La Comunidad de Madrid reconocía esta semana que las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal fueron manipuladas. Sin embargo, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, cargó contra el cirujano que había denunciado los hechos, Luis Alberto Martos, a pesar de reconocer que no ha concluido la investigación.
Matute resolvía el pasado miércoles que “el mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera”. “Es un trabajador del Hospital Ramón y Cajal que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos”, dijo tan solo un día después de que se conociera la información.
A ello se suma que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, difundió en X un vídeo de la consejera pronunciando esas palabras con el siguiente mensaje: “El bulo del día contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Sin embargo, las pruebas apuntan en otra dirección.
Correos y documentos
Los correos y documentos a los que ha tenido acceso El País, periódico que publicó lo que habría ocurrido en el centro hospitalario entre febrero y marzo de 2025, desmienten las acusaciones contra el denunciante por parte de la administración madrileña.
Según la información de la que dispone el medio mencionado los responsables de los cambios en el grado de gravedad de los pacientes fueron el jefe del servicio, Basilio de la Torre, y el director médico, Rafael Martínez.
Martos aportó capturas de pantalla del sistema informático en el que se reflejan tanto comunicaciones externas -es decir, con el paciente-, como internas -entre departamentos- sobre las personas que se encontraban en lista de espera quirúrgica. Cabe recordar que la situación afectó a 57 pacientes con dolencias que aconsejaban una operación prioritaria, pero que, sin embargo, fueron rebajados a la categoría de normal. Esto implica que la intervención pueda hacerse hasta en 180 días en vez de en menos de 90.
En los documentos, facilitados por Martos al periódico mencionado, el personal de administración anotó que se había cambiado la prioridad de los pacientes con mensajes como “cambio prioridad p.i. (por indicación) Dr. De la Torre” o “cambio prioridad p.o (por orden) de trah (traumatología) y direc.médica”.
Asimismo, Martos envió a El País varios correos que él y otra cirujana, su pareja Susana Alonso, habían enviado a responsables del Ramón y Cajal. En las respuestas, ninguno de los superiores acusa a Martos, ni desmienten que los cambios fueran obra de los dos señalados.
Uno de los mensajes más sorpresivos es la respuesta de de la Torre a Alonso cuando ésta le acusa directamente del cambio, adjuntando una captura en la que se veía la modificación de uno de los pacientes con una anotación que indicaba que había sido orden de los dos superiores. La doctora le pregunta si podría explicarle “las razones que lo justifican, sin contar con el criterio del cirujano”.
Ella muestra su desconcierto de forma contundente: “Gracias por su contestación, pero no he entendido nada de lo que me acaba de decir”. Tres días más tarde, el superior vuelve a escribirle con un mensaje más claro en el que, como en el anterior, reconoce los cambios; y da a entender que el motivo es de eficiencia: “Tened en cuenta que el compromiso que adquiere el hospital con ellos es ser operados en el plazo de 90 días (…) Si no son operados en ese plazo, la dirección recibe notificación por parte de la Consejería para que sean operados lo antes posible”.
Además de añadir que se había reunido con “la dirección y el servicio de admisión” del hospital para resolver de qué manera tenían que ser tratados los pacientes preferentes, le dio la siguiente pauta a la doctora: “Evitad en la medida de lo posible anotarlos como preferentes”. “Y si quedáis con el paciente en una fecha aproximada para ser operada y el estudio preoperatorio se pide como preferente”, apuntala.
Martos escribió asimismo correos al director médico quejándose de lo ocurrido, también al gerente, Carlos Mingo; el 21 de marzo y entre el 7 y el 28 de abril, respectivamente. Igualmente, la doctora Alonso se quejó al segundo, que nunca acusó a Martos de los hechos. Se limitó a tratar de quitar importancia al asunto y les sugirió ponerse en contacto con los responsables en el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología a partir de entonces.
El denunciante facilitó además pruebas de que los dos jefes señalados pidieron al gerente el 29 de abril y el 7 de mayo del año pasado la apertura de un protocolo de prevención y actuación ante las situaciones de conflictos internos y acoso. Mingo dio trámite a un procedimiento que aún no ha concluido. De hecho, de la Torre compareció en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad con Martos como testigo.
El episodio con su jefe
La Comunidad de Madrid ha recordado ante la opinión pública un episodio en el que Martos fue acusado “por rajar las ruedas del coche y rallar el coche de su jefe de servicio”. OkDiario publicó un artículo en el que se asegura que el cirujano está “encausado” por estos hechos. Ayuso se hizo eco en X.
El denunciante de las listas de espera había advertido al periódico que ha publicado las informaciones sobre ese conflicto previo con de la Torre. Ahora asegura que no está encausado y que ha sido absuelto de la acusación vertida por su jefe. Martos ha aportado dos sentencias absolutorias para demostrar su versión.
Mientras tanto, su pareja ha roto el anonimato después de que la consejera de Sanidad dijera que una de las denunciantes guardaba relación de parentesco con Martos. Susana Alonso lo confirma, pero asegura que ejerce como cirujana del hospital desde casi diez años antes.
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