La reforma legal de Rajoy ‘made in Israel y EEUU’ que complica las denuncias por la Flotilla

Israel ha dado un paso más en lo que a bloqueo de ayuda humanitaria con destino Gaza se refiere. El pasado miércoles, el ejército hebreo comenzaba su abordaje a la Global Sumud Flotilla que se dirigía, desde hace semanas, a la Franja cargada de alimentos y medicamentos. Como resultado, embarcaciones hundidas y voluntarios detenidos y aislados de cualquier tipo de comunicación. El abogado de la Flotilla, Jaume Asens, ha confirmado que una vez que los activistas queden en libertad, tomarán acciones legales contra Tel Aviv. Sin embargo, la reforma legal relativa a la justicia universal llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 dificultará sus denuncias.

Cuando España fue un referente en la lucha contra los crímenes atroces

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) es una ley orgánica española que regulaba la organización, funcionamiento y competencias del Poder Judicial en España. Aprobada en 1985 como parte del desarrollo de la Constitución por el gobierno de Felipe González, su objetivo principal era establecer el marco legal para la independencia judicial, definir la estructura de los tribunales, regular la carrera judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las competencias jurisdiccionales. Es decir, junto con la Constitución, el texto básico que regula cómo funciona la Justicia en España.

Una de las claves y puntos más revolucionarios de la ley se encontraba en su artículo 23, que establecía en qué supuestos tienen competencia para juzgar delitos los tribunales españoles. En concreto, el epígrafe 23.4 introdujo el innovador principio de jurisdicción universal, que apuntaba a que los tribunales españoles tendrían competencias para juzgar ciertos delitos -como genocidio, terrorismo, tráfico ilegal de drogas o cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales suscritos por España, deba ser perseguido en nuestro país- , aunque hubieran sido cometidos fuera de España, por personas extranjeras y contra víctimas extranjeras, sin necesidad de vínculo alguno con España.

Gracias a este punto, la justicia española se convirtió durante años en todo un referente en la lucha contra la impunidad de algunos de los crímenes más atroces de los que el mundo ha sido testigo. Nuestros tribunales investigaron graves violaciones de derechos humanos cometidas en lugares como Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental, aunque el caso más emblemático fue la orden de detención de Augusto Pinochet en 1998, que posicionó a la Audiencia Nacional como pionera mundial en aplicar la justicia universal.

El PP legisla a favor de Israel y Estados Unidos

En marzo de 2014, el Gobierno popular de Mariano Rajoy reformó el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la Ley Orgánica 1/2014, marcando así un retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional. Esta nueva ley dictaba que crímenes como el genocidio o de lesa humanidad solo podrán investigarse si el autor es español, extranjero residente en España o alguien cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas.

Además, por otro lado, la reforma se aplicó con carácter retroactivo a los casos que se encontraban en tramitación en los tribunales nacionales en la fecha que entró en vigor. Así, se archivaron causas relacionadas con genocidios en el Tíbet, Ruanda o Guatemala, la persecución al movimiento Falun Gong, las torturas en la cárcel de Guantánamo o el asesinato al cámara español José Couso durante la guerra de Irak.

Lo cierto es que esta reforma llegó tras las "presiones de Israel y EEUU", tal y como ha señalado Jaume Asens. En el caso de los hebreos, uno de los asuntos que había detonado las tensiones de Israel con España se produjo en 2009, cuando la ministra israelí Tzipi Livni llamó al ministro español Miguel Ángel Moratinos por la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra militares israelíes por un ataque en Gaza en 2002. La prensa recogió entonces las declaraciones de la hebrea, que expresó su malestar públicamente. 

Por otro lado, en el caso de Estados Unidos, se mantenían abiertas dos causas que generaban malestar en la Casa Blanca. Por un lado, en 2009, el juez Baltasar Garzón abrió una investigación en la Audiencia Nacional sobre presuntas torturas en la prisión de Guantánamo basándose en testimonios de cuatro expresos de nacionalidad española. Posteriormente, la investigación se amplió a la posibilidad de imputar a altos cargos de la administración Bush, como el exfiscal general Alberto Gonzales o el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld, por haber avalado la legalidad de esas prácticas de tortura. No obstante, con la reforma de 2014, como los responsables se encontraban en Estados Unidos, la Audiencia Nacional acabó archivando la investigación ese mismo año. 

Por otro lado, el asesinato del cámara José Couso en Irak, cuando un tanque estadounidense disparó contra el Hotel Palestina en Bagdad. Tras las querellas de la familia de Couso, la Audiencia Nacional abrió un procedimiento contra tres militares estadounidenses: el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp. En mayo de 2015, de nuevo, la Audiencia terminó archivando la causa después de que se negara la extradición de los acusados.

Amnistía Internacional y sus reiteradas alertas sobre la reforma

Desde que el PP sacara adelante la nueva Ley Orgánica que pretendía acabar con la jurisdicción universal, Amnistía Internacional ha emitido distintos informes en los que ha alertado de que dicha reforma "obstaculiza gravemente el acceso a la justicia española para las víctimas de los crímenes más graves como genocidio, crímenes de guerra o tortura".

En concreto, en un informe publicado en el mismo 2014, denunciaban que España incumplía, con esta ley, "diversas normativas y tratados internacionales aprobados y ratificados por España que obligan a investigar los crímenes de derecho internacional", como son la Convención contra la Tortura y las Convenciones de Ginebra.

En dicho documento se refleja que España se apartaba de la tendencia mundial de perseguir estos crímenes después de haberse convertido en todo un referente en la justicia universal. "Hace 16 años, España era un faro de esperanza para miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en América Latina y en otras regiones. Hoy, camina en contramano de la tendencia mundial de reconocer el principio de jurisdicción universal en sus legislaciones”, aseguraba Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional en España.

De hecho, la organización hizo un llamamiento a los jueces españoles para que no aplicaran las disposiciones de la Ley Orgánica, haciendo valer el principio de jurisdicción universal, vigente por encima de cualquier ley nacional. “La reforma llevada a cabo en España es un retroceso sustancial en la obligación de investigar, perseguir y sancionar las más graves violaciones de derechos humanos”, explicaba Jovtis.