El Ministerio de Sanidad ha pedido a la Abogacía del Estado que adopte “todas las medidas oportunas” para obligar a la Comunidad de Madrid a crear el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia al aborto. La decisión vuelve a elevar el conflicto entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por una herramienta que la legislación establece para organizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y garantizar que la objeción de conciencia de los profesionales sea compatible con el derecho de las mujeres a acceder a esta prestación.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado este martes que Madrid complete el procedimiento después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenara en marzo a la Comunidad iniciar “de inmediato” los trámites para poner en marcha el registro. El Gobierno regional publicó posteriormente un proyecto de orden en su Portal de Transparencia y abrió un periodo de consulta pública. Madrid sostiene que con ese paso dio cumplimiento a la medida cautelar dictada por el tribunal y que no está obligada a culminar la implantación hasta que exista una sentencia firme.
Sanidad mantiene, sin embargo, que la Comunidad no ha avanzado más allá de esos pasos iniciales. De ahí que haya recurrido de nuevo a la Abogacía del Estado para reclamar que se adopten las actuaciones necesarias para hacer efectivo el registro. El enfrentamiento viene de lejos, ya que el Ministerio presentó en enero un recurso contencioso-administrativo contra Madrid después de que la Administración autonómica no hubiera puesto en marcha el mecanismo previsto en la legislación.
La normativa establece que las comunidades autónomas deben disponer de un registro confidencial de profesionales que ejercen su derecho a la objeción de conciencia en relación con el aborto. Su finalidad no es hacer pública la identidad de los objetores, sino permitir que las administraciones conozcan con qué profesionales cuentan para organizar los servicios y garantizar que la prestación pueda realizarse en la red pública. El protocolo aprobado por el Ministerio contempla además que el registro incluya únicamente al personal directamente implicado en la práctica de las interrupciones voluntarias del embarazo.
La Comunidad de Madrid se ha opuesto durante meses a la creación de este registro. Ayuso lo ha denominado una “lista negra” y ha defendido que los mecanismos internos de los hospitales ya permiten respetar la objeción de conciencia. En marzo, tras la resolución judicial, el Ejecutivo autonómico inició formalmente el procedimiento, aunque posteriormente decidió dejarlo en pausa a la espera de una resolución definitiva.
El acceso al aborto en la sanidad pública
El debate sobre el registro coincide con una nueva campaña impulsada por Sanidad para reivindicar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en centros públicos. García ha defendido que el aborto debe poder realizarse en la sanidad pública sin estigma y sin que las mujeres tengan que verse obligadas a acudir a centros privados.
Los datos explican buena parte de la reivindicación. En 2024 se practicaron en Madrid 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo y el 99,53% se realizaron en centros privados, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad.
Además, el pasado agosto la propia Comunidad reconoció en un contrato del Servicio Madrileño de Salud que en “algunos hospitales públicos” no se puede asegurar la realización de abortos, entre otros motivos, por el ejercicio de la objeción de conciencia del personal sanitario. El documento contempla así la contratación de centros privados para garantizar la prestación.
Para García, precisamente ahí reside la utilidad del registro, señalando que conocer de antemano cuántos profesionales ejercen la objeción permite a la Administración planificar las plantillas y organizar la atención para evitar que hospitales completos carezcan de personal disponible. El Ministerio sostiene que se trata, por tanto, de una herramienta organizativa que debe permitir compatibilizar dos derechos reconocidos por la ley: la objeción de conciencia de los sanitarios y el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
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