y material de doble uso a Israel y para promover una revisión de la posición común europea que facilite esas ventas.

El PP, por su parte, ha puesto el foco en Irán y plantea impedir nuevas autorizaciones de exportación de productos y tecnologías de doble uso a la república islámica. El telón de fondo lo aportan los datos del propio informe oficial: España exportó a Irán en 2024 productos como detonadores, explosivos tipo A, B y E, reactivos de laboratorio y software de control por un valor total de 1,33 millones de euros, aunque el Ejecutivo defendió que ese material no fue empleado en la represión interna.