Más Madrid ha presentado una denuncia a la Fiscalía de Madrid por la “manipulación de la lista de espera quirúrgica” del Hospital Ramón y Cajal y “contra la consejera de Sanidad de Ayuso”, Fátima Matute, por “airear datos de supuestos expedientes disciplinarios al médico que denunció los hechos”, según ha anunciado este martes la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot.
La persona que ejerce de altavoz principal en la Cámara de Vallecas considera que se trata de una “situación grave” en la que aprecian “indicios de delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental por parte de la dirección del hospital y de descubrimiento y revelación de secretos por parte de la consejera Fátima Matute”.
“El cambio de prioridad de 57 pacientes sin evaluación clínica y sin el conocimiento de los médicos que prescribieron las operaciones en primer lugar es un hecho muy grave con consecuencias directas sobre la salud de los pacientes”, considera Bergerot, quien apunta que “lo peor es que el sistema entero está completamente podrido”.
En este sentido, detalla que “en lugar de corregirlo, la consejera de Sanidad y la propia Ayuso se han encargado de difamar al denunciante con el objetivo de hundir su reputación personal”. “Es un mensaje claro”, contempla, que pasa porque el PP “va a activar la máquina del fango contra cualquiera que se atreva a hablar”. “Y ante esta respuesta mafiosa, lo que hacemos es activar la protección del Estado de Derecho y encomendarnos a la Justicia. Hay que investigar hasta que se sepa toda la verdad y haya consecuencias”, remacha.
Cronología del ‘caso Ramón y Cajal’
La semana pasada estallaba la polémica después de que El País publicara que se habían alterado listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025. El cirujano que lo hacía público era Luis Alberto Martos y apuntaba al jefe del servicio de Traumatología, el doctor Basilio de la Torre, y el director médico del centro, Rafael Martínez.
La reacción de la Comunidad de Madrid, primero de Matute, y después de Ayuso, también desde su escaño en la Asamblea, pasó por atacar a la persona que había denunciado los hechos, a quien acusaron de haber sido la misma que manipuló las listas de espera. Algo que él niega en conversaciones con varios medios de comunicación, entre ellos ElPlural.com, donde también señala que su voz de alarma nada tiene que ver con un conflicto con su jefe en el que la región puso el foco.
De la Torre, por su parte, concedió una entrevista el pasado lunes con el mismo periódico que había sacado la información, en la que defendió los polémicos cambios en las listas de espera que realizaron él y otros altos cargos sin consultar con los cirujanos que habían valorado la gravedad de los pacientes.
En la charla, reconoció que había acordado los cambios con la dirección médica del hospital porque había demasiados pacientes prioritarios cuyo plazo había expirado, pero negó que se hiciera por interés propio. Por el contrario, se limitó a advertir que “no avisó porque tenía 29 años de experiencia”.
Los partidos y el Ministerio reaccionan
El PSOE acusó al gobierno de Ayuso de “mentir compulsivamente” sobre las listas de espera del Ramón y Cajal después de que El País publicara un audio de una reunión interna del centro que recoge cómo responsables del servicio reconocen que fueron ellos quienes acordaron modificar la prioridad de determinadas personas, rebajándola de “preferentes” a “normales”.
Mientras tanto, Más Madrid propone una ley para “acabar con la manipulación de las listas de espera” que se mueve principalmente en los siguientes ejes: que el cálculo de la cuenta -del tiempo de espera- empiece el mismo día en el que el profesional realice la indicación clínica, que exista un registro único, sin bolsas ni listas paralelas, y que si las esperas empeoran durante dos trimestres seguidos, implique un refuerzo presupuestario.
En esa línea, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que el Real Decreto en elaboración desde hace meses incluirá, por primera vez, la medición de las demoras en Atención Primaria, así como la homogeneización de los criterios en todas las comunicades autónomas.
El nuevo proyecto ayudará a modificar el vigente, el Real Decreto 605/2023, con el objetivo de “mejorar la información y la transparencia” sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y conocer con más precisión el tiempo real de espera de los pacientes, desde el principio del proceso hasta que reciben los cuidados.
En detalle, el texto marca que el tiempo de espera para ser atendido contará desde la fecha de la indicación facultativa, aunque el paciente pueda ser incorporado hasta cinco días naturales después a registro, considerando de esta manera que la fecha de inscripción no alterará el inicio del tiempo de espera.
La normativa también prohibirá que existan listas, bolsas o registros paralelos de pacientes pendientes de atención al margen del registro oficial, entre otras cuestiones. El nuevo sistema contemplará las consultas externas hospitalarias, las pruebas diagnósticas y terapéuticas y las intervenciones quirúrgicas programadas, con datos desagregados por prioridad o gravedad clínica.
El proyecto permitirá conocer y comparar los tiempos de espera de 15 pruebas diagnósticas y terapéuticas y ampliará de 15 a 25 los procedimientos y procesos quirúrgicos sometidos a un seguimiento específico.
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