La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha encendido las alarmas sobre el estado de la libertad de prensa en España. En su informe de 2026, la entidad ha denunciado un preocupante aumento de las presiones políticas y judiciales contra periodistas, en un contexto marcado por la polarización y lo que ha calificado como un creciente “clima de lawfare”.
En su clasificación global, Reporteros Sin Fronteras ha reiterado el deterioro sin precedentes en la libertad de prensa: la puntuación media de los 180 países analizados ha caído a su nivel más bajo en los últimos 25 años. España no escapa a esta tendencia y, de hecho, empeora su puesto al descender seis posiciones en el ranking, pasando del puesto 23 al 29 respecto a 2025, según datos recogidos por elDiario.es.
Según ha recogido el informe y detalla la relatora Edith Rodríguez Cachera en declaraciones a elDiario.es, las “demandas judiciales intimidatorias” se han multiplicado en los últimos años. Entre los actores señalados figuran el “entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso”, y el “juez Juan Carlos Peinado”, cuyas actuaciones - según RSF - contribuyen a intensificar la presión sobre los medios.
Un entorno político beligerante
El informe ha puesto el foco en episodios concretos que ilustran esta deriva. Uno de los más graves se remonta a marzo de 2024, cuando el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, profirió amenazas directas contra periodistas de elDiario.es tras la publicación de una investigación sobre presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, escribió en mensajes que, lejos de ser anecdóticos, reflejan un patrón de hostilidad hacia medios críticos.
“¿Es una amenaza?”, preguntó la periodista. “Es un anuncio”, respondió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. El intercambio se produjo el mismo día en que elDiario.es publicó en exclusiva que la pareja de la presidenta había defraudado 350.951 euros a Hacienda mediante un entramado de facturas falsas y empresas pantalla, además de haber percibido dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas.
Lejos de rebajar el tono, Rodríguez reincidió meses después. Durante el juicio que acabó con la condena del exfiscal general del Estado por la supuesta filtración de la confesión de Alberto González Amador, el asesor volvió a cargar contra el medio. Preguntado por su negativa a responder sobre el caso, despachó a sus periodistas como “de línea izquierdista” y “escandalosos”, en declaraciones que refuerzan la percepción de una estrategia de descrédito hacia medios incómodos.
A estos episodios se suma la difusión de datos personales de dos periodistas de El País en un chat de WhatsApp por parte del propio Rodríguez, acompañada de acusaciones falsas, así como la propagación del bulo de que redactores de elDiario.es intentaron acceder encapuchados al domicilio de la presidenta. Estos hechos motivaron denuncias tanto del grupo Prisa como del PSOE. El caso se encuentra ahora en sede judicial: el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a declarar a Rodríguez el próximo 6 de mayo.
La sombra del poder judicial
Más inquietante aún resulta, según RSF, la implicación de actores judiciales. El juez Peinado ha protagonizado varias acciones contra periodistas, incluyendo amenazas de querella y exigencias económicas por informaciones críticas. En otro episodio significativo, Peinado amenazó en octubre a el diario de Prisa con interponer una querella y le exigió una indemnización de 50.000 euros por la publicación de una entrevista al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que este criticaba con dureza la investigación del magistrado sobre la esposa del presidente del Gobierno.
Que estas iniciativas provengan del ámbito judicial añade un componente especialmente delicado. Como subraya RSF, el hecho de que jueces participen en este tipo de acciones “intimida aún más” a los periodistas, al trasladar el conflicto del terreno político al institucional.
El diagnóstico de Reporteros Sin Fronteras va más allá de los casos concretos y apunta a un patrón preocupante. Para la organización, las actuaciones contra la prensa —tanto las vinculadas al entorno político de Isabel Díaz Ayuso como las promovidas desde instancias judiciales por el juez Juan Carlos Peinado— no son hechos aislados, sino parte de una estrategia que “busca silenciar e intimidar” a los periodistas y generar una “pesadilla ideológica y económica” para los medios.
La relatora Edith Rodríguez Cachera ha introducido un matiz clave: estas presiones no se dirigen de forma indiscriminada. Al contrario, suelen concentrarse en “medios digitales de tamaño mediano”, más expuestos que los grandes grupos y, por tanto, más susceptibles de ver condicionada su línea editorial bajo la amenaza de procesos judiciales o campañas de descrédito.
En ese contexto, RSF ha descrito un desplazamiento inquietante del conflicto político hacia los tribunales. “Las tensiones políticas se trasladan al poder judicial: no solo hay políticos que denuncian a periodistas por revelación de secretos o atentados al honor; también hay jueces”, ha recogido el informe.
El análisis se completa con una radiografía del sistema mediático español. Según la organización, el mercado audiovisual está “altamente concentrado”, con Atresmedia y Mediaset España, junto a RTVE, acaparando gran parte del espacio. En el ámbito autonómico, los medios públicos agrupados en la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos) mantienen una presencia sólida, aunque con un “alto riesgo de injerencias políticas”. Frente a este panorama, la prensa —en papel y digital— conserva, según RSF, una mayor diversidad que permite sostener cierto pluralismo.
Pero el informe también ha situado el foco en el clima político general. “España es víctima de un clima de gran polarización política”, ha adviertido, una realidad que impacta directamente en los medios, donde “la opinión contamina cada vez más la información”. En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reiterado su compromiso con la aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y con medidas orientadas a reforzar la transparencia, el secreto profesional, el acceso a la información o la reforma del sistema de regulación y medición de audiencias. Sin embargo, RSF ha introducido una cautela significativa: “muchas de estas medidas pueden no materializarse porque el Gobierno depende de alianzas parlamentarias inestables”.
Polarización, precariedad y presión
El informe no se ha limitado a señalar presiones externas, sino que describe un deterioro interno del propio sector. “Peligrosamente concentrado y debilitado, el sistema mediático ha instalado a la profesión periodística española en una precariedad grave y ya cronificada”, ha adviertido Reporteros Sin Fronteras. La consecuencia es directa: “A muchos profesionales de la información les es difícil vivir dignamente de su trabajo”. En paralelo, añade el texto, la fragilidad económica de los medios los hace “cada vez más vulnerables a las presiones políticas y económicas”.
Ese contexto se ve agravado por el clima social. Según RSF, “la polarización y la radicalización de la opinión pública se traducen en un clima de hostilidad creciente hacia los periodistas”, hasta el punto de que la profesión se sitúa entre las peor valoradas por la ciudadanía española. La desconfianza no es solo reputacional: tiene efectos concretos en forma de acoso y agresiones.
En este sentido, la organización ha alertado de que “el crecimiento de la extrema derecha y su visibilización en redes sociales ha disparado el ciberacoso”, al tiempo que “los ataques a periodistas en coberturas exteriores son frecuentes”. El informe apunta directamente a Vox, al señalar que “utiliza agitadores para sabotear ruedas de prensa en el Parlamento y acosar a periodistas críticos incluso en su esfera privada”. Este hostigamiento, se produce “dentro y fuera de las redes” y cuenta con la “connivencia de políticos y medios digitales afines”, afectando de forma especialmente intensa a las mujeres periodistas, “víctimas de una violencia digital que cada vez salta más al espacio físico”.
Como ejemplo de esta deriva, RSF ha mencionado a agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo, a quienes ha acusado de vulnerar principios básicos de la ética periodística y de intimidar de forma sistemática a profesionales de la información. Ambos se encuentran actualmente inmersos en un proceso en el Congreso, después de que varios periodistas y formaciones políticas solicitaran la retirada de sus acreditaciones.
