Durante este otoño, España ha conmemorado el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y, por ende, de la vuelta de la monarquía a la jefatura del Estado. La ausencia del rostro que protagonizó dicho regreso, Juan Carlos I, marcó la disonancia en los eventos oficiales en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el padre de Felipe VI supo hacerse un hueco en el imaginario mediático del pueblo con el anuncio y la publicación de su libro de memorias titulado “Reconciliación”, coincidiendo con la efeméride. En una obra de más de 500 páginas, el emérito desgranó parte de sus hazanas y experiencias del pasado y omitió gran parte de los elementos polémicos que rodearon la crisis en la que sumió a la corona. Uno de los detalles que suprimió fue la manera en la que obtuvo el dinero que le permitió pagar más de cuatro millones de euros al fisco en 2021 para esquivar una imputación por fraude fiscal cuando se enfrentaba a una triple investigación penal de la Fiscalía.
Juan Carlos I dejó la corona en junio de 2014 después de casi 39 años en el trono. Tras varios episodios dantescos -entre ellos el del safari de Botsuana, los rumores sobre su vida extramatrimonial, los millones en el extranjero, la fortuna oculta en Jersey y las fundaciones en Suiza o Panamá- en junio de 2020, la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió hasta tres diligencias de investigaciones penales contra él: la primera por los 65 millones de euros de la monarquía saudí de comisión por llevar el AVE a La Meca, la segunda por los 10 millones que guardó en Jersey, y la tercera por los más de 8 millones que una fundación de Álvaro de Orleans, su primo, le pagó en viajes en aviones durante años. Causas que abarcan distintos delitos relacionados con los sobornos y la corrupción. Pero, el dato de mayor relevancia es que nunca pagó impuestos por su fortuna.
Su entorno acertó cuando decidió que había que acordar la paz con Hacienda antes de ser formalmente acusado y después de marchar a Emiratos Árabes Unidos, acogiéndose al artículo 305.4 del Código Penal por el que el potencial acusado paga sus deudas antes de que se le notifique el inicio de las comprobaciones e investigaciones. No obstante, el emérito hizo pagos a Hacienda cuando ya era público que estaba siendo investigado, pero antes de que se supiera qué concretas acusaciones recaían sobre él, según la Fiscalía.
Sus regularizaciones con Hacienda
La primera regularización fue un pago de 678.394 euros a Hacienda en diciembre de 2020, un pago “sin requerimiento previo” pero posterior a la revelación de que la Fiscalía le investigada por el dinero que el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause le suministró para que él y otros familiares lo gastaran entre 2016 y 2018. Su segunda y más grandilocuente regularización llegó en febrero de 2021 cuando desembolsó 4.395.901,96€ por los impuestos que había dejado de declarar mientras la Fundación Zagatka le había pagado millones de euros en billetes de avión durante años. Amigos, empresarios y aristócratas aportaron cantidades en torno a 200.000 euros por cabeza como préstamo para ayudar al que fuera jefe del Estado de nuestro país. Entre ellos, el naviero Vicente Boluda, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, Jaime Castellanos, Alejandro Aznar, Diego de Alcázar o los hermanos Corsini.
¿Eres capaz de descubrir la palabra de la memoria escondida en el pasatiempo de hoy?
Alicia Koplowitz, considerada una de las fortunas más altas y estables de España y dueña de Omega Capital, fue una de las nobles que participó en la ayuda al emérito para evitar una posible exposición a una imputación. El documento que ha podido ser examinado por elDiario.es es un contrato que da a Juan Carlos de Borbón un plazo máximo de 5 años para devolver los 200.000€ que le fueron facilitados por la hija del empresario polaco.
Una vez vencido el primer periodo de carencia, el contrato imponía metas volantes a Juan Carlos de Borbón para ir pagando poco a poco el préstamo: 65.000 euros el primer año, otros 65.000 más el segundo y los últimos 70.000 euros antes del 28 de enero de 2026, con la posibilidad de pagar por adelantado y la advertencia de aplicar intereses de demora y el compromiso de la prestamista a presentar “la correspondiente autoliquidación” ante Hacienda porque, entiende el documento, el préstamo está teóricamente sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, pero exento de su pago.
Los préstamos de dinero que estos empresarios y aristócratas hicieron a Juan Carlos de Borbón fueron clave para que el padre de Felipe VI evitara una hipotética imputación por fraude fiscal en el Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción anunció que archivaba las tres diligencias penales que mantenía abiertas contra él. También decayó la investigación sobre el 'trust' de Jersey donde se le atribuían 10 millones de euros guardados al monarca. “No existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón”, dijo el decreto. Y los múltiples delitos fiscales que se le habían atribuido a lo largo de la investigación, por gestionar su fortuna a espaldas del fisco español, estaban blindados: o habían prescrito o habían ocurrido antes de su abdicación y, por tanto, cuando estaba protegido por la inviolabilidad que le reconoce la Constitución.
El efecto de estas regularizaciones fue confirmado por el Tribunal Supremo cuando la Sala de lo Penal rechazó querellas que posteriormente intentaron sortear los decretos de archivo de Anticorrupción. Una de esas iniciativas penales cuestionó, precisamente, que esos pagos pudieran exonerar al rey emérito de enfrentarse a un juicio por fraude fiscal: “Nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal”, zanjó el Supremo.
