Desde su comparecencia en el Congreso de los Diputados este lunes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sostenido que el ataque de Pegasus a los dispositivos del Gobierno central, entre ellos a los del presidente Pedro Sánchez y al suyo propio, no afectaron a información clasificada, sino únicamente a la intimidad y datos personales de los afectados. 

En estos términos lo ha reiterado la titular de Defensa ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en la Cámara Baja. Su comparecencia se ha dado en el mismo marco en el que la Audiencia Nacional (AN) haya reabierto la causa en la que investigaba la infección con el programa israelí de espionaje, que también infectó los dispositivos móviles de los ministros del Interior y de Agricultura y Pesca, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. La reapertura de la causa judicial tuvo lugar a finales del mes de abril después de haber recabado más información por parte de las autoridades en Francia y tras haberse archivado de manera provisional en el mes de julio de 2023 por la falta de cooperación de Israel, debido a que no contestaron a la comisión rogatoria. 

Una investigación pendiente en Francia

En el escenario actual, el magistrado José Luis Calama ha recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales francesas que incorpora una investigación llevada a cabo en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del Gobierno francés, ministros y diputados con ese mismo 'software'.

Volviendo a la comparecencia de Robles, ha hecho hincapié en que "no hay constancia alguna conocida de que los dispositivos móviles infectados contuvieran información clasificada legalmente como secreta o reservada". De esta manera, ha negado la posibilidad de que la Seguridad Nacional se viera comprometida o quebrada como resultado de las infecciones con Pegasus. La intimidad y los datos personales de las víctimas fueron el blanco único de este hackeo. 

El caso de Robles

Partiendo del caso concreto de Robles, la ministra ha insistido en que "no tiene información reservada" en su teléfono móvil porque cuando acude al Consejo de Ministros, foros internacionales o encuentros con organismos lo deja fuera de las salas de reuniones, pero sí tiene "fotos con militares" que regresan a España desde misiones internacionales o soldados ucranianos. "Eso me gusta hacer, no por mí, sino para poner en valor el trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas", ha explicado.

Asimismo, se ha referido al informe pericial solicitado por el juzgado al Centro Criptológico Nacional para comprobar si las cuestiones técnicas puestas de relieve por las autoridades francesas competentes pueden determinar que la autoría de la infección a los terminales del presidente y los ministros coincide con el espionaje a los franceses. "Son actuaciones de carácter técnico para ver si hay coincidencia sobre la posible autoría entre quienes realizaron infecciones en Francia y las que lo realizaron aquí en España", ha explicado. 

En los mismos términos, la titular de Defensa, en el plano más político, sí que ha reprochado tanto al PP com a Sumar y EH Bildu, que "especulen" sobre la autoría de la infección con Pegasus, rechazando a la par que Moncloa sea objeto de "chantajes" por la información robada. El diputado del PP Rafael Hernando y el representante de EH Bildu en la comisión, Jon Iñarritu, han sugerido que Marruecos podría estar detrás del espionaje, mientras que el diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné ha metido en la ecuación también a Israel, puesto que es el país dueño del 'software'. "Hay un principio de presunción de inocencia y sólo lo que está probado es real, aquí no podemos hacer especulaciones de si ha sido uno u otro porque nos venga bien para un titular", ha afeado Robles, que se ha ceñido a la investigación judicial en curso.

Espionaje a líderes independentistas catalanes y vascos

Aprovechando sus respectivas comparecencias, los grupos parlamentarios independentistas -ERC, Junts, Bildu y PNV- han sacado a colación el espionaje sufrido por casi una veintena de sus líderes, entre ellos el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès. El caso, cabe remarcar, se llevó por delante a la exdirectora del CNI Paz Esteban, que además está imputada.

Robles ha recordado en el Congreso que el Gobierno ha reconocido el espionaje a 18 personas, pero ha vuelto a insistir en que las actuaciones llevadas a cabo con Pegasus se hicieron siempre con autorización judicial y que el CNI siempre actúa con arreglo a la legalidad. Del mismo modo, ha negado que se trate de "espionaje político". Asimismo, sí que ha reconocido que la autorización judicial podría hacerse por medio de un órgano colegiado y no un juez único, dejando libre la vía de una inminente modificación de la ley reguladora de las actividades del CNI. 

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