La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), con hincapié en el plano político actual, ha reclamado este martes responsabilidades políticas tras el rechazo en el Congreso de los Diputados al escudo social, enmarcado en el real decreto ómnibus que prorrogaba diversas medidas de protección ciudadana para 2026, dirigiéndose así directamente a la negativa del Partido Popular, Vox y Junts en la votación. Por este telón de fondo, la entidad ha pedido retomar de forma urgente estas iniciativas sin utilizarlas como "moneda de cambio política".
El decreto, que no ha decaído en la Cámara Baja, incluía la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, la garantía de suministro de agua y energía así como la actualización de pensiones y medidas de protección en el empleo y la fiscalidad, entre otras cuestiones de calado. Su caída deja en el aire, según EAPN-ES, instrumentos que venían actuando como "escudo social" para "millones de personas" en situación de vulnerabilidad en España y que, ahora verán suspendidas estas ayudas hasta nueva orden.
Desde la Red advierten de que esta decisión de los partidos que se han opuesto llega en un contexto de pobreza y exclusión social "muy elevado": "Según los últimos datos disponibles, el 25,8% de la población en España, más de 12,5 millones de personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Aunque algunos indicadores han mostrado una ligera mejora, las cifras siguen siendo muy elevadas y reflejan problemas estructurales que requieren políticas públicas estables y sostenidas en el tiempo", afirma la entidad.
EAPN-ES ha subrayado además que las transferencias sociales tienen un impacto directo y medible en la reducción de la pobreza. Según los datos ofrecidos por EAPN-ES, en 2024, estas ayudas permitieron reducir la tasa de pobreza del 42,6% al 19,7%, "evitando que 11,1 millones de personas permanecieran en situación de pobreza". En este sentido, la organización ha advertido de que la retirada o falta de consolidación de estas políticas debilita de forma clara su capacidad de protección.
La vivienda como factor de empobrecimiento en España
Por otra parte, el texto tumbado contemplaba la prórroga hasta finales de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, en un contexto que EAPN-ES califica de "emergencia residencial". Según su XV Informe 'El Estado de la Pobreza', la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento, especialmente en el mercado del alquiler, donde la tasa de pobreza es más del doble que entre quienes viven en propiedad.
"A esta situación se suma la pobreza energética. Los datos de la Red indican que el 38,5% de las personas en situación de pobreza no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno y que el 43,1% tiene dificultades para mantenerla suficientemente fresca en verano", ha advertido la Red, al tiempo que ha explicado que estas cifras son "muy superiores a las del resto de la población".
En la misma línea, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha denunciado también este martes el "desamparo institucional" en el que quedan miles de familias tras la caída del decreto y ha advertido de que, a partir de ahora, podrán reactivarse procedimientos de desahucio paralizados desde 2020. Según esta organización, unas 70.000 familias podrían verse afectadas por desahucios sin alternativa habitacional.
"Sin las medidas de protección que hoy han decaído en el Congreso, se va a ver agudizada la crisis de vivienda que atraviesa el país. Reclamamos medidas estructurales de carácter urgente que den respuesta a esta situación", ha expresado en un comunicado el técnico del área de vivienda de CECU, Eloy Gutiérrez.
CECU ha alertado también del fin de la prohibición de cortes de suministros por impago, una medida que protegía a hogares en situación de pobreza energética. "Esperamos que la nueva estrategia haga permanente la prohibición de cortes de suministros, incluyendo el principio de precaución cuando el motivo del impago sea el nivel de renta", ha añadido Gutiérrez.
La negativa del bloque PP, Vox y Junts
El voto en contra de Vox a todas las iniciativas del Gobierno de coalición es de sobra conocido, pero las posturas de las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont son las que hacen desequilibrar la balanza.
El argumentario de ambas formaciones de derechas ha situado su foco más principal sobre el freno a los desahucios. Por un lado, los neoconvergentes, representados por Miriam Nogueras en el Congreso, se han defendido en los siguientes términos: “¿Ayudar a las personas vulnerables? Por supuesto que sí. Y eso es responsabilidad de la Administración, no del pequeño propietario. ¿Dar por buenas las ocupaciones y los impagos? Nunca”, ha esgrimido la portavoz parlamentaria.
Por otro lado, desde Génova, tal y como ha expuesto su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, consideran que la medida del Gobierno solo pretende “que se mantengan las okupaciones ilegales”, algo sobre lo que el PP se posiciona “totalmente en contra”: “Vamos a decir 'no' a ese chantaje. No vamos a permitir que se use como rehenes a los pensionistas de este país”, ha reiterado.
