Tras ser reelegido como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha decantado por la televisión pública para su primera entrevista después de la investidura. El jefe del Ejecutivo se ha pronunciado sobre varios asuntos, en especial sobre la amnistía y el polémico concepto de lawfare. En cualquier caso, ha despejado la incógnita sobre el verificador. Confirma que existirá esta figura, pero precisa que se tratará de un mecanismo “excepcional” en una democracia. También ha levantado el secreto de sumario, parcialmente, acerca de la identidad de esta tercera persona, que se conocerá a su debido tiempo.

La última vez que Pedro Sánchez visitó el plató de La Hora de TVE fue el 21 de julio, dos días antes de las elecciones generales. El jefe del Ejecutivo, recuerda que tras la celebración de los comicios, sintió “alivio” porque contuvieron el “avance de la ola reaccionaria”. Todo apuntaba a un cambio de ciclo, con un Partido Popular fuerte, pero los ciudadanos eligieron un reparto de fuerzas distinto en el Congreso de los Diputados, abriendo la puerta a una legislatura “compleja” y, por primera vez, sin la vía de la geometría variable. Precisamente por ello, instauró el estado de “discreción” en Ferraz, ante las dificultades que entrañaban las negociaciones, especialmente con las fuerzas nacionalistas.

En ese largo camino apareció la vía de la amnistía. Una opción que, antes de las generales, no estaba sobre la mesa. Sin embargo, la explicación que esgrime Sánchez para justificar su cambio de opinión es, precisamente, el equilibrio de fuerzas en el Parlamento. “Ha pasado el 23 de julio”, ha resumido el jefe del Ejecutivo, quien apostillaba que había más de 50 diputados en la Cámara Baja que reclamaban la medida de gracia.

Un paso "coherente"

Asimismo, recuerda que la agenda del Gobierno en Cataluña se ha vertebrado por la normalización y la estabilización de la situación política. Por ello, Sánchez considera “un paso coherente” abordar la amnistía para los implicados en el procés, aunque admite que “no es el primer paso que quería dar”. Ese cambio de percepción ha derivado en una respuesta de la derecha y la ultraderecha desde la calle, con episodios incluso de acoso a las principales sedes del Partido Socialista. “Estoy convencido de que quienes se oponen, como ya hicieron con el Matrimonio igualitario, acabarán recordando estos días con ese viejo dicho de ‘si te he visto no me acuerdo’”.

Sánchez: "Los españoles decidieron entre un gobierno progresista o de Feijóo con Abascal y otra disyuntiva entre seguir la senda de convivencia y normalización"

Sánchez insiste en que la prioridad del Gobierno a través de esta amnistía es “reincorporar” al sistema a un número considerable de “actores que desde 2017 negaron la gobernabilidad de España y su participación” en ella. En cualquier caso, no hay atisbos de inconstitucionalidad en la Ley registrada por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, al contrario de lo que ocurría con la propuesta de las fuerzas soberanistas en la pasada legislatura. “Si uno mira ese proyecto de ley y lo compara con el nuestro, se da cuenta de la inconstitucionalidad de uno y la constitucionalidad que defendemos desde el PSOE”, destaca.

En cualquier caso, el 23 de julio se salvó “una bola de partido muy importante”, consolidada tras los acuerdos con Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en cuyo seno se gestó la ley de amnistía. Para el jefe del Ejecutivo, era crucial no caer en la vorágine reaccionaria que contagia a Europa y también al resto del mundo, haciendo alusión a la reciente victoria de Javier Milei en Argentina o la de Geert Wilders en Países Bajos. “Los españoles decidieron entre un gobierno progresista o de Feijóo con Abascal y otra disyuntiva entre seguir la senda de convivencia y normalización”, ha puntualizado.

El verificador

El acuerdo con Junts levantó ciertas ampollas no sólo por la amnistía sino por la creación de una figura similar al mediador para velar por el cumplimiento de los compromisos. Una tercera persona totalmente independiente y sobra la que se conocían pocos detalles, más allá de su presencia en las reuniones que el Partido Socialista mantendrá con los neoconvergentes en Ginebra, también incluidas en el pacto. Sánchez no ha arrojado excesiva luz al respecto, pero sí ha avanzado que existe un verificador internacional y “se sabrá su nombre”.

El jefe del Ejecutivo apunta a que se trata de un “mecanismo excepcional” para facilitar el diálogo entre las partes. “Ojalá logremos acuerdos”, ha puntualizado Sánchez, que no ha querido confirmar aún si la primera reunión con la delegación de Carles Puigdemont será este mismo sábado en la ciudad suiza de Ginebra. La fecha se mantiene en cuarentena. También el lugar. “No estamos todavía en condiciones de decir dónde va a ser”, ha apostillado, al tiempo que defendía la controvertida figura del mediador internacional, justificando que nace de la desconfianza entre las dos fuerzas. “Si dos no se entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación es una buena noticia porque nos puede ayudar a cerrar acuerdos”, ha destacado.

El concepto de ‘lawfare’

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha admitido que en España se han registrado casos de instrumentalización de la Justicia, aunque ha eludido pronunciarse sobre procesos que giren sobre el eje catalán. Sí ha precisado, sin embargo, que un ejemplo claro de lawfare fue el uso de la policía por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. “Eso es la Operación Kitchen”, ha resuelto Sánchez, al tiempo que resaltaba que el Partido Socialista nunca ha puesto en duda a ninguna “figura jurídica”, como si hicieron los conservadores con el caso Gürtel.