Tal y como pasó en verano, el Gobierno abraza con ansias las vacaciones de invierno. Pedro Sánchez necesitaba esta tregua para ganar oxígeno y recuperar el control de la agenda mediática. Tras la caída de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Álvaro García Ortiz, los escándalos de presunto acoso sexual en el partido y la debacle de Extremadura, el presidente del Gobierno imploraba la llegada del fin de año para ganar oxígeno y afianzar su continuidad en un contexto, interno y externo, más que adverso.
Hay quienes dicen que una tregua puede encaminarte hacia la victoria y eso es lo que pretende Sánchez. Apaciguar aguas en el PSOE y acercar posturas con sus socios de coalición y de investidura. En Moncloa cuentan con apenas 10 días para encontrar la manera de retomar cauces con Junts Per Catalunya, Podemos y Sumar, muy molestos pero poco desafiantes.
Por ello, Sánchez ordenó a sus ministros y más estrechos colaboradores desplegar una ofensiva social de medidas "con personalidad" que no necesiten convalidación en el Congreso de los Diputados. Otras medidas como las concernientes al escudo social y el abono transportes ya han sido ejecutadas desde el Consejo de Ministros y serán ratificadas -o no- en la Cámara Baja allá por febrero. Y en febrero, si Sánchez cumple su compromiso, llegará el momento de aprobar en Consejo de Ministros los Presupuestos Generales del Estado, para llevarlos seguidamente al Congreso de los Diputados.
Antes de ello, Sánchez permanecerá retirado del foco mediático hasta la celebración del primer Consejo de Ministros del año fechado para el martes 7 de enero, y se prevé, que desde entonces, arrope a su candidata en Aragón, Pilar Alegría, que se presenta a los comicios del 8-F convocados por el presidente Jorge Azcón tras el bloqueo presupuestario de la ultraderecha.
Desde Moncloa, conscientes del “ruido” que les rodea y de las “dificultades objetivas” que padece el Ejecutivo, creen que es probable que los exconvergentes vuelvan a sentarse en la mesa de negociación. Por ello, el Gobierno ha recuperado iniciativas del partido de Carles Puigdemont y el propio Sánchez compartió su ejercicio de contrición pública ante medios catalanes. Además, han concedido el timing de la relación a los independentistas. Incluso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha evitado pronunciarse sobre los puentes -o no puentes- que existen entre socialistas y catalanes.
Asimismo, la semana pasada, Sánchez confirmó la iniciativa de que Catalunya y País Vasco se conviertan en miembros incluidos en la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo (OMT), organismos dependientes de la ONU. También la activación de la Macrorregión Atlántica presidida por el lehendakari, Imanol Pradales, y la intensificación las negociaciones con Alemania para el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la Unión Europea.
Por si ello no bastara a Nogueras, Turrul y compañía, el PSOE ha aceptado tramitar y apoyar -con reticencias en Sumar- algunas normas propuestas por Junts, como la que endurece las penas contra la multirreincidencia y la que resarce a los propietarios afectados por la suspensión de desalojos por impagos de alquileres.
Con Esquerra Republicana de Catalunya, los esfuerzos están perimetrados en la reformulación del sistema de financiación autonómica, especialmente para con Cataluña, pacto suscrito por el PSC para investir al president de la Generalitat, Salvador Illa, en verano de 2024. Desde entonces, la cartera de Montero trabaja para satisfacer las demandas de los republicanos y mantener -relativamente- el principio de ordinalidad territorial. En enero, Sánchez se reunirá con el líder del partido, Oriol Junqueras, con el objetivo -mínimo- de relanzar la negociación.
El propósito de Moncloa, según Fernando Garea, es presentar un nuevo modelo a la vuelta de las vacaciones invernales. Pero antes deberá equilibrar las peticiones de ERC con el sistema común del resto de autonomías.
La relación del Gobierno con EH Bildu es más favorable. La semana pasada, Sánchez cedió el testigo a Arnaldo Otegui para que el segundo fuese el encargado de anunciar la prórroga anual del escudo social que caducaba a finales de este mes de diciembre. Los abertzales y el PNV son los únicos que reconocen haber mantenido conversaciones -escuetas- sobre las nuevas Cuentas. La nueva ministra portavoz y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha martilleado en el compromiso de presentar los PGE durante el primer trimestre de 2026.