La crisis de Ceuta ha abierto una competición política paralela a la emergencia migratoria y fronteriza: quién formula la respuesta más rimbombante frente a Marruecos. Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han endurecido durante los últimos días su discurso hasta aproximarlo a un escenario de confrontación estratégica que, en algunos de sus planteamientos, se parece más a una partida de Risk que a la compleja gestión de una frontera exterior de la Unión Europea.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a plantear la ruptura de relaciones con Marruecos mientras persista la situación, la militarización de la frontera y el retorno de todos los que permanezcan irregularmente en Ceuta. Feijóo, por su parte, ha hablado de una crisis que afecta a la seguridad y a la integridad territorial y ha asegurado que, si dispusiera de información sobre una nueva entrada masiva, blindaría la frontera ejecutando el artículo 8 de la Constitución.
El denominador común de ambos discursos es la impugnación de la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez. La diferencia reside en el grado: Feijóo procura mantener la crisis dentro del lenguaje de la seguridad nacional, la inteligencia y la responsabilidad de Estado; Ayuso lleva la respuesta a un terreno mucho más maximalista, colindando con la traición, en el que la ruptura diplomática aparece como una opción explícita.
Una crisis real convertida en tablero político
El punto de partida no admite discusión: entre el 30 y el 31 de julio se produjo en Ceuta una entrada migratoria extraordinaria. Interior fijó posteriormente en unas 72.000 las personas que accedieron irregularmente y aseguró que alrededor de 70.000 habían regresado a Marruecos pocos días después.
La magnitud del episodio explica la alarma de una ciudad autónoma de unos 83.000 habitantes y el impacto sobre sus servicios públicos, su frontera y su economía. También explica la reacción política posterior. Lo que ya resulta mucho más discutible es convertir automáticamente aquella entrada masiva en una operación militar o atribuir sin matices su planificación al Estado marroquí.
La documentación conocida introduce precisamente esa cautela. Un informe policial remitido a la Audiencia Nacional describe tres oleadas diferenciadas, comportamientos de permisividad y la presencia de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes, pero la información disponible no permite afirmar de manera concluyente que las autoridades marroquíes ordenaran o coordinaran toda la operación.
Ayuso: de la frontera a la ruptura diplomática
Ayuso ha escogido el registro más contundente. En una entrevista en Ok Diario publicada esta semana sostuvo que, si fuese presidenta del Gobierno, rompería relaciones con Marruecos mientras continuase la situación y defendió militarizar la zona fronteriza. También reclamó el retorno de las personas que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva.
Al tiempo, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, se enroló en la crítica por traición que enarbola el partido de Santiago Abascal desde hace unas semanas. “Lo que está saliendo de los informes del CNI y de la Policía avisando al gobierno de la invasión de Ceuta y que Pedro Sánchez ni nadie del gobierno hiciera nada, significa que Pedro Sánchez y todo el gobierno serán juzgados por traición”, auguró en sus redes sociales.
La presidenta madrileña interpreta el episodio ceutí como una operación planificada por los servicios secretos marroquíes destinada a demostrar la supuesta falta de aliados de España. Pese a la rotundidad de alguno de los avisos comprendidos en los documentos desclasificados por el Ejecutivo, ninguno pareció alertar proporcional y extraordinariamente al ministerio del Interior.
Tras la revelación de hasta 40 archivos de este miércoles, Moncloa difundió un supuesto mensaje que atribuyen al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), admitiendo no haber avisado de la magnitud del ataque.
Feijóo aboga por "blindar" la frontera
Feijóo ha optado por una retórica igualmente severa. En Espejo Público ha descrito Ceuta como escenario de una crisis “multifactorial”, con dimensiones de seguridad, integridad territorial, orden público, salud pública y economía. Y ha afirmado que, si recibiera información fiable sobre una nueva entrada masiva, blindaría la frontera.
El presidente del PP también reclama el retorno de quienes hayan entrado ilegalmente y sostiene que el Estado debe activar todos sus mecanismos para identificar, trasladar y retornar a las personas sin derecho a permanecer en España.
Su diagnóstico político es más severo que el transmitido oficial y reiteradamente por La Moncloa. Feijóo sostiene que el episodio salió de Marruecos, fue consentido por Rabat y que existen indicios de coordinación marroquí. También ha acusado al Gobierno de haber recibido advertencias previas y de no haber actuado con la contundencia necesaria.
Pero incluso en su discurso aparece una contradicción significativa: mientras acusa al Ejecutivo de insuficiente firmeza ante Marruecos, reconoce que España necesita cooperación con el país vecino y defiende una relación basada en la reciprocidad. La política exterior, en definitiva, obliga a combinar presión y negociación, no simplemente a elegir entre ambas.
El Gobierno apuesta por no romper el puente
La estrategia del Ejecutivo ha consistido en contener la crisis sin llevarla a una ruptura bilateral. Marruecos, por su parte, ha rechazado las acusaciones de presión o chantaje y ha reivindicado su condición de socio de España en materia migratoria. Rabat atribuyó parte del aumento de las entradas a las consecuencias de una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente y defendió su actuación fronteriza.
Esa posición puede ser discutida políticamente, pero responde a una lógica conocida en las relaciones internacionales: una frontera no se gestiona únicamente mediante despliegues de seguridad. España comparte con Marruecos intereses comerciales, energéticos, migratorios y de seguridad, además de una frontera terrestre exterior de la Unión Europea.
La Comisión Europea, que ha desbloqueqado 133 millones de euros de ayuda a Ceuta, ha insistido precisamente en la necesidad de mantener una cooperación sostenida entre España, Marruecos y las instituciones comunitarias. Esa dimensión europea reduce todavía más el margen para convertir una crisis fronteriza en un enfrentamiento bilateral sin consecuencias de largo alcance.
La palabra “invasión” y sus consecuencias
El vocabulario tampoco es neutral.
Feijóo ha evitado en algunas de sus intervenciones calificar el episodio directamente como una crisis migratoria y lo ha situado en el terreno de la integridad territorial. Vox, con Santiago Abascal al frente, ha empleado desde el primer momento la palabra “invasión” y ha acusado a Sánchez de “traidor”. "Traidor a España, traidor a los españoles, traidor a los ceutíes, traidor incluso a su propio partido", esgrime el cabedilla ultraderechista.
El término tiene una evidente potencia política, pero también una carga jurídica y militar que exige cautela. Una entrada irregular masiva puede constituir una gravísima crisis fronteriza y una instrumentalización de los flujos migratorios sin convertirse, por ello, automáticamente en una agresión militar en sentido estricto.
La política exterior no funciona como una partida de Risk
La principal diferencia entre la retórica de campaña y la gestión de Estado reside en que una frontera no puede administrarse como un tablero partidista en el que cada movimiento exige una respuesta superior al anterior.
Ruptura diplomática, militarización, blindaje fronterizo, llamadas a consulta o devolución inmediata son conceptos que tienen consecuencias jurídicas, operativas y estratégicas diferentes. Su aplicación depende de la legislación española y europea, de la condición individual de cada persona al mando, de los acuerdos bilaterales y de la capacidad efectiva de Marruecos para readmitir a quienes España pretenda retornar.
Especialmente delicado es el caso de los menores no acompañados. La respuesta no puede reducirse a una orden política de devolución colectiva: cada caso requiere identificación y aplicación del régimen jurídico correspondiente. Esa disparidad alimenta la percepción de descontrol y dificulta separar la emergencia objetiva de la batalla política.
El coste de convertir Rabat en adversario permanente
Marruecos es un interlocutor imprescindible para la gestión migratoria española. El control de los flujos hacia Ceuta, Melilla, Canarias y el Estrecho depende, en buena medida, de la coordinación con las autoridades marroquíes. También existen intereses económicos, geopolíticos y de seguridad que obligan a mantener canales de comunicación incluso en momentos de máxima tensión.
Eso no significa aceptar cualquier actuación de Rabat ni renunciar a exigir explicaciones. Significa que la firmeza diplomática puede ser más eficaz cuando conserva capacidad de interlocución.
Una competición dentro de la oposición
Ayuso y Feijóo, pilotos de la misma escudería, comparten adversario —el Gobierno de Sánchez—, pero compiten por definir el tono de la derecha, como viene ocurriendo especialmente desde el año 2021.
El líder ‘popular’ necesita presentarse como alternativa de Gobierno y, por ello, debe combinar firmeza con credibilidad institucional. Ayuso, en cambio, puede permitirse una retórica más expansiva desde una comunidad autónoma sin competencias constitucionales en política exterior o defensa.
El resultado es una escalada discursiva en la que las fronteras entre oposición al Ejecutivo, política exterior y seguridad nacional empiezan a difuminarse.
Mientras tanto, Ceuta continúa enfrentándose a las consecuencias materiales y humanitarias de aquella entrada masiva. La ciudad ha reclamado ayuda estatal y europea y una respuesta estable, mientras las instituciones comunitarias han insistido en la necesidad de preservar la cooperación con Marruecos.
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